Los ayuntamientos que forman la Mancomunidad del Valle del Aragón (Aísa, Borau, Canfranc, Castiello de Jaca y Villanúa) están muy preocupados por la paralización de la construcción de las depuradoras, incluidas en el Plan Integral de Depuración. La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por acciona y Comsa, que se hizo con la concesión para construir y explotar 60 plantas de depuración en la cabecera del río Aragón hace seis años, a pesar de que no ha iniciado ninguna obra, ha acudido a los tribunales para solicitar la resolución del contrato y reclamar, además, una indemnización de 7 millones de euros.

Los alcaldes del valle temen que este contencioso se alargue demasiado, y que mientras tanto, no se busquen soluciones, por lo que la mancomunidad tomará la iniciativa e intentará solucionar por sí misma este problema. La preocupación viene no solo por los impuestos que pagan los habitantes de la zona, y que no se ven repercutidos en el territorio, sino por que se están vertiendo aguas sin depurar al río Aragón.

Por todo ello, la mancomunidad del Valle del Aragón celebrará un pleno extraordinario para intentar buscar soluciones. En primer lugar los ayuntamientos deberán recuperar las competencias sobre esta cuestión, que son municipales, pero en su día se firmó un convenio con el Gobierno de Aragón para que éste se ocupara de la construcción de las depuradoras. "Tendremos que renunciar al convenio y actuar nosotros", explica Fernando Sánchez, alcalde de Canfranc.

Otro de los puntos importantes será la búsqueda de financiación para que fueran los propios ayuntamientos los que asumieran la construcción de las plantas depuradoras. Sánchez es consciente de que la situación económica actual de los consistorios no es del todo buena y estos proyectos tienen costes elevados "pero son obras de interés general". Una de las fórmulas "podría ser la autofinanciación, es decir, que los ayuntamientos recaudaran los impuestos que se pagan por la depuración y destinaran ese dinero a la construcción de las depuradoras", añade.

No obstante, el coste por planta no será el mismo en todos los municipios, ya que depende de diversos factores. El primer edil recuerda que este valle tiene una alta "presión urbanística", a lo que hay que sumar el turismo que registra tanto en verano como en invierno. "Los ayuntamientos tenemos una responsabilidad municipal en este aspecto y tenemos que cumplirla, así que si no nos dan soluciones, las tendremos que buscar porque esto no se puede alargar cuatro o cinco años que puede durar el contencioso iniciado por la adjudicataria".

Lo mismo opina Luis Terrén, alcalde de Villanúa. Pero este ayuntamiento ya ha iniciado conversaciones con un bufete de abogados para denunciar el convenio firmado con la DGA en 2007 e ir a los tribunales, y "nosotros vamos a ir adelante, sea en conjunto con el resto de ayuntamientos de la mancomunidad o por libre", advierte. Terrén explica que en el mes de junio habló con la directora del Instituto Aragonés del Agua "y me dijo que iban a intentar desbloquear la situación, pero no sabemos cuánto tiempo va a llevar".

Un presupuesto menor

Este consistorio tiene encima de la mesa el proyecto para construir su depuradora "y el presupuesto es mucho menor que el presentado en su día por la DGA". Si saliera adelante "estaría construida en noviembre del próximo año", asegura Terrén. También cree que con el dinero que se paga por el canon de saneamiento "no habría problema para la financiación". Además resalta, que en otras provincias donde en su día no se firmó el convenio "van a empezar a construir depuradoras precisamente con ese dinero del canon, no entendemos por qué no se puede hacer aquí de la misma manera".

Con el Plan Integral de Depuración, la DGA pretendía ponerse a la cabeza de Europa en materia de depuración en la montaña. La inversión global prevista en las cuatro comarcas pirenaicas era de 350 millones de euros en 20 años, dado que el modelo de concesión de obra pública al que recurrió la DGA para no adelantar el dinero recogía también la gestión de las plantas por parte de las empresas adjudicatarias durante dos décadas. Pero la crisis y las dificultades para obtener financiación han dejado en suspenso la gran mayoría de las actuaciones, como ha ocurrido con las del valle del Aragón.