La planta de compost de Alcalá origina malos olores en un radio de 8 kilómetros

Los habitantes de Alcalá de Gurrea, Almudévar, Valsalada y Tormos estaban en lo cierto cuando afirmaban que los intensos olores que sufren desde hace siete años proceden de la empresa de abono orgánico Compost del Pirineo ubicada en la primera de ellas. Así lo constata el informe olfatométrico que la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón encargó realizar a petición del propio Ayuntamiento de Alcalá de Gurrea para analizar el alcance, la intensidad y el origen de esos incómodos olores que afectan a una u otra localidad dependiendo de si el viento que sopla es cierzo o bochorno.

Los resultados de este estudio, realizado durante la semana del 6 al 13 del pasado mes de noviembre por una empresa especializada en el control de la calidad del aire, son concluyentes: se revela la presencia de focos generadores de malos olores de intensidad media que provienen de la planta de compostaje alcanzando un radio de difusión de hasta ocho kilómetros. Hay que tener en cuenta que las cuatro localidades afectadas se encuentran, como mucho, a un kilómetro y medio de distancia de la factoría, de ahí que el hedor despedido les afecte en gran medida, sobre todo durante los meses de verano en que aumenta la temperatura y la intensidad de la fermentación del abono es mayor.

Mercedes Minguijón, alcaldesa de Alcalá de Gurrea, explica que recibieron el informe final hace medio mes y que en estos momentos el ayuntamiento se encuentra a la espera de la decisión que tome el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) -órgano competente en el control de los títulos de gestor de residuos- que, a raíz de los nuevos datos aportados, deberá valorar si procede o no modificar la autorización de licencia de la planta y proponer medidas correctoras. Tras su evaluación, "el Instituto dará un trámite de audiencia previo tanto a la empresa como al ayuntamiento para las posibles alegaciones y finalmente dictará su resolución", indica.

Según afirma la alcaldesa, "si la industria finalmente decide modificar su actividad deberían solicitar una nueva licencia", momento en el que "se iniciaría de nuevo el procedimiento y el consistorio tendría la oportunidad de revisar las autorizaciones". En cuanto a la empresa, con la que este periódico no pudo contactar, Minguijón expone que ha obtenido el informe a través de la DGA y que, al parecer, "se muestran partidarios de hacer las reformas pertinentes".

Para vecinos y ayuntamiento, el favorable estudio supone un nuevo avance en su lucha contra este desagradable vecino. Así, la alcaldesa de Alcalá muestra su satisfacción, y eso que el análisis "justamente se realizó en una época que no reflejaba la realidad de lo que vivimos en verano porque el producto no tenía su máximo poder de fermentación y, curiosamente, durante esa semana la producción de la empresa disminuyó". Con todo, "se ha podido comprobar que los vecinos tenían razón en sus quejas", expresa.

Desde Valsalada, Chema Agustín, concejal del Ayuntamiento de Almudévar, se muestra esperanzado en que se resuelva un problema que, según denuncia, surgió a raíz de "la desinformación de Alcalá al permitir instalar esa fábrica creyéndose el cuento de que iba a traer riqueza a los municipios vecinos". En su opinión, "este tipo de empresas con actividades un tanto problemáticas aprovechan para instalarse en zonas algo despobladas donde saben que aunque tengan críticas estas no van a hacer demasiado ruido". Para el concejal, la única solución viable es la de cambiar la ubicación de la factoría o incluso cerrarla, caso en el que, según apunta, "tampoco habría mucho perjuicio, dado que en esa fábrica no trabajan mas que tres o cuatro personas y no genera ni empleo ni riqueza alguna para las poblaciones". Asimismo, Agustín anuncia que los vecinos de Valsalada han programado la realización de una "marcha verde" para la próxima primavera en contra de la actividad de esta planta.

Una polémica continua

Desde su apertura en 2001, la actividad de esta fábrica de compostaje ha sido un continuo motivo de disputa. Ya en 2002, el Gobierno de Aragón tuvo que dar explicaciones por las molestias que generaba la planta, aunque en esa ocasión aludió a que sus condiciones de ubicación, así como las medidas preventivas de impermeabilización y control de drenaje, impedían que los vecinos sufrieran molestia alguna. Solo un año más tarde en 2003, la industria se vio obligada a cerrar sus puertas durante una temporada por el "carácter nocivo" de sus instalaciones.

Hace año y medio, con el cambio de gestores de la empresa, la situación se agravó cuando los hedores emanados comenzaron a intensificarse debido al progresivo aumento de vertidos y al limitado grado de fermentación del abono almacenado. Fue entonces cuando las quejas de los habitantes de las poblaciones colindantes comenzaron a resonar de nuevo con fuerza y el Departamento de Medio Ambiente, presionado por el Ayuntamiento de Alcalá de Gurrea, tomó cartas en el asunto encargando el análisis olfatométrico.

A este respecto, y según apuntó Minguijón, el consistorio de Alcalá continúa a la espera de la resolución del expediente que abrió hace unos meses, tras realizar un estudio y resolver que la actividad llevada a cabo por la empresa "no se ajustaba con lo estipulado inicialmente en el contrato de licencia, recurso ante el que lógicamente la empresa alegó". Otro expediente abierto en torno a este asunto, la investigación que inició el Justicia de Aragón durante el mismo mes de noviembre por las quejas continuadas de los vecinos de Valsalada y Almudévar, finalmente ha sido archivado. Entonces, Fernando García Vicente, el Justicia, anunció que se dirigiría al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Alcalá para solicitar información sobre la empresa. Según Minguijón, "archivó las actuaciones al entender que los intereses públicos estaban siendo debidamente tutelados".