Aínsa limita a 60 los pisos turísticos: “O pagas alquileres caros o no puedes vivir aquí"
El Consejo de Urbanismo aprueba definitivamente la nueva regulación municipal de las viviendas de uso turístico, que han colapsado el mercado de alquiler.
El Ayuntamiento de Aínsa, uno de los primeros en Aragón en regular las viviendas de uso turístico, ha logrado el visto bueno definitivo a la nueva normativa, impulsada para limitar la proliferación de estos alojamientos, que están acabando con los pisos de alquiler y por lo tanto frenando la llegada de nuevas familias.
El Consejo Provincial de Urbanismo ha aprobado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), último trámite del procedimiento iniciado en 2021 con el establecimiento de una moratoria que impedía otorgar nuevas licencias. Se calcula que con la nueva normativa alrededor de un 5% de las viviendas existentes (1.190) podrán tener un uso turístico, es decir 60, en el conjunto del municipio.
Actualmente hay 37 legalizadas, pero durante la moratoria pidieron permiso otras 9. El total de plazas turísticas de todo tipo asciende a 2.200, lo que supone igualar la población residente.
El Ayuntamiento tuvo que aportar información suplementaria, ya que el Consejo pedía poner números a la limitación, establecer un régimen de transitoriedad para aquellas ya legalizadas y justificar por qué solo podían destinarse a este fin la planta baja y la primera planta.
Ruidos y molestias a vecinos
Esto último se razonó "por la necesidad de minimizar posibles perjuicios por ruidos y molestias al resto de vecinos del inmueble, dado que esta actividad conlleva un inhabitual trasiego de usuarios, maletas y enseres personales ajenos a la naturaleza del uso principal de la vivienda". Cuando haya una entrada independiente a la común, sí podrán ocupar plantas superiores, aunque es algo inusual en Aínsa.
En el casco antiguo, solo podrán tener esta modalidad de hospedaje el 20% de las viviendas de un edificio o conjunto residencial mientras que en los barrios exteriores se limita al 10%.
El alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, muestra su satisfacción por que se haya conseguido regular el sector, siguiendo el ejemplo de otras ciudades con graves problemas por la expansión de las viviendas turísticas y que han conseguido frenarla.
La aprobación por parte del Consejo Provincial demuestra, a su juicio, "que los ayuntamientos tenemos la potestad de legislar en esta materia, a través de los planes generales de urbanismo", una competencia reconocida en el nuevo decreto de la DGA sobre las viviendas de uso turístico. "Me parece importante que podemos decidir cómo queremos desarrollar estos alojamientos", añade, recordando que en un primer momento la regulación generó tensión entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Turismo.
Sin pisos disponibles
La iniciativa se tomó a la vista del colapso del mercado de alquiler, ya que no hay pisos disponibles para el asentamiento de nuevos vecinos. "El mercado en Aínsa está colapsado, pero también en Boltaña, en Labuerda..., en todos los pueblos del centro de la comarca de Sobrarbe, por el crecimiento exponencial de las viviendas turísticas. La gente que viene a trabajar o paga alquileres muy caros o lo tiene complicado para vivir aquí", lamenta Enrique Pueyo.
"Sé de tres familias que buscan viviendas de alquiler de larga duración y no encuentran, no hay nada", asegura el alcalde. El Ayuntamiento está rehabilitando dos pisos municipales para arrendar en los núcleos de Guaso y Arro, y ya está ocupado otro en Arcusa. "Estamos mirando de terminarlos cuanto antes, pero con solo tres tampoco hacemos mucho. Una vivienda turística más supone una menos para alquiler de larga duración, cuando cada vez viene más gente a asentarse. No crecemos porque no podemos absorber más población", explicó.
Por ello, el Ayuntamiento se ha lanzado a promover, con ayuda de los fondos europeos, la construcción de 19 pisos de alquiler de precio tasado, dentro de una convocatoria del departamento de Vertebración del Territorio. Cuenta con una subvención de casi 900.000 euros.
El pleno acaba de dar el visto bueno al convenio con Suelo y Vivienda de Aragón, que apoyará al Ayuntamiento en la promoción inmobiliaria. El bloque de nueva construcción, en la calle Río Cinca, en la parte nueva de la localidad, obligará a la administración local a solicitar un crédito de 2,8 millones de euros para completar la financiación, un gran esfuerzo económico para un municipio de unos 2.300 habitantes pero con un gran desarrollo turístico que ve cómo la iniciativa privada no se anima a construir.
