Polémica en Caspe por las sanciones a decenas de dueños de viviendas ilegales

La situación de las viviendas ilegales de Caspe protagoniza desde hace semanas la actividad municipal. El Ayuntamiento inició meses atrás un proceso para inspeccionar toda la bolsa de construcciones irregulares que hay en el término, cuyo número podría rondar las 400. Por el momento, ha abierto medio centenar de expedientes sancionadores, de los que unos 35 ya se han cerrado con multas de 4.000 euros como máximo, según fuentes municipales. Ayer, un grupo de vecinos afectados constituyeron formalmente una asociación que pide "otro modo de solucionarlo".

Los inmuebles no ocupan una zona concreta, sino que están dispersos por todo la localidad. Algunas se construyeron hace décadas, mientras que otras acaban de iniciarse. Para complicar más aún todo, hay viviendas en suelo rústico y algunas en urbano. Todo esto hace que el paso que quiere dar el Consistorio caspolino para cumplir con el ordenamiento urbanístico sea muy complejo.

A esto se une la sucesión de denuncias por parte de los propietarios contra un aparejador municipal, contra quien el Ayuntamiento inició por ello un expediente disciplinario que aún está abierto. Este trabajador es el mismo al que la corporación caspolina suspendió seis meses de empleo y sueldo por una "falta muy grave" a raíz de un concurso público.

Un "agravio comparativo"

La alcaldesa, Teresa Francín (PSOE), reconoció que se trata de un proceso "duro" para el equipo de gobierno, aunque dijo que intentarían solucionarlo "de la mejor forma". Sobre estos pisos, explicó que suponen un "agravio comparativo para el resto de vecinos", y señaló que "no todos los casos son iguales". "Algunos se pueden legalizar, pero en otros casos es más complejo", admitió.

Según Francín, el Ayuntamiento dio los primeros pasos con la llegada de un segundo aparejador, con el que tuvieron una "capacidad para inspeccionar las obras" que antes no había. La situación se agravó con la interposición de denuncias entre particulares por culpa de estas viviendas ilegales.

El principal requisito que se pide a los propietarios es que la parcela mínima sea de 10.000 metros cuadrados, como exige la normativa en Caspe. Menos importancia tiene la proximidad de la vivienda respecto del camino.

Desdel el CPC, socio del PSOE en el gobierno municipal, Javier Sagarra calificó los hechos de "escandalosos". "Lo más grave es que, después de abrir los primeros expedientes, tras varias reuniones, nos hemos encontrado con personas que continúan construyendo obras ilegales", criticó.

Los otros dos grupos con representación, el PAR y el PP, optaron por el cumplimiento de la legalidad. "No podemos votar contra un delito que se ha manifestado", dijo Carlos Alastuey, portavoz aragonesista. Su homólogo popular, Juan Manuel Lizarbe, también resaltó el "agravio comparativo" y el "perjuicio para el Ayuntamiento" que suponen esas viviendas.

Una de las afectadas, Inmaculada Gutiérrez, es desde ayer presidenta de la 'Asociación en defensa de la vivienda rural diseminada', la organización que han constituido. "Estoy empadronada en esa casa desde hace dos años", empezó señalando esta vecina. Luego, Gutiérrez lamentó las formas del Ayuntamiento: "No nos avisaron antes, directamente fuimos nombrados en un pleno. No sé si es legal o no, pero desde luego no es ético".

Lamentó que la corporación "cambie de repente su filosofía" y destacó además la existencia de "irregularidades" en la tramitación de los expedientes. "Nuestro objetivo es poner en evidencia la torpeza del Ayuntamiento con las denuncias. Había otro modo de solucionarlo", manifestó. "En muchos casos", dice, fue un trabajador municipal el que les indicó que pidieran "un permiso para almacén" y que construyeran, que no habría "más problemas". Por último, Gutiérrez dijo ver una "motivación política" tras el proceso.