Economía estudia una revisión de las tasas autonómicas para aumentar los ingresos

El Gobierno de Aragón estudia revisar las tasas autonómicas y los precios públicos como una de las medidas para recuperar los ingresos. No en vano, el avance de la liquidación de 2009 revela que por este concepto, la DGA dejó de ingresar unos 12,5 millones de euros, pasando de los 167,5 presupuestados a los 155 que finalmente cobró o está pendiente de recibir. Es una de las medidas que consta en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Comunidad Autónoma de Aragón 2010-2012, al que ha tenido acceso HERALDO y que se aprobó el pasado lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Entre las tasas se incluyen, por ejemplo, las que se abonan por organizar vaquillas (unos 12 euros), por visar un documento (6,17 euros) o por inspeccionar centros y establecimientos sanitarios (hasta 523 euros). Pero hay también por permisos de caza, inserción de anuncios en el Boletín Oficial de Aragón, derechos de examen de pruebas de acceso a las enseñanzas de formación profesional... En los precios públicos destacan sobre todo los vinculados a la enseñanza o al uso de instalaciones propiedad de la administración autonómica.

Posibilidad de cambiar tributos

Pero no es la única medida planteada. También se contempla como una opción las posibilidades que ofrece el nuevo sistema de financiación autonómica, que, por ejemplo, permite modificar más elementos de los tributos cedidos por el Estado o seguir estableciendo más propios dentro de los límites que fija la ley. Asimismo, se aboga por una buena gestión tributaria "para conseguir una mayor eficiencia en el proceso de recaudación, inspección y liquidación de los tributos". Para lograrlo, se incide en la actualización de los sistemas informáticos y la formación y especialización del personal técnico.

En el capítulo de gasto, también se valoran nuevas acciones de choque, más allá de las ya previstas en el presupuesto de este año. Estas medidas de contención podrían ser adoptadas durante este mismo ejercicio o en los próximos. No obstante, muchas de ellas aportan pocas novedades. Es el caso, por ejemplo, de un plan de ordenación de los espacios físicos de la Comunidad para ahorrar los costes de alquiler y de mantenimiento. Sin embargo, la DGA ya tiene previsto desde hace varios meses convertir los edificios de la Expo en un complejo administrativo.

También se plantea extender la central de compras que se ha puesto en marcha en el Salud a toda la administración, de forma que se fomente la adquisición centralizada de bienes y, por tanto, el abaratamiento de los costes. En este afán unificador se engloba también la creación de una central de contratación, "un órgano único especializado en materia de contratación al que se le atribuyen competencias propias".

En cuanto al endeudamiento, al igual que se ha hecho con la deuda de las empresas públicas, la DGA pretende revisar todas las operaciones para "refinanciar aquellas que puedan comportar una reducción del coste financiero" y analizar las operaciones de cobertura, para optimizar la carga financiera. Precisamente, se prevé aumentar la deuda.

Mejorar la transparencia

Como medida global, el Ejecutivo quiere controlar al máximo la ejecución del gasto para evitar que determinados acuerdos incrementen el gasto público no presupuestado. Para ello, el Departamento de Economía y Hacienda deberá emitir un informe preceptivo y vinculante para "velar por su cumplimiento". Además, quiere establecer un mecanismo para hacer un seguimiento periódico de los objetivos presupuestarios y de la responsabilidad de los titulares de los centros de gasto. También se apuesta por el uso de las nuevas tecnologías y la comunicación en la contratación pública "para incrementar la transparencia y la eficacia en los procesos administrativos".

En el documento, también se hace referencia a las medidas ya incluidas en este ejercicio. Algunas de ellas se cuantifican. En concreto, las que se aplican en personal (no cubrir vacantes, congelar salarios y no desarrollar la carrera profesional, entre otras) suponen un ahorro de 7,2 millones. En gasto corriente la cifra llega a los 110 millones, aunque si se compara con la liquidación de 2009, se incrementa hasta los 236.