Alegato en las Cortes de los padres de Caneto: "Nuestra vida se ha visto truncada y abocada a luchar contra un gobierno"
Las familias de la escuela cerrada por la consejería de Educación han pedido "diálogo" a la consejera durante su intervención en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos.
"Los políticos están para ayudar a las personas y, por el contrario, nos estamos encontrando en una situación que parece que no sea así". Con estas palabras ha arrancado este miércoles la intervención de Eduard Jubert, portavoz de las familias de Caneto, en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón. "¿Qué hemos hecho para recibir este trato por parte del gobierno? Somos unas familias cualquiera y nuestra vida se ha visto truncada y abocados a una lucha contra un gobierno, que no es nada fácil", ha añadido, pidiendo que se deje de "jugar con nosotros y con nuestros hijos". "Nos sentimos muy abandonados".
El departamento de Educación ordenó en noviembre de 2023 el cierre de la escuela por deficiencias en las dos aulas de madera abiertas en 2019. Los 21 niños estuvieron dos meses sin escolarizar, siendo atendidos por sus padres, que se negaron a trasladarlos a otro centro del municipio de La Fueva por el peligro de la carretera, donde el autobús no puede circular a más de 20 km/h, un viaje que dura casi una hora. Las clases se reanudaron a finales de enero, tras una orden cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Eduard Jubert ha denunciado que Educación se niega a hablar con ellos mientras el proceso esté judicializado. Ha explicado que envió un correo electrónico a la Dirección General de Planificación solicitando una reunión. La respuesta fue positiva, pero a las tres horas le volvieron a informar que los servicios jurídicos lo habían desaconsejado al estar en marcha un recurso contencioso-administrativo contra la orden de cierre.
Según Jubert, las familias se sienten discriminadas porque ante un problema surgido en Calatayud (desalojaron la escuela infantil de la DGA por problemas estructurales y los ubicaron en otro lugar), el Gobierno de Aragón se ha sentado a negociar y se ha alcanzado un acuerdo. "Con nosotros no actuaron así, el cierre fue una decisión unilateral".
Por su parte, Peña Pérez ha agradecido la oportunidad de poder explicar su postura a los diputados, pero ha lamentado que cuando en noviembre se produjo el cierre nunca pensaron que en marzo aún no estaría solucionado. Las familias se han visto "obligadas" a pedir el amparo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón "para salvaguardar los derechos de nuestros hijos". Ha insistido en los mismos argumentos que llevaron a la justicia a atender su petición de una reapertura cautelar: el hecho de ser una zona muy despoblada, el alto número de niños o el peligro de la carretera. "No hay ningún otro lugar de Aragón donde un autobús escolar recoja a 21 niños de un mismo pueblo para hacer un viaje de una hora".
En su respuesta a los padres, el diputado Alberto Izquierdo, del PAR, ha dicho que la consejería tuvo en cuenta cuestiones de seguridad. "No me gustaría que mis hijos estuvieran en una escuela sin unas adecuadas condiciones", pero tampoco puede ser el ayuntamiento, como se pretende, ha añadido, "quien se haga cargo de la solución". Adecuar el centro a la normativa costaría 100.000 euros, y en su opinión, son la Diputación de Huesca y el Gobierno quienes deberían "empezar a trabajar" para sufragarlo.
María Pilar Buj, de Aragón-Teruel Existe, ha felicitado a los padres "por vuestra lucha por el medio rural y por dar vida a un pueblo abandonado". También entiende su oposición al traslado de los niños "por una carretera infernal", algo que está "fuera de toda lógica". E Isabel Lasobras, de CHA, ha insistido en la dificultad de entender el cierre de la escuela "sin un diálogo previo".
"Los niños de Caneto se tienen que escolarizar en Caneto, lo que hay que hacer es subsanar los defectos", ha señalado el portavoz de Vox en la comisión, Fermín Civiac, quien ha calificado la repoblación de este núcleo "como una experiencia exitosa". En su opinión, el Ayuntamiento no tiene fondos para atender estas mejoras y debe ser la DGA la que encuentre la fórmula, pero también ha dejado claro que en los últimos cuatro años no se había hecho nada, "y será con este gobierno cuando se regularice la escuela".
En nombre del PSOE, el diputado Sergio Ortiz ha acusado a la consejera de Educación, Claudia Pérez, de actuar "con despotismo ilustrado". "Todo para el pueblo pero sin el pueblo, sin diálogo. Ha impuesto lo que a su juicio era mejor".
La diputada del PP María Navarro ha defendido la actuación porque el cierre se decidió en base a unos informes técnicos que Claudia Pérez calificó de "demoledores". Ha concluido asegurando que este es un problema de 2019, creado por el anterior ejecutivo socialista, que en cuatro años no presupuesto un euro para resolver las deficiencias, pero "lo va a resolver el gobierno PP-Vox, estoy convencida". Y ha pedido a los padres "que sean empáticos con la persona que tomó la decisión pensando en el interés del menor".
Jubert ha intervenido al final de la comparecencia para pedir "no politizar el problema" y tomar la senda del diálogo. "Si la postura del PP es esperar a la decisión de un juez vamos por mal camino". Asegura no tener "rencor" al anterior gobierno, "porque en ese momento había una necesidad y se dio un servicio como se pudo. ¿Podía hacerse mejor? Sí, pero se solucionó un problema". Y ha asegurado "empatizar con la consejera, que se encontró un expediente 'demoledor' como ellos dicen, pero si hubiese hablado con nosotros habría visto que parte de las deficiencias estaban resueltas".
