"Hay personas que nos llaman ‘ángeles de la guarda’", aseguran Chus Gabarre y Rosa Cacho, las dos agentes del Equipo de Protección y Atención a la Familia de la Policía Local de Huesca. Un servicio pionero que acaba de ser reconocido con el Premio a las Buenas Prácticas de Aragón que concede la Unión Nacional de Jefes y Directivos de las Policías Locales (Unijepol) –y que recibirán el día 31 de marzo–, "por el excelente trabajo desarrollado a lo largo de sus siete años de existencia para proteger y apoyar a las personas vulnerables". Un galardón que les "anima" a seguir trabajando.

El objetivo del Epaf, creado en noviembre de 2010, fue prestar apoyo especialmente a mujeres víctimas de malos tratos, personas mayores que vivían solas y menores con problemas de absentismo escolar... Sin embargo, con el tiempo sus funciones se han ido ampliando a enfermos, familias desahuciadas o conflictos vecinales "y casi no damos a basto". "Intentamos prestar una atención integral a personas vulnerables y con pocos recursos, y mediar en conflictos para evitar que siempre acaben en denuncia", explican estas agentes, que el 95% del tiempo actúan de paisano "porque la discreción es fundamental en este trabajo".

Nueve síndromes de Diógenes

En estos siete años han realizado cerca de 3.000 servicios. Este ranquin lo encabezan las intervenciones con personas mayores que viven solas (526), la mayoría tras las llamadas de vecinos preocupados. "Visitamos el domicilio para ver en qué condiciones viven y si hay riesgo, se actúa enseguida, aunque lo normal es hacer un informe para que Servicios Sociales valore si necesita una residencia o pedir ayudas de la Ley de Dependencia", explican. En 2016 detectaron 9 síndromes de Diógenes, "la mayoría hombres que acumulan basura y que sufren una gran falta de higiene".

Su ayuda, no obstante, no se limita a una visita ya que luego hacen un seguimiento "y gracias a ello hemos salvado muchas vidas y también muchos edificios porque habían viviendas con condiciones muy peligrosas", dicen.

También han intervenido en 460 casos de absentismo escolar de menores de entre 6 y 16 años pillados en los controles que hacen en los entornos de colegios e institutos. "Llamamos a sus padres y o los llevamos al domicilio o al centro educativo, porque no pueden estar en la calle".

El trabajo con menores incluye casos de conflicto familiar, control de locales de ocio –en 2016 ordenaron un cierre por falta de seguridad– o charlas de educación vial a los alumnos de 5º de Primaria y de la ordenanza de convivencia ciudadana a los de 3º de la ESO. "Y en esas charlas nos han llegado a comentar dos casos de bullying que luego se han logrado solucionar", se felicitan.

También durante estos años, y a requerimiento del IAM, han dado apoyo a 485 víctimas de violencia de género del centro de emergencia o de la casa de acogida que precisan de un acompañamiento para ir al juzgado o a recoger enseres en su domicilio.

Además, en 2016 hicieron 43 actuaciones por desahucios. "Cuando nos llega una orden del juzgado vamos a la vivienda a ver si hay menores y si tienen medios para buscarse otro alojamiento para que no llegue el día del lanzamiento y se lo encuentren", resaltan. Un trabajo que ha tenido su efecto "porque hasta ahora nadie se ha quedado en la calle".

"Hacemos más de psicólogas"

Chus Gabarre y Rosa Cacho han creado un equipo "empezando de cero y buscándonos muchas veces la vida". Las características de los asuntos hacen que muchas veces se lleven los problemas a casa "porque es un trabajo que dura las 24 horas del que no te inmunizas nunca", confiesan. De hecho, destacan que más que una labor policial, "hacemos sobre todo de psicólogas y asesoras porque la gente al principio lo ve todo muy negro pero al hablar con nosotras empiezan a ver la luz, aunque no son cosas que se solucionen de hoy para mañana".

Pese a todo, ambas dejan claro que les "encanta" su trabajo y que no lo cambiarían por ningún otro servicio. "Es duro, pero te engancha porque ves a personas que de no actuar nosotras, se hubieran quedado desamparadas".