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Comarca del Sobrarbe

La ocupación de una aldea despoblada llega a los tribunales

Este mes de mayo se celebrará en Boltaña un juicio contra los repobladores que rehabilitaron y ocuparon varias casas en Bediello y La Selva.

29/04/2017 a las 06:00
Repoblación de Bediello y La Selva

El próximo 25 de mayo se celebrará en los juzgados de Boltaña un polémico juicio. La razón: un posible delito de usurpación (previsto y penado por el Código Penal) que habría sido cometido por los repobladores de la aldea de Bediello y de la cercana masía de La Selva. Dos núcleos que fueron expropiados, como tantos otros pueblos, durante la fiebre de los pantanos que asoló el Sobrarbe en los años 60 pero que volvieron a tener población en el año 2010, cuando fueron ocupados por un grupo de neorrurales integrado por 12 jóvenes procedentes de Cataluña y Aragón.

Ahora, siete años después de su llegada, nuevo de estos repobladores iniciales tendrán que personarse en los juzgados de Boltaña y comparecer como acusados en un juicio por usurpación.

A día de hoy, en realidad, en La Selva vive de forma permanente una única familia: la que componen Oriol Font, Cora Herrero y sus tres hijos de entre tres y seis años. Habitan un pajar rehabilitado, captan agua de un manantial próximo, obtienen energía a través de placas solares y cuidan de dos yeguas, un burro, algunos cerdos, conejos y gallinas y media hectárea de tierra con huerta, olivos y frutales de los que obtienen gran parte de sus alimentos. Están empadronados en La Fueva -donde "nunca han dado ningún tipo de problema" según confirma su alcalde Ramón Laplana-; los padres hacen trabajillos relacionados con el sector de la construcción y los hijos participan en proyectos de educación libre de la zona.

Oriol y Cora, de 34 y 32 años, son dos de los nueve denunciados y citados para el juicio y critican el "sinsentido" de esta situación, dado que consideran que su presencia ha aportado más beneficios que perjuicios sobre el territorio. "De no ser por nuestra actuación, los edificios estarían totalmente en ruinas". Consideran, además, que su actividad agrícola y ganadera contribuye a limpiar el monte y, por tanto, a reducir el riesgo de incendios forestales.

Sin embargo, la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), organismo responsable de la gestión de estos terrenos -de titularidad pública desde las expropiaciones-, considera que la situación real es justo la contraria. En la denuncia que remitió hace ya un año a la Fiscalía Provincial de Huesca, la entidad alegaba, entre otros motivos, que la ocupación de los inmuebles de Bediello y La Selva conllevaba "una situación de grave riesgo" de incendio forestal, "al sumarse a las causas naturales las causas antrópicas". Y respaldaba su postura con los informes emitidos por el personal de vigilancia forestal y los técnicos de Comisaría de Aguas del organismo.

En este sentido, la CHE insiste en que en estos años "se han construido edificaciones nuevas en el dominio público, así como corrales y pequeños almacenes, apreciándose la existencia de basuras y chatarras y el abandono de un vehículo. Asimismo, grupos de decenas de personas han ocupado temporalmente mediante acampada el dominio público en diferentes épocas".

Oriol Font confirma las construcciones y las acampadas. Cuando el grupo llegó a La Selva había dos edificios en ruinas: una casa grande y un pajar. Rehabilitaron el pajar (que es donde vive la familia), arreglaron parte del tejado de la casa grande (que usan como almacén) y levantaron varias construcciones tipo yurta alrededor -viviendas más ligeras utilizadas por las comunidades nómadas de Mongolia-. Como parte del grupo acabó perdiendo la ilusión por vivir de forma permanente en una aldea tan aislada, Oriol admite que actualmente el grupo es variable y que muchos de ellos "van y vienen" a temporadas.

Según consta en la denuncia, el conflicto se inició a principios de 2011, momento en el que el Jefe del Área de Gestión Medio Ambiental comunicó a la CHE la ocupación de estos terrenos y sus edificaciones. Las personas citadas en el juicio son las que se encontraban en el lugar cuandola Guardia Civil de Huesca se personó allí semanas después. "El Organismo no ha facilitado en ningún momento a los ocupantes llaves que permitieran el acceso por la pista forestal a la propiedad del Estado. Tampoco existe el otorgamiento de autorización o concesión administrativa que faculte para el uso del inmueble", insiste la CHE en la denuncia presentada ante la fiscalía provincial.

Los repobladores critican, por su parte, que trataron de conseguir la cesión legal de los terrenos mediante una propuesta de proyecto de recuperación de estos despoblados. Propuesta que fue desestimada por la CHE.

El organismo pide ahora esclarecer las eventuales responsabilidades penales además del desalojo de los inmuebles ocupados como medida cautelar.





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