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El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Zaragoza ha condenado a los promotores de Gran Scala a pagar al despacho de abogados Garrigues los 167.542 euros que le adeuda en concepto de honorarios, más 22.552 por los intereses de demora, así como las costas que ha acarreado este proceso judicial.

El juez ha resuelto a favor del gabinete jurídico que en su día asesoró a International Leisure Development (ILD) –consorcio que promueve el complejo de juego y ocio en los Monegros– en numerosos trámites como la compra de terrenos, expedientes de expropiación o informes medioambientales, entre otras cuestiones. La sentencia, que ha sido recurrida, entiende que las facturas que el despacho de abogados trató de cobrar a ILD son correctas y obedecen a trabajos prestados por los letrados.

El magistrado en su fallo recuerda que el encargo que la empresa hizo al gabinete jurídico no solo se limitaba al mero asesoramiento legal y fiscal, sino a labores tales como la tramitación e invetervención de expedientes de dominio, medioambientales, actas de notoriedad, inmatriculaciones, deslindes, etc.

También analiza las minutas presentadas por el gabinete jurídico y recuerda que ILD no discutió los términos de la facturación. Así, se estableció un pago de 200 euros la hora por las primeras 300 horas invertidas en el proyecto y de 325 euros para las siguientes. A partir de ahí, se fijaba un posible descuento del 40% en la facturación mensual que no se cobraría en caso de interrupción del proyecto, pero con posibilidad de cobro más una prima del 30% si tenía éxito la empresa.

También se fijaban, como posibles instrumentos de control, el reporte quincenal o mensual de las actuaciones realizadas y el establecimiento de unos hitos para determinar la interrupción o éxito del proyecto. El primero de ellos era la adquisición de la tierra para levantar Gran Scala; la aprobación de una normativa que modificara la regulación del juego en la Comunidad Autónoma y la aprobación del instrumento de planeamiento urbanístico. El segundo era la concesión de licencias de actividad y el tercero, la venta de cada una de las parcelas de terreno.

La comunicación entre ambas partes fue fluida durante los once primeros meses. Pero el 6 de diciembre de 2008, el despacho reclamó dos facturas y Gran Scala le preguntó a qué obedecían. Tras las oportunas explicaciones, Garrigues decidió reducir sus facturas a 40.000 euros para facilitar el pago y propone alcanzar otros sistemas de facturación. ILD dio por bueno el trabajo realizado, aunque propuso que debido al progresivo aumento del coste, dada la idiosincracia del proyecto, a partir de entonces y para evitar sorpresas, se hiciera una descripción resumida del trabajo antes de llevarlo a cabo.

«Consecuentemente con ello, la propia demandada (Gran Scala) dio por buenas las facturas libradas hasta la fecha», que sumaban un total de 96.837 euros. Con posterioridad, se giraron otras que el juez analiza y llega a la conclusión de que son correctas.

En febrero de 2009 se facturaron 482 horas de trabajo que fueron empleadas en cumplimentar 68 contratos de opción de compra de terrenos con vecinos de Monegros. Otra minuta responde a la presentación de las declaraciones de impuestos ante la administración, así como reuniones con personas y entidades tendentes a conseguir distintas fases del proyecto, como la modificación de la ley del juego o sobre el interés de algunas empresas en instalarse en el futuro complejo. Y aunque no hay constancia documental, el magistrado las considera factibles puesto que figuraban en el contrato que ambas partes firmaron. Lo mismo opina del resto de facturas aportadas relativas a reuniones relativas a solventar escollos para aprobar la ley o la preparación de enmiendas.

Recurso ante la Audiencia

En cuanto a los intereses de demora, el juez los fija en 22.552 más los que devengan después de esta sentencia, que ha sido recurrida, como confirmó ayer el letrado de ILD, Edouard Aguirre.

El abogado manifestó que el fallo ha sido impugnado en «todos sus extremos». Entre ellos, que el magistrado considera válido el emplazamiento que se hizo de ILD en el despacho de un procurador que había sido nombrado y apoderado para un asunto anterior sin las pertinentes traducciones al inglés de la demanda y sus documentos. Aguirre cuestiona también la competencia de los tribunales españoles para juzgar este asunto, así como la cuantía que fija el despacho de Garrigues y la condena en pago de intereses.