Multas en cascada de la CHE contra municipios del Pirineo que vierten al río sin depurar

La Confederación Hidrográfica del Ebro notifica sanciones de miles de euros a los ayuntamientos, que llevan años reclamando la Construcción de una depuradora.

Río Cinca a su paso por Ainsa hacia el embalse de Mediano
Río Cinca a su paso por Ainsa hacia el embalse de Mediano
Javier Broto

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) está notificando una cascada de sanciones a los ayuntamientos del Pirineo que carecen de depuradoras de agua por el vertido de aguas residuales al cauce de los ríos. El pasado mes de abril este organismo ya avisó de que las sanciones podrían hacerse efectivas y ahora las denuncias han llegado cuantificadas económicamente.


Entre los primeros ayuntamientos en recibir ayer la resolución del procedimiento sancionador están los de Castiello de Jaca y Canfranc, en el valle del Aragón. En el caso del primero, la multa es de algo más de 2.000 euros y en el segundo de 3.318,40, ya que depende del número de viviendas de cada localidad y de otras variables.


Los alcaldes mostraron ayer su malestar y anunciaron que además de recurrir este procedimiento, van a estudiar una demanda patrimonial al Ministerio de Medio Ambiente "por no haber gastado el dinero en las depuradoras". Así de rotundo se mostró Fernando Sánchez, alcalde de Canfranc, que avisó de que "no vamos a pagar nada a no ser que lo diga un juez". El tema se pondrá en conocimiento de Adelpa y de los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Huesca, según apuntó el primer edil.


"De momento es una sanción leve, pero pueden llegar más y que finalmente se convierta en una sanción grave", advirtió. Esto supondría "una merma en las arcas municipales y tendríamos que dejar de prestar servicios esenciales para la ciudadanía". Igualmente tiene la intención de hablar con todos los partidos políticos "y al final tendrán que decidir en Madrid qué es más importante y da más servicios a los ciudadanos, si la CHE o los ayuntamientos del Pirineo", añadió.


Por su parte, el alcalde de Castiello de Jaca y presidente de la Mancomunidad Valle del Aragón, Álvaro Salesa, apuntó que igualmente presentará alegaciones "y luego tomaremos una determinación, porque ya vale". Precisamente la semana pasada, esta mancomunidad anunció que tomaría la iniciativa para construir las depuradoras. "La única solución es denunciar el convenio firmado en su día con el Instituto Aragonés del Agua y que los ayuntamientos recauden el impuesto de contaminación", que siguen pagando los vecinos de estas localidades y que no repercute en el territorio, "para financiar de esta manera la construcción de las depuradoras". Esta cuestión se tratará en un pleno extraordinario de la Mancomunidad que se celebrará el próximo mes de octubre.


Los alcaldes del valle del Aragón no han sido los únicos en recibir la propuesta de sanción, que también llegó ayer a ayuntamientos como Panticosa y Aínsa. En el caso de este último, la multa notificada asciende a 6.725 euros por vertidos contaminantes a los ríos Cinca y Ara de la localidad de Aínsa, "no estando sometidos a depuración adecuada" y "sin tener constancia de la redacción de un proyecto que prevea la construcción de la estación depuradora", dice la CHE en su carta. Unas obras que, como en el resto de municipios del Pirineo, debía ejecutar desde 1993 el propio Ministerio, del que depende la Confederación.


Pero las encomendó al Gobierno de Aragón, que ha sido incapaz hasta ahora de ponerlas en marcha. El municipio de Aínsa tiene otra decena de expedientes pendientes de resolución por otros núcleos. "Llegaremos hasta el final en nuestra reclamación", declaró su alcalde, Enrique Pueyo. El de Panticosa, Ricardo Laguna, apostó por "ir todos juntos" y pedir ayuda legal a la Diputación.


Según alega la Confederación citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, la demora en la construcción de las depuradoras, que a juicio de los ayuntamientos es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, "no puede comportar la falta de culpabilidad del Ayuntamiento", pues tienen la competencia del tratamiento de aguas residuales. Esta responsabilidad la delegaron en el Gobierno de Aragón mediante la firma de convenios. Sin embargo, al fijar la sanción, se considera "causa atenuante" la adopción de acuerdos administrativos para subsanar esa deficiencia.


Habrá multas a más ayuntamientos, pues a principios de año, el Área de Control de Vertidos de la Comisaría de Aguas de la Confederación remitió al Servicio de Régimen Sancionador propuestas de expedientes sancionadores contra 29 ayuntamientos aragoneses por verter aguas residuales sin depurar a los ríos al carecer de este tipo de instalaciones. De ellos, 14 eran del Pirineo (en la lista estaban también Sallent, Boltaña o Benasque) y el resto de las provincias de Zaragoza y Teruel.

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