El Gobierno ha cifrado en 700.000 euros el ahorro anual que supondrá el cierre del acuartelamiento Sancho Ramírez de Huesca, cuya clausura definitiva prevé llevar a cabo el Ministerio de Defensa en 2016.

La previsión de ahorro viene reflejada en una respuesta por escrito a una pregunta parlamentaria en el Congreso formulada por el grupo de UPyD sobre las repercusiones económicas tanto para el ejército como para la ciudad de Huesca derivadas del cierre de las instalaciones militares referidas.

En su respuesta, el Ejecutivo asegura que en virtud de los planes de reorganización del Ejército de Tierra, se prevé que la agrupación de apoyo logístico con base en Huesca sea trasladada a Zaragoza a finales de 2016, y que la salida de todos los efectivos del acuartelamiento se produzca a partir de 2017.

Respecto a las instalaciones a clausurar, el Gobierno se limita a afirmar que "serán tratadas de acuerdo con los procedimientos en vigor en el ejército".

En relación al ahorro en gastos de mantenimiento y de suministro al acuartelamiento oscense y de la residencia logística militar, el Ejecutivo señala que será "cercano" a los 700.000 euros anuales.

Las previsiones de ahorro contrastan con los 8 millones de euros de pérdidas anuales para la ciudad que tanto la plataforma de afectados por el cierre del cuartel como los grupos políticos del consistorio oscense consideran que supondrá la clausura de las instalaciones del Sancho Ramírez.

Por esta razón, el pleno del Ayuntamiento de Huesca de forma unánime y consensuada el pasado mes de febrero una propuesta de resolución para instar al Ministerio de Defensa a mantener operativo el acuartelamiento Sancho Ramírez, cuyo cierre prevén llevar a cabo las autoridades militares durante 2016.

En su propuesta de resolución, el consistorio instaba a Defensa que el recinto militar continúe su actividad, "al menos" con el mismo número de efectivos que desempeñan su labor actualmente en las instalaciones, alrededor de unos 250.

Además, la plataforma de afectados por el cierre del cuartel Sancho Ramírez, formada por las familias de los militares destinados en sus instalaciones, lograron hace unas semanas el apoyo expreso a sus reivindicaciones de la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, quien se comprometió a realizar gestiones ante el Gobierno central.