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Sabiñánigo

El hallazgo de lindano en el Gállego evidencia un problema aún no resuelto

El consejero de Medio Ambiente ha asegurado que la situación creada no es preocupante. 

Efe. Huesca Actualizada 24/09/2014 a las 15:16
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La aparición de pequeñas concentraciones del pesticida lindano en varias zonas de la cuenca del río Gállego ha evidenciado esta semana que los problemas medioambientales creados por la planta de Inquinosa en Sabiñánigo (Huesca) permanecen vivos 20 años después de su cierre definitivo.

El propio consejero de Medio Ambiente del Gobierno aragonés, Modesto Lobón, afirmaba que aunque la situación creada por la aparición de elementos contaminantes no era "preocupante", el vertedero de Bailín, donde Inquinosa depositó miles de toneladas de residuos, es aún "uno de los problemas medioambientales más importantes del sur de Europa".

Inquinosa inició la producción del pesticida lindano en Sabiñánigo en 1975 y continuó su actividad hasta mediados de 1989, año en el que el Gobierno aragonés prohibió la actividad industrial de la empresa tras quedar constatados los problemas medioambientales generados por los residuos.

Sin embargo, la empresa, que carecía de permisos para producir, continuó su actividad hasta 1994 con el envasado y distribución de lindano que le era suministrado desde Francia.

Durante este tiempo, Inquinosa depositó más de doscientas mil toneladas de residuos en los vertederos de Bailín y Sardas, en Sabiñánigo, aunque, según denunciaron entonces las organizaciones ecologistas, se realizaron vertidos incontrolados en diversos barrancos y lugares aún sin identificar.

Los ecologistas destacaron entonces que los vertidos no eran solo sólidos sino que en ocasiones eran líquidos (lixiviados), de un poder contaminante mucho mayor.

Un informe encargado en 1991 por el Gobierno aragonés al investigador de la Universidad de Londres Paul Johnston reveló la presencia de restos de dos de los cuatros isómeros que componen el pesticida en la sangre de trabajadores de la planta de Sabiñánigo.

Entre la prohibición de producir y el cierre de la factoría, la Fiscalía de Huesca interpuso una denuncia penal por un delito medioambiental contra dos directivos de Inquinosa, que se saldó en 1993 con una condena de 2 meses contra el director gerente de la industria, Jesús Herboso, y una multa de 1 millón de pesetas (6.000 euros).

Esta causa derivó en un proceso civil, aún vivo, que se inició en abril de ese mismo año con una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Huesca que condenó a la industria y a Herboso al pago de una indemnización de 6,4 millones de euros.

Esta sentencia fue ratificada en octubre de 2004 por la Audiencia de Huesca, para quien Inquinosa puso en grave riesgo la salud de las personas con su actividad y en 2009 por el Tribunal Supremo.

El pasado mes de junio, tras unos intentos fallidos previos de hacer efectivo el pago de la indemnización, el Gobierno aragonés acordaban interponer una demanda de ejecución de la sentencia del Supremo, con una reclamación que suma a los 6,4 millones intereses de demora por valor de otros 14 millones.

Para conseguir este objetivo, los servicios jurídicos del Ejecutivo aragonés han solicitado del Supremo la realización de distintas gestiones indagatorias a fin de rastrear a la empresa y sus bienes en la actualidad.

Al margen de las causas judiciales, las administraciones trabajan en la limpieza y eliminación de los focos de residuos de lindano que permanecen aún activos.

El pasado mes de abril comenzaron los trabajos de desmantelamiento del antiguo vertedero de Bailín y de eliminación del foco de contaminación originado años atrás por los vertidos de residuos de Inquinosa.

Estos trabajos, que contemplaban el trasvase de los residuos hasta un nuevo alojamiento, finalizaron hace una semana y los investigadores analizan si podrían estar en el origen de la posible contaminación detectada.

Mientras tanto, la aparición de estos vestigios ha creado una situación de alarma en la ribera del Gállego y ha obligado al Gobierno aragonés a prohibir el consumo de agua del grifo en las poblaciones de Piedratajada, Ardisa y Santa Eulalia de Gállego.

También ha llevado a la administración autonómica a incrementar los controles de agua del Gállego desde el sur de Sabiñánigo hasta las inmediaciones de Zaragoza.







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