Garcés elude hablar de los recortes en los presupuestos "para dosificar la información"

El consejero de Hacienda, Mario Garcés, ha asegurado hoy que los gastos en sanidad y servicios sociales se ajustarán a las necesidades en los presupuestos de la Comunidad de 2012 y ha eludido anunciar qué partidas sufrirán recortes porque "hay que dosificar la información".

"No voy a adelantar esa noticia porque hay que dosificar la información", ha subrayado Garcés en una comparecencia a petición propia en la Comisión de Hacienda de las Cortes para explicar las conclusiones de la auditoría de las cuentas de la Comunidad que presentó a mediados de octubre y que revelan que el déficit puede alcanzar a final de año 943 millones de euros.

Después de que el portavoz de IU, Adolfo Barrena, le instara a concretar si los recortes que planea el Ejecutivo aragonés siguen la línea de los anunciados por el presidente catalán, Artur Mas, Garcés ha insistido en que este miércoles no ha acudido a las Cortes para explicar "medidas".

Aunque no ha concretado ante la comisión la reducción que sufrirán las cuentas ni si se mantendrá el impuesto de patrimonio, ha hecho hincapié en que no se va a "hurtar" el debate parlamentario sobre los presupuestos y ha recordado que la Ley de Acompañamiento incluirá un plan de incentivos fiscales para que se puedan constituir empresas y generar empleo.La auditoría

Respecto a la auditoría, Garcés ha subrayado que confirmó la situación "dramática" de la cuentas, con un déficit a final de año del 2,6% del PIB, el doble del objetivo previsto por el descenso "brutal" de los ingresos, la "bola" sanitaria y la infradotación en atención a la dependencia.

Ha detallado además que existen obligaciones no contabilizadas y en algunos casos contraídas "indebidamente" y el Gobierno, en el caso de que no se ajusten a la legalidad, no las atenderá.

Además, ha advertido de la situación "crítica" de liquidez -que no alcanza el 5% de los 500 millones en obligaciones presupuestarias, y el Gobierno prevé con la aprobación de los presupuestos establecer un plan de pagos a proveedores-, y también de las empresas públicas, que presentan desequilibrios "muy graves".

Ha explicado que el próximo Consejo de Gobierno aprobará un decreto-ley para la reestructuración de las empresas públicas con la que sobrevivirán entre 30 y 35, y probablemente esta semana se darán a conocer.

Además, ha considerado "especialmente preocupante" la deuda viva de las empresas públicas y ha incidido en que las entidades financieras con las que se han formalizado operaciones de crédito están llegando a una posición de riesgo "límite", y habrá que renegociar la deuda."Sin decisiones"

Sin embargo, Ana Fernández, del PSOE, ha criticado que el Gobierno, que sabía del estado de las cuentas con el traspaso de funciones, ordenara una auditoría creando una expectación "morbosa" para "ganar tiempo" y no tomar "ninguna decisión" antes de las elecciones del pasado domingo, ni sobre los recortes en los presupuestos ni en la corporación de empresas públicas.

"No tenemos nada nuevo", ha dicho Fernández, porque el resultado de la auditoría se ha quedado en "agua de borrajas" y s'lo ha servido para justificar la "inactividad" del Gobierno y crear "cierta alarma" ante las medidas que tomará.

El portavoz de IU ha insistido en que Gobierno debe decir ya cómo piensa cuadrar las cuentas porque "no se sostiene" que no vaya a haber recortes sociales, mientras que José Luis Soro, de CHA, ha criticado que Garcés comparezca hoy para explicar los resultados de una auditoría que se conocen desde mediados de octubre, "sin los deberes hechos" porque solo ha servido para retrasar la presentación de los presupuestos.

Antonio Ruspira, del PAR, ha matizado que de los 943 millones de déficit a final de año 430 estaban autorizados en los presupuestos, y ha recalcado que la auditoría revela que el "corazón" del problema es la deuda sanitaria, de 400 millones de euros.

Vicente Larred, del PP, ha valorado que el Gobierno haya aprobado un proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, porque el objetivo este año se va a incumplir "ampliamente", y ha considerado oportuno que las empresas públicas tengan que presentar un plan de saneamiento a tres años y que no se paguen las obligaciones que no estén legalizadas.