El Ministerio de Defensa ha dado por finalizado este viernes el proceso de liquidación y cierre definitivo de las instalaciones del acuartelamiento Sancho Ramírez de Huesca, dos años después de anunciar sus planes en relación a esta infraestructura.

Según las previsiones anunciadas en pasadas fechas por el propio ministerio, el último día de marzo era el plazo establecido para el término de los trabajos realizados por las comisiones liquidadoras encargadas de llevar a cabo un proceso con el que se prevé un ahorro anual de 700.000 euros.

El trabajo de las comisiones liquidadoras se aceleró a partir del pasado 1 de enero, fecha en la que se concluyó la marcha de la totalidad de los más de doscientos efectivos militares y trabajadores civiles que desarrollaron su labor en la última fase de existencia activa del acuartelamiento.

Estas comisiones, formadas por personal de mando y tropa, han supervisado el proceso de desmantelamiento de las instalaciones y de clausura de los depósitos de combustible que contenían, así como de vaciado de mobiliario, desmantelamiento de la central de transmisiones y liquidación de los contratos de suministro.

Las previsiones iniciales del Ejército de Tierra son vender todo el conjunto de edificios y solares que conformaban el cuartel, un suelo no calificado como urbanizable que el Ayuntamiento de Huesca cedió a mediados del pasado siglo para la ubicación de una infraestructura militar.

De hecho, el conjunto salió en fechas pasadas en la página web en la que el Ministerio de Defensa anuncia los procesos de venta y subasta de instalaciones desalojadas, aunque la presión política y social ejercida desde la capital altoaragonesa llevó a los responsables ministeriales a retirar el anuncio.

El cierre del acuartelamiento provocó la inmediata reacción de la anterior alcaldesa de la ciudad, Ana Alós (PP), quien expresó su rechazo al anuncio de cierre y expresó públicamente su decisión de impedir el proceso de recalificación del suelo del acuartelamiento.

El anuncio de cierre favoreció, además, la creación de una plataforma de familias afectadas, que se movilizaron de forma continua ante distintas instancias políticas, entre otras el gobierno aragonés que presidía la popular Luisa Fernanda Rudi, para solicitar su mediación ante Defensa.

Contra este proceso también se pronunció el actual alcalde de la ciudad, el socialista Luis Felipe, que antes de asumir su responsabilidad informó de que el cierre del acuartelamiento, la última de las instalaciones del ejército en la capital oscense, tendría una repercusión económica anual de 8 millones de euros para Huesca.

En este proceso de liquidación de todas sus instalaciones en la ciudad, el Ministerio de Defensa puso en venta meses atrás un conjunto de viviendas situadas en las proximidades del cuartel y cerró una residencia militar ubicada en el casco urbano.

Con motivo de la finalización del proceso de cierre, el coordinador de CHA en Huesca, David Félez, se ha lamentado este viernes de que el gobierno central del PP hubiera hecho "oídos sordos" ante las consecuencias para la ciudad y ha asegurado no entender por qué el alcalde de la ciudad no había exigido ya la reversión de los suelos.

"No entendemos a qué espera el alcalde de la ciudad -asevera en un comunicado- a trasmitir al gobierno que la única posibilidad que baraja en defensa de los intereses de los oscenses es que todas las instalaciones y todo el suelo reviertan a titularidad municipal, para disfrute de los vecinos y vecinas".

CHA reivindica el mantenimiento de los edificios del acuartelamiento, 40.622 metros cuadrados construidos en una superficie total de más de diez hectáreas, para ubicar servicios de "contenido social" y cultural, así como el parque de bomberos de la ciudad.