El Tribunal Supremo ha respaldado la legalidad del impuesto de transporte por cable aplicado a las estaciones del esquí aragonesas por los teleféricos y los remontes. La sentencia, que desestima el recurso de casación presentado por Astún, permitiría al gobierno de Javier Lambán la aplicación de este tributo medioambiental, sobre el que actualmente existe una moratoria dada la fuerte oposición que suscitó en los valles pirenaicos. Lo creó el PSOE en 2005 y fue derogado en 2012 por Luisa Fernanda Rudi, pero la reforma fiscal de 2015 lo recuperó.

El Supremo ratifica la sentencia dictada en 2014 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Eivasa, propietaria de la estación de Astún, planteó un recurso contencioso-administrativo contra el decreto del Gobierno de Aragón de creación del impuesto alegando su inconstitucionalidad y negando su finalidad de protección ambiental. Sin embargo, el TSJA rechazó sus argumentos al considerar que la Comunidad Autónoma de Aragón tenía plena competencia para establecer tributos sobre actividades que incidan en la ordenación del territorio y la protección del paisaje. La derogación posterior, en 2012, no demostraba su inconstitucionalidad sino que era expresión de "la discrecionalidad del legislador autonómico".

El Supremo acaba de ratificar estos argumentos rechazando los dos motivos de casación. Según el fallo, el impuesto del cable se aplica a una fuente de riqueza distinta y no es equivalente al de Actividades Económicas (IEA), ya que grava "la incidencia negativa en el entorno natural, territorial y paisajístico" consecuencia de la actividad del transporte de personas "con el fin de compensar a la sociedad el coste que soporta". No se puede comparar, añade, a las instalaciones de transporte de electricidad, ya que hay un daño derivado de su uso al margen del impacto visual.

El tribunal niega asimismo el carácter confiscatorio. Según alegó Astún, los resultados de la empresa eran negativos y, si algún año había resultado positivos, el tributo absorbía prácticamente el 90% de los beneficios. Por otra parte, repercutirlo en el usuario a través del forfait restaría capacidad competitiva a las estaciones de esquí aragonesas (es la única Comunidad donde se aplica) frente a la competencia de la vecina Cataluña. Sin embargo, la sentencia indica que "no todas las empresas que explotan las estaciones de esquí afectadas arrojaban pérdidas". De hecho, añade, siguen en el negocio y su capacidad económica resulta "indudable".

En el caso de Astún, supuso un desembolso anual de unos 300.000 euros. Según el abogado de Eivasa, Amadeo Santacruz, aquí acaba el proceso legal, aunque confió en que el Gobierno de Aragón sea sensible a los argumentos expresados no solo por la empresa sino también por amplios sectores económicos y sociales de la provincia de Huesca e incluso por las instituciones locales y provinciales. "Debería considerarse su derogación", señaló, ya que lo consideró "injusto y discriminatorio". Además, "conculca la libre competencia, ya que las estaciones privadas, Astún y Candanchú, deben pagarlo, mientras que las de Aramón están financiadas por el Gobierno de Aragón (al 50%). La DGA pone el impuesto y luego le da el dinero para pagarlo", declaró el representante legal.

La aplicación, en el aire

Por su parte, el Ejecutivo ha mostrado su satisfacción por la sentencia, "que supone un aval jurídico" a su decisión de retomar el impuesto. La aplicación está suspendida por la moratoria aprobada durante la tramitación de la reforma fiscal en las Cortes. "Entrará en vigor el 1 de enero de 2017, si no hay una decisión en sentido contrario", señalaron fuentes del departamento de Hacienda. No obstante, añadieron, "este gobierno es sensible a la problemática de las estaciones y le preocupa su viabilidad", por lo que "está dispuesto a dialogar con todos los agentes implicados" y a hacerlo "con el tiempo suficiente". Su aplicación, "o modulación", se tratará a la vuelta del verano, indicaron desde la consejería.