Los jueces avalan la actividad de la primera empresa de Aragón dedicada al helibike
El Tribunal Superior de Justicia falla contra la DGA, que exige una evaluación ambiental para los vuelos que trasladan ciclistas a las cimas del Pirineo. El agente que denunció a Altituderides acaba expedientado.
La polémica actividad del helibike, que comenzó a desarrollar en el Pirineo la empresa Altituderides, ha obtenido el aval de la justicia, después de años de tiras y aflojas entre la compañía y el Gobierno de Aragón por el posible impacto al medio ambiente del traslado de ciclistas en helicóptero hasta las cimas de las montañas para desde allí realizar los descensos. Sobre los promotores llegó a pesar una amenaza de multa de más de 200.000 euros mientras que recientemente el agente que los denunció ha acabado siendo objeto de un expediente disciplinario y una investigación interna a raíz de las acusaciones de la empresa.
En medio de todo el conflicto, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) acaba de admitir en su totalidad un recurso presentado por la empresa de vuelo contra el Gobierno de Aragón. La Sala de lo Contencioso respalda la vigencia de la autorización que se le otorgó en 2017 para operar en las comarcas del Sobrarbe y Ribagorza, a pesar de que posteriormente el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental exigiera el preceptivo estudio de impacto ambiental.
La citada autorización fue concedida el 28 de septiembre de 2017 por el servicio provincial de Huesca de la consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Permitía la práctica del helibike, "sin señalar duración", según el tribunal, para varias rutas solicitadas: Punta Suelza (Bielsa), Peña Blanca (Plan), Colladeta del Ibón de Plan (Saravillo) y Sierra Negra (Castejón de Sos).
El TSJA destaca que el expediente administrativo incluía varios informes, uno favorable del área de Biodiversidad marcando las fechas para realizar la actividad (del 1 de julio al 30 de noviembre en el caso de Punta Suelza y del 1 de septiembre a finales de noviembre para el resto); otro de la Unidad de Gestión Forestal sobre la compatibilidad con el uso del monte para 8 días de vuelo con un máximo de 50 clientes por día; y un tercero de la misma unidad que planteaba la realización de un estudio de impacto sobre la Red Natura 2000 "de cara a evaluar de forma más completa y detallada las afecciones ambientales".
En 2020, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) acordó que la actividad de rutas de descenso en bicicleta y trayectorias de vuelo en helicóptero en las dos comarcas tenía que someterse a procedimiento de evaluación ambiental. Primero dijo que simplificado pero más tarde estableció que debía ser ordinario, más complejo. La empresa lo recurrió y pasado un año presentó un escrito para que se reconociera la validez de la primera autorización administrativa, la de 2017, cuando menos en Punta Suelza. El Gobierno de Aragón le contestó que no había ninguna autorización en vigor y que se debía atener a lo que decía el Inaga.
Finalmente el TSJA le ha dado la razón a Altituderides argumentando que el permiso no fijaba ningún periodo ni necesidad de renovación y que "seguía vigente", mientras por parte de la administración no se inició un procedimiento de revisión, "por lo que no hay nada que justifique la negativa a reconocer" la actividad, sin perjuicio de que si requiere una evaluación de impacto ambiental se exija. Aclara que "es posible que se pueda instar la revisión de oficio, si se considera que no debería haberse concedido o que los informes ambientales no eran los exigidos".
El Gobierno de Aragón reconoce tras conocer el fallo que hubo una autorización inicial y posteriormente el Inaga se pronunció sobre la necesidad de un estudio de impacto ambiental. "La empresa solicitó que le validaran la primera autorización, no se resolvió y por silencio recurrió. Al final le dio la razón el TSJA", han señalado fuentes de la DGA.
Según la administración autonómica, "no consta que haya expediente sancionador en marcha" contra Altituderides, a pesar de que en 2021 el departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente confirmó una propuesta de sanción de 240.000 euros "por haber desarrollado una actividad sin autorización al no haber tramitado la declaración de impacto ambiental ordinaria previamente".
El nuevo Gobierno ha avanzado su intención de crear una comisión conjunta entre las áreas de Turismo y Medio Ambiente "para establecer los requisitos de este tipo de actividades", que por ahora aún no ha empezado a trabajar.
Expediente al APN que denunció
Ahora se ha conocido además que en octubre de 2023, el servicio provincial de Medio Ambiente y Turismo abrió un expediente disciplinario al Agente de Protección de la Naturaleza (APN) de Bielsa que denunció la actividad, lo que motivó la propuesta de la cuantiosa multa.
Sobre él pesa una posible sanción de dos meses de suspensión de funciones por dos infracciones graves. Se le acusa de persecución y acoso a la empresa y de haber manifestado a terceros que la actividad no tenía autorización.
La investigación reservada contra el funcionario se abrió después de recibir varias denuncias contra él por parte de la empresa entre 2019 y 2023. Lo acusaba de obstrucción y trampeo del recorrido del sendero de descenso desde Punta Suelza, de llamadas a otras personas para que se desmarcaran del proyecto, de acudir a los lugares donde tenía lugar la actividad para increpar a los empleados y clientes diciendo que era ilegal, e incluso de golpear en una ocasión el helicóptero en el momento del despegue.
El expediente al APN ha motivado un comunicado de protesta de la Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza en Aragón (Aapna) pidiendo la anulación del mismo al estimar que las faltas graves y leves que le imputan no son procedentes y que "el celo de nuestro compañero por poner en evidencia una actividad que todavía no está convenientemente autorizada, se quiere castigar en beneficio de una empresa".
Esta asociación ya mostró su preocupación hace cinco años por el impacto tanto del heliski como del helibike, apoyando la realización de una evaluación ambiental por sus posibles afecciones. Según Aapna, Altituderides ha "esquivado" ese trámite y ha seguido realizando vuelos mientras que al APN se le pretende sancionar alegando la comisión de faltas graves, por "no guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que conoce por razón de sus cargo". Defiende la actuación profesional del agente y recuerda que el servicio provincial llega a sus conclusiones por denuncias de la empresa que lo acusa de una presunta persecución y acoso.
"Resulta sorprendente que lo que sí es una realidad es que se siguen realizando vuelos desde el valle hasta las zonas altas de la montaña, transportando bicicletas y sus usuarios, para que se lancen a altas velocidades por senderos tanto de nueva creación como tradicionales y aptos para senderistas", indica el comunicado, cuando la actividad no tiene la autorización del Inaga. "Parece que el APN debe mirar para otro lado y taparse los oídos y no poder hablar con nadie de la situación, aunque le pregunten". Ser agente de la naturaleza, indica la asociación, "exige precisamente protegerla".
