Forestalia empezará a construir este año la planta de biomasa si supera el último escollo ambiental

La empresa Forestalia pretende iniciar este mismo año la construcción de la planta de generación de energía eléctrica mediante biomasa de Monzón, que podría entrar en funcionamiento a finales de 2018 o principios de 2019. Para ello, deberá superar un último escollo: la revisión de oficio de la autorización ambiental integrada que le otorgó el Gobierno de Aragón en agosto de 2015. El proyecto, con una inversión de 100 millones de euros en la fábrica y otros 50 en cultivos energéticos, generará más de 500 empleos directos e indirectos.

La empresa ha guardado silencio hasta ahora, pese a la movilización iniciada por la denominada Plataforma contra la Incineradora de Biomasa, opuesta a su instalación a 600 metros del casco urbano. Ayer lo rompió para mostrar su disposición al diálogo y a debatir "sobre datos".

"La planta ha pasado un examen de casi cuatro años en el Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental), que nos ha exigido todo tipo de información y de medidas paliativas, como los filtros eléctricos que quitan el 99% de partículas o la incorporación de una caldera de lecho fluido burbujeante" para reducir las emisiones, explicó el consejero delegado de Forestalia, Fernando Muñoz. "Cumplimos con toda la estricta legislación ambiental y estamos muy por debajo en las emisiones. Producimos energía limpia nacional para sustituir energía fósil extranjera", dijo.6.000 hectáreas de cultivos

Por otro lado, Muñoz destacó el valor de las plantaciones que servirán de combustible: 6.000 hectáreas de árboles seleccionados de chopo, eucalipto y caña común, en un radio de 60 kilómetros, aprovechando las superficies de regadío. "Es un beneficio ambiental", aclaró, por la absorción de CO2 y por los efectos en el paisaje y los ecosistemas. "Eucaliptos de elite que en dos años crecen 14 metros. Un paisaje verde permanente como en las Landas", indicó el representante de la empresa.

La producción vegetal se realizará en su mayor parte en régimen de integración (proporcionan las plantas a los agricultores para su crecimiento), pero también en arrendamiento y propiedad. Los árboles salen de un vivero forestal de Huelva, el mayor de Europa.

Forestalia es dueña al 100% de Solmalsot I S. L., creada para promover la planta de Monzón. Pertenece al empresario aragonés Fernando Samper y fue una de los dos ganadoras de la subasta estatal de renovables. Sus planes pasan por iniciar la construcción a finales de este año (el plazo previsto de ejecución es de 22 meses), si la revisión de oficio de la autorización ambiental integrada es favorable.

La planta de biomasa obtuvo la autorización ambiental integrada en agosto de 2015. También el Ayuntamiento, con el anterior gobierno municipal del PP, le dio una autorización especial para instalarse en suelo rústico.

Sin embargo, a la vista de un informe emitido el pasado diciembre por el servicio de Cambio Climático de la Dirección General de Sostenibilidad, y de otro anterior, de octubre, del Ayuntamiento, el Inaga inició una revisión de oficio de la autorización, procedimiento para el que tiene seis meses a contar desde el 3 de febrero. En este nuevo trámite se ha exigido a la empresa documentación suplementaria. Entre ella, un estudio de dispersión de contaminantes en el entorno de la planta, en distintas situaciones meteorológicas, para determinar su influencia en la población, vegetación y ecosistemas; así como una descripción del acceso a la fábrica y el impacto del mismo. También se pide un análisis de gestión con un balance energético "que justifique si se extrae de ella más energía de la que se invierte en el cultivo y su puesta en la planta"; la localización de las parcelas de cultivo y la descripción de los procesos aplicados a la madera.Un trabajo "más exhaustivo"

Y es que el servicio de Cambio Climático detectó, y así lo hizo saber al Inaga, que el estudio de dispersión de contaminantes presentado por el promotor, clave en la autorización ambiental de agosto de 2015, "no viene firmado y por tanto no consta la cualificación profesional ni académica, ni experiencia de sus autores. Tampoco está visado por ningún colegio profesional". Pidió "un trabajo más exhaustivo" con información añadida respecto a posibles concentraciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), dado el combustible usado, y la inclusión de los distintos focos de emisión de la zona, aparte de la planta, para considerar "el peor escenario posible".

También el nuevo gobierno municipal, encabezado por el socialista Álvaro Burrell, realizó una serie de observaciones sobre la resolución del Inaga. Solicitó que se tuviera en cuenta la cercanía a viviendas habitadas y su visibilidad desde distintos accesos a la ciudad (las instalaciones tienen alturas de hasta 47 metros, y 60 metros la chimenea), así como el impacto de las miles de hectáreas de chopo dispersas en un radio de 60 km. La preocupación municipal se refería asimismo al movimiento de camiones y señalaba diversas carencias en el estudio de dispersión de los contaminantes.