La Fiscalía de Huesca reforzará la lucha contra la proliferación de plantaciones de marihuana
El presidente de la Audiencia Provincial pide crear nuevos juzgados en la capital y en Monzón y una sala para víctimas de violencia de género y calabozos en Barbastro.
"Les deseo un año judicial exitoso y lleno de logros en la búsqueda constante de una Justicia que sea verdaderamente ciega, pero que nunca pierda de vista la humanidad que se encuentra detrás de cada caso que llega a nosotros ya que implica a personas con vidas, familias y sueños y tenemos el deber de tratar a todos con respeto y empatía". Este es el alegato final que lanzó este viernes el presidente de la Audiencia Provincial de Huesca, José Luis Aranda, en la celebración de apertura del año judicial.
Al acto asistieron, entre otras autoridades, la directora general de Justicia del Gobierno de Aragón, Esmeralda Pastor, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, la vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial, Celsa Rufas, el Obispo de Huesca y Jaca, Julián Ruiz, el subdelegado de Defensa, Rafael Matilla, y responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de representantes de los jueces, abogados y procuradores.
En su discurso, José Luis Aranda hizo una férrea defensa de la imparcialidad y la independencia como "pilares" de la Justicia "porque nuestra responsabilidad es garantizar que todos los individuos sean tratados con igualdad ante la ley sin importar su origen, raza, religión o estatus económico; y mantener la confianza de la sociedad en la integridad de nuestra decisiones, que deben ser libres, basadas en la ley y la evidencia y sin influencias externas".
El presidente de la Audiencia de Huesca denunció la "polarización y radicalización" actual advirtiendo de que "la destrucción del adversario como objetivo político es la antesala de un proceso de degradación democrática". Y fue muy crítico con el retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial "porque no hacerlo en tiempo y forma no deja de ser una manera de cercenar la plenitud de la independencia judicial", dijo.
También transmitió las necesidades que le habían hecho llegar desde los distintos partidos judiciales: una sala para víctimas de violencia de género, calabozos para detenidos y que los intérpretes en asuntos graves acudan al juzgado en lugar de comparecer por sala virtual en el caso de Barbastro; un tercer juzgado mixto en Monzón; un sexto juzgado de primera instancia e instrucción en Huesca; y crear una sexta plaza de magistrado en la Audiencia para que por fin haya dos salas independientes, una para asuntos civiles y otra para penales, además de incrementar la plantilla de funcionarios tramitadores. Además, una reclamación general es impartir una formación mínima a los nuevos funcionarios e interinos.
También intervino en el acto el fiscal jefe provincial, Juan Andrés Baratech, quien enumeró los principales objetivos para este próximo año judicial. Entre ellos, destacó la lucha contra el narcotráfico, y especialmente contra la proliferación de plantaciones de marihuana "porque son redes de difícil exploración, logran extraordinarios beneficios a corto plazo y su actividad tiene poco riesgo punitivo". En este sentido, destacó que es un negocio "totalmente organizado, implantado y sofisticado" tanto en grandes plantaciones al aire libre que aprovechan la despoblación y la difícil orografía de la provincia como en lugares cerrados. Y que detrás de ellas hay organizaciones con estrechos contactos con países del Este de Europa que reinvierten los beneficios en actividades delictivas.
Otro de sus retos serán los delitos de violencia sobre la mujer y de violencia sexual. A este respecto, Baratech avisó de que "nadie puede esperar soluciones fáciles con normativas nuevas", en alusión velada a la nueva ley del 'solo sí es sí'. Y abogó por poner siempre a las víctimas en el centro de todas las reformas legales "porque las 50 mujeres muertas que llevamos en lo que va de año en España así nos lo exigen". Además, defendió que los actos de violencia basados en el género que implican daños a las mujeres de naturales física, sexual, psicológica o económica "merecen un reproche penal agravado".
En esa lista de prioridades incluyó también la delincuencia informática, la seguridad vial y la siniestralidad laboral, "que sigue siendo un problema de primera magnitud", lamentó.
