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Por fin un paso que parece serio y, además, hasta podría llegar a tener éxito. La Secretaría de Estado del Vaticano ha solicitado formalmente al Obispado de Lérida que retire los bienes aragoneses del museo diocesano. La petición la ha dirigido a través de la Nunciatura Apostólica en España. Fuentes autorizadas han confirmado que la orden ya ha llegado de Roma a Madrid y todo indica que podría haberla ya recibido el Obispado de Lérida.

La petición formal conlleva una autorización para actuar penalmente en caso de que fuese necesario. Así, la solicitud formal de la Secretaría de Estado vaticana supondrá que el Obispado de Lérida presente un requerimiento notarial en el Consorcio para informar de que van a sacar obras que en su momento depositaron en el Museo diocesano.

Según se entiende desde la Secretaría de Estado vaticana, los miembros del museo diocesano no tienen ningún título referente a la propiedad de las piezas que les permita denegar la devolución a la Iglesia, que a todos los efectos es la propietaria.

En caso de que las autoridades catalanas denieguen al obispo retirar las piezas en cuestión, la orden vaticana le autorizaría a emprender acciones penales contra aquellos que lo bloqueen. Esta medida guardia cierta similitud con las que acaba de autorizar el Consejo de Gobierno del Ejecutivo aragonés. Además, según se indica, también se autorizaría al Obispado de Lérida a abandonar el consorcio del Museo.

La voluntad que habría, si las instituciones catalanas mantienen su veto a devolver el patrimonio aragonés, sería abandonar por completo esa fórmula de gestión conjunta a través de un consorcio para todas sus obras, no solo las de procedencia aragonesa.

Como hasta ahora ha defendido la jerarquía eclesiástica, la petición de devolución no la haría el Obispado de Barbastro (titular de las piezas), sino el de Lérida (que es el que era depositario y posteriormente las prestó al museo diocesano). Así, una vez que estuviesen en posesión de la diócesis ilerdense (ya sea en el propio obispado, en la catedral o donde consideren conveniente) se devolverían al Obispado de Barbastro, en cumplimiento de las múltiples sentencias que ordenan la devolución.

Evitar los tribunales ordinarios

La decisión de instar desde la Santa Sede al obispo de Lérida a dar el paso de exigir que le devuelvan las piezas era una de las que se estaban barajando para evitar tener que solicitar a la justicia la ejecución de la sentencia. La otra opción en estudio se trataba de solicitar la convocatoria de la comisión mixta Iglesia-Estado. Este órgano es el encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales entre el Gobierno español y la Santa Sede y ahí es donde denunciaría el nuncio apostólico que no se están cumpliendo los acuerdos jurídicos.

La decisión de la Santa Sede de instar al obispo de Lérida a sacar de una vez las piezas del museo y, si no le dejan, iniciar acciones legales contra los que lo impidan cuadra con lo manifestado en los últimos días por el nuncio apostólico, aunque hasta ahora había discrepancias en torno a la interpretación de sus palabras. El máximo responsable de la diplomacia vaticana en España, Manuel Monteiro de Castro, insinuó tanto en una entrevista a HERALDO como en el Foro celebrado en Huesca que, antes que solicitar la ejecución de la sentencia por la vía civil, había una posibilidad dentro de la propia Iglesia. "La Santa Sede sí puede ejecutarlos", señaló. Entonces no dijo cómo podía hacerlo, pero parece que ya tiene clara una posible fórmula.

Aunque vistos los antecedentes las posibilidades de éxito son escasas, esta estrategia -en caso de funcionar- libraría a la Iglesia de tener que acudir a la justicia civil para ejecutar una sentencia vaticana. Así, tal como estaba la situación, parecía que no había más camino que el obispado de Barbastro solicitase la ejecución de la sentencia en los tribunales civiles o que el nuncio pidiese la intervención del Ministerio de Exteriores.

Ambas posibilidades, aunque sobre todo la primera, implicaban por parte de la Iglesia un reconocimiento de que sus sentencias no tenían efectos de aplicación inmediata en España, circunstancia que se quiere evitar mientras sea posible.