zaragoza. Las Cortes de Aragón darán hoy el visto bueno -salvo sorpresas de última hora- a la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad. Y lo harán con los votos del PSOE y el PAR y el respaldo puntual del PP. CHA e IU mantienen su rechazo frontal al proyecto de Gran Scala y se opondrán a la norma. De hecho, ambos ya han anunciado que buscarán alternativas para llevar la ley al Tribunal Constitucional.

El portavoz del PP, Eloy Suárez, mantuvo tras conocerse el contenido del informe solicitado por PSOE y PAR a los servicios jurídicos de las Cortes, que su formación no apoyará los artículos "con dudas y sombras de inconstitucionalidad". Es decir, aquellos señalados en el informe de correcciones técnicas y que hacen referencia a la posibilidad de declarar de "utilidad pública e interés social" un proyecto privado como Gran Scala para poder expropiar terrenos. Pero tampoco darán su voto a aquellos en los que se plantean inseguridades jurídicas como el que permite establecer una normativa del juego singular para estos proyectos que difiere de la del resto de la Comunidad Autónoma o los que regulan el consorcio. En este sentido, Suárez recordó que cuando se han planteado dudas de inconstitucionalidad en otras leyes se han resuelto durante la ponencia.

El portavoz popular achacó la situación generada a "las prisas y precipitación" con las que se ha tramitado esta ley, que apenas ha necesitado una semana de ponencia para estar concluida. "Esto ha creado desconcierto", dijo Suárez, que aseguró que su partido siempre ha mantenido "una actitud constructiva".

Sin embargo, el PAR discrepó. Su portavoz, Javier Allué, destacó que el informe de la letrada mayor de las Cortes permite continuar la tramitación de la ley y que "el que quiera utilizar el dictamen para votar en contra es porque lo tenía decidido". "El que cambie el voto que lo explique, porque en su momento no lo denunció", criticó Allué, en referencia al PP. No en vano, los populares enmendaron uno de los artículos señalados por su posible inconstitucionalidad pero no el párrafo denunciado. El PSOE no quiso pronunciarse sobre el informe de la letrada mayor a la espera de analizarlo con mayor detalle.

Compromiso de Iglesias y Biel

Los que sí mantienen sus tesis iniciales son CHA e IU. Ambos exigen que esta ley se retire. Y con más motivos después de conocerse los dictámenes de Las Cortes, los nacionalistas creen que el Ejecutivo debería echarla atrás y no aprobarla hoy. "¿Qué grupo político se atreve a seguir adelante?", se preguntó la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, que recordó que tanto el presidente, Marcelino Iglesias, como el vicepresidente, José Ángel Biel, aseguraron que la norma se iba a ajustar la Constitución. "Los servicios jurídicos están dudando de su constitucionalidad y siguen adelante", denunció. El diputado de CHA Chesús Yuste también apostilló que "habrá que ver si el Gobierno cumple su palabra". Yuste enumeró todos los reparos incluidos en el informe de correcciones técnicas de un letrado de las Cortes y reiteró "que hay evidentes visos de inconstitucionalidad". Por eso, dijo que se seguirá trabajando para presentar un recurso.

También Izquierda Unida recalcó que mantiene su empeño de llevar esta ley al Tribunal Constitucional, una vez que se apruebe. Su portavoz, Adolfo Barrena, denunció que "se ha querido utilizar a los servicios jurídicos para tomar una decisión sobre una ley mala, que tiene visos de inseguridad jurídica e inconstitucionalidad". Barrena suscribió los argumentos utilizados por la letrada mayor de las Cortes, Vega Estella, y recordó que las leyes "son decisiones políticas".