Nuevos informes de la DGA confirman las "graves deficiencias" de la escuela de Caneto
Los servicios jurídicos piden al TSJA que fije un "plazo prudencial" para "inmediata reparación". Las familias dicen estar "tranquilas" y restan gravedad a los defectos expuestos.
"Las deficiencias estructurales y de seguridad son de tal entidad que exigen una pronta reparación, con la finalidad de evitar alguna desgracia o incidente que pueda afectar a los menores afectados. En ello estaremos todos de acuerdo pues debe prevalecer siempre este interés superior". Esta es una de las conclusiones de los informes que ha presentado el Gobierno de Aragón al Tribunal Superior de Justicia para defender su decisión de cerrar la escuela de Caneto (La Fueva).
El centro se reabrió el 23 de enero por orden judicial al estimar la medida cautelar solicitada por las familias, que aseguran estar "tranquilas" ya que restan gravedad a las deficiencias y apelan a "empezar a trabajar juntos".
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo autorizaron la reapertura de la escuela teniendo en cuenta la ubicación en una zona despoblada del Pirineo, el alto número de menores atendidos y el hecho de que las dos aulas, de infantil y primaria, llevaran cinco años funcionando. Aunque dieron 15 días a Educación para presentar alegaciones y en base a ellas decidir si se revierte o no la resolución "si no se subsanasen los defectos" y existiera "riesgo para la seguridad".
Los servicios jurídicos del departamento de Presidencia, Interior y Cultura han expuesto en dos informes de 200 páginas elaborados por el arquitecto del Servicio Provincial de Educación de Huesca y el Servicio de Prevención de Riegos Laborales que "no cumple los requisitos que exige la normativa para la creación de un centro docente de educación infantil y primaria ni las condiciones mínimas de seguridad".
En ellos se hace constar la "inseguridad" de las instalaciones por la "ilegalidad" de las mismas e instan a subsanar las deficiencias de seguridad estructural, en caso de incendio, de utilización y de salubridad; eliminar las barreras arquitectónicas; y legalizar la instalación eléctrica y solar y el sistema de calefacción.
Además, consideran necesario adoptar otras medidas de seguridad como urbanizar el camino de acceso al centro; sustituir la valla ganadera electrificada y el vallado del recinto escolar; evaluar el estado sanitario del arbolado; homologar los juegos infantiles. También requieren solicitar la autorización para el aula de dos años.
En paralelo, reclaman al Ayuntamiento de La Fueva modificar el PGOU para recalificar el suelo donde está el colegio como equipamiento educativo ya que ahora está catalogado como de pastos.
Por todo ello, desde el Gobierno de Aragón piden al TSJA que fije un "plazo prudencial" para la "inmediata" reparación de las "graves deficiencias detectadas" por el interés superior de los menores afectados.
"El TSJA nos ha dado un respiro"
Los padres y madres de los 21 alumnos de la escuela se felicitan del amparo del TSJA "porque nos ha dado un respiro al sobreesfuerzo al que nos hemos visto abocados los padres y madres y, por fin, disponemos de tiempo para jugar con nuestros hijos y disfrutar de nuestro pueblo".
Aplauden el trabajo de los técnicos de la DGA, aunque también se preguntan "¿si hiciéramos un informe así de todas las escuelas rurales de Aragón cuántas pasarían el examen?". Creen que muchas de las deficiencias son fácilmente subsanables como extintores y huecos entre barandillas. Y niegan que el estado de las carrascas que hay en el recinto y de las líneas de vida en los tejados pongan en riesgo a sus hijos.
Las familias dicen estar "contentas" porque "ya sabemos qué quieren arreglar". Ahora solicitarán una reunión con Educación para saber si se proporcionará el dinero para dichas subsanaciones si el TSJA las considera necesarias "porque ya sabido que el Ayuntamiento de La Fueva no dispone de fondos". Además, reclaman conocer los pasos que está dando la DGA para regularizar la escuela fuera de la vía judicial.
