Antonio Royo Velilla, que hasta el pasado mes de marzo trabajaba como escolta del consejero de Medio Ambiente del Gobierno aragonés, Alfredo Boné, podrá embarcarse como vigilante privado en los atuneros españoles que faenan en los mares de Somalia. El juez le autoriza a salir del país y no se opone a que sea contratado por una empresa que desempeña esas tareas. Tan solo le obliga a que, antes de partir, comunique al juzgado la previsión de lo que va a durar el viaje.

Antonio Royo fue detenido el pasado 20 de marzo como presunto autor de un delito de tráfico de influencias. Su arresto se llevó a cabo después de que se presentase voluntariamente ante la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, tras enterarse de que estaba siendo buscado por su presunta implicación en la trama de corrupción urbanística de La Muela. El día anterior se había producido la detención de 18 personas, entre ellas la alcaldesa de la localidad, María Victoria Pinilla, varios de sus familiares, así como de un concejal y empresarios. La noticia de estos arrestos le cogió en Estambul, haciendo labores de guardaespaldas de Alfredo Boné.

Desde entonces y tras ser imputado en la causa, ha estado en paro. Su abogado, José Antonio Ruiz Galbe, solicitó recientemente al juez de La Almunia que le dejase firmar un contrato de trabajo para proteger atuneros en Somalia (actualmente piratas somalíes tienen secuestrado desde hace 20 días al atunero español 'Alakrana'). El letrado explicaba al instructor que a su cliente se le había presentado la ocasión de poder formar parte de una compañía que contrata a vigilantes españoles para velar por las seguridad de los pesqueros, que faenan por temporadas de cuatro meses. "Se trataría pues de trabajar en un buque de nacionalidad española, lo que supondría hacerlo en territorio español", pero imposibilitaría poder realizar las presentaciones mensuales en el juzgado, a las que está obligado. El abogado recordaba al instructor que como, además, es muy previsible que el procedimiento se demore mucho en el tiempo, su cliente está sufriendo una situación "terriblemente gravosa" que excede en mucho de las consecuencias de la imputación que sufre (tráfico de influencias) y cuya penalidad hipotética es muy baja (entre 6 meses y un año de cárcel)".

Por todo ello, Ruiz Galbe solicitaba al juez Alfredo Lajusticia que se facultara a su defendido para poder hacer un contrato de trabajo en un barco español y que le eximiera de presentarse en el Juzgado, durante el tiempo que durara la travesía del navío y prestación de sus servicios. El abogado le proponía que adecuara las fechas al tiempo que se hallase en tierra y que serán comunicadas puntualmente al juzgado.