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La Plataforma en Defensa de las Montañas ha presentado en el registro del Gobierno de Aragón casi un millar de alegaciones individuales contra la ampliación de la estación de esquí de Cerler por el valle de Castanesa en las que se pide su retirada por las afecciones graves que implicaría.

Paco Iturbe, uno de los portavoces de la plataforma, que abandonó la Mesa de las Montañas precisamente por los avances en los trámites administrativos de la ampliación, ha declarado a los medios de comunicación que el número de alegaciones presentadas da idea de la "gran indignación" social que ha provocado el proyecto, que es "imposible", a su juicio, que cuenta con una declaración de impacto ambiental positiva.

El abanico de alegaciones contra este proyecto de dimensiones "desmesuradas", ha dicho, es "múltiple" e inciden en aspectos como las graves afecciones que producirá en varios espacios naturales, de manera directa al Lugar de Interés Comunitario Río Isábena e indirecta al Parque Natural de Posets-Maladeta, y a varias cabeceras de ríos.

Según Iturbe, desecará varios arroyos, el paisaje de montaña se verá muy degradado, habrá construcciones en cotas de muy alta montaña, como una cafetería a 2.300 metros en el collado de Tous, y también afectará a especies en peligro de extinción, como la perdiz nival, que está dentro del ámbito de la estación y que desaparecerá.

Pero además, el proyecto se tendría que "venir abajo" sólo por el hecho de que carece de un estudio para verificar si esa estación tendrá o no nieve con el cambio climático que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) exigió de manera preceptiva a la promotora de la ampliación, Aramón (sociedad participada al 50 por ciento por el Gobierno de Aragón e Ibercaja).

En las alegaciones se pide la retirada del proyecto o que el INAGA declare negativa la declaración de impacto ambiental, pero si no son atendidas, sigue abierta la vía de presentar una queja ante la Unión Europea.

Además, ha recordado que el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Montanuy, en el que se prevé construir unas 4.000 viviendas en un valle de unos 300 habitantes para atender la ampliación, está pendiente de resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

En el caso de que el TSJA decida anular el plan urbanístico, ha afirmado Iturbe, la ampliación también "desaparecería" como tal porque se sustenta "exclusivamente" en el urbanismo para transformar el valle.

Iturbe ha comentado que las 982 alegaciones presentadas hoy son una "parte minúscula" de las registradas de manera individual o por decenas de organizaciones, con lo que va a ser una de las iniciativas que más pegas reciba por parte de la sociedad en los últimos años a pesar de la "premura", por el escaso tiempo que ha habido para estudiar este proyecto, con "arcones" llenos de documentos que han hecho prácticamente imposible "hincarle el diente".