El consejero de Hacienda y Administración Pública, Mario Garcés, ha afirmado que el Ejecutivo autonómico no va a cumplir el objetivo anual de estabilidad presupuestaria y prevé que el déficit alcance los 929 millones de euros, un 2,6%, el doble de lo previsto.

Así lo ha dicho a los medios de comunicación, antes de comparecer a petición propia en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón, para exponer la "situación de partida" del nuevo Ejecutivo que preside Luisa Fernanda Rudi y los principales ejes de acción de su departamento.

No se cumple el objetivo de estabilidad

Para evaluar la situación de las arcas de la Comunidad, Garcés ha explicado que la situación de partida es "muy difícil", con una "caída estrepitosa" de los ingresos, que implica que el Gobierno de Aragón "no va a cumplir el objetivo de estabilidad", con un exceso de déficit sobre el objetivo permitido de unos 485 millones.

Garcés ha explicado que esta situación tiene una base estructural por un insuficiente modelo de financiación autonómica, pero también está motivada por "errores" cometidos por el anterior gobierno, que presidía el socialista Marcelino Iglesias.

Según el consejero de Hacienda, el compromiso de su departamento va a ser el de cumplir la estabilidad, pero "desde la realidad de los gastos" y, por eso, se redactará un proyecto presupuestario "sin trampantojos", ni "engaños".

Las cuentas estarán determinadas por el "lastre" económico que se ha heredado pero desde el compromiso de que las políticas "esenciales", sanidad, servicios sociales, educación y justicia, no se mermen.

Así, ha avanzado de que se trabaja en una ley de estabilidad presupuestaria que tendrá un techo de gasto, un capítulo que en este ejercicio alcanzará los 5.100 millones de euros, y que contará con mecanismos de contención de las modificaciones alcistas.

Fondo de reserva para servicios sociales

También se ha comprometido a que en etapas de superávit, Aragón dispondrá de un fondo de reserva para servicios sociales y sanidad y para ir liquidando deuda.

Garcés ha agregado que se ha elaborado un plan de racionalización del gasto corriente que afectará a áreas como coches oficiales, publicidad institucional o consumo energético. La primera de las medidas a aplicar será la desaparición de una práctica "cuasi franquista", como la entrega de ayudas inespecíficas y ha especificado que todas las ayudas se someterán a los principios de transparencia y concurrencia.

Además, para la entrega de ayudas públicas a las haciendas locales se les va a exigir un plan de racionalización del gasto. Plan estratégico de patrimonio inmobiliario

El Gobierno de Aragón también tiene prevista la elaboración de un plan estratégico de patrimonio inmobiliario y el que se pueda "colocar" en el mercado se enajenará.

Se va a aprobar una ley de subvenciones y ayudas públicas que garantice que generan beneficios económicos sociales y que se entregan a quien se debe.

Garcés ha señalado que la auditoría sobre la situación de las cuentas del Gobierno estará concluida en la primera quincena del mes de octubre y hasta que no se tengan los resultados no se adoptarán decisiones sobre las empresas públicas.

Entre otras medidas, ha anunciado que se pondrá en marcha un plan contra el fraude fiscal y la eliminación del impuesto de tendidos aéreos, que ha calificado ante la Cámara de "injusto e innecesario".

La eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, ha añadido, se acompasará al ritmo de evolución de las magnitudes económicas de Aragón y se ejecutará a lo largo de la legislatura. También tiene previsto una ley de empleo público, "fundamental", ha dicho, para la seguridad jurídica del colectivo; modernizar la administración e intentar regular la tasa de provisionalidad en la Administración aragonesa, una de las más altas de España.

La primera intervención en comisión del nuevo consejero de Hacienda ha sido criticada por los partidos de la oposición, que le han recriminado la falta de medidas para crear empleo, y desde el PAR, formación que ha suscrito un pacto de gobernabilidad con el PP para toda la legislatura, se le ha señalado que la situación no es tan complicada como la que ha expuesto.

Reacciones

La socialista Ana Fernández ha echado en falta medidas concretas para la creación de empleo, ha augurado que las medidas anunciadas generarán más desigualdad social y ha anunciado una oposición "constructiva y responsable", y "exigente" con las políticas sociales.

El portavoz del PAR, Antonio Ruspira, le ha advertido que su apoyo está condicionado al cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad, tanto en el apartado de gastos como de ingresos, se ha mostrado convencido de que la deuda tiene solución y de que la situación no es tan complicada como la que ha expuesto.

José Luis Soro (CHA) ha reprochado al consejero el incumplimiento del plazo de elaboración del proyecto de presupuestos, con lo que se "hurta" la participación en el debate a la oposición, ha incidido en la necesidad de actuar en los ingresos y ha apuntado que éste es un momento para plantear una subida de impuestos, mientras que la eliminación del de sucesiones y donaciones supone "no reactivar la economía y perdonar dinero a las clases más altas".

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, le ha culpado de tratar de crear miedo y le ha preguntado por los mecanismos que empleará el PP para crear empleo.