Boné contradijo a Urbanismo en 2003 y rechazó medir el impacto de la cuarta fase de Centrovía

Mucho antes de que los investigadores iniciaran las pesquisas de la Operación Molinos, el departamento de Medio Ambiente ya había tomado decisiones controvertidas en La Muela. Un ejemplo es la cuarta fase del polígono Centrovía. En 2003, la consejería que dirige el aragonesista Alfredo Boné contradijo un dictamen de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio (CPOT) y resolvió no someter a un estudio de impacto ambiental este sector, de 137 hectáreas de superficie y que era monte de utilidad pública. El Ayuntamiento de La Muela, en cualquier caso, ni siquiera esperó al informe de Medio Ambiente e inició las obras de urbanización sin cumplir la prescripción de Urbanismo, lo que dio lugar a varias denuncias.

Las cuatro decisiones clave en relación a la cuarta fase del polígono, promovida por la sociedad urbanística, se tomaron en los diez primeros meses de 2003. En enero, la CPOT informó favorablemente de la delimitación de suelo para el denominado sector 4 I de uso industrial de La Muela. El órgano urbanístico, al que pertenece entre otros el director provincial de Medio Ambiente, emitió su voto de forma unánime.

Puso, eso sí, varias prescripciones. Las más destacadas: determinar la prevalencia del desarrollo industrial frente al monte de utilidad pública y la necesidad de someter el proyecto de urbanización a una evaluación de impacto ambiental (EIA). En este caso, lo justificaba al conllevar la "eliminación de cubierta vegetal arbustiva" y superar las 100 hectáreas, como aparece en la Ley 6/2001.

La CPOT también supeditaba el otorgamiento de licencias de obras a que estuviera listo el sistema de depuración de aguas, algo que se incumplió puesto que hoy por hoy, en 2009 y con seis fases de Centrovía ya aprobadas, el polígono sigue vertiendo residuos al campo, al no estar listo el colector hasta la depuradora de Pla-Za.

En abril de 2003, el consejero Boné autorizó la prevalencia de interés del desarrollo industrial sobre la utilidad pública del monte. Se trata de la única descatalogación aprobada en la actual década con este procedimiento (la prevalencia) que no se refiera a infraestructuras viarias o hídricas. Y la tercera de mayor tamaño tras los embalses de La Loteta (2002) y Mularroya (2008).

El 2 de julio de ese año, sin haber cumplido con todos los requisitos impuestos por Obras Públicas, la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, aprobó inicialmente el proyecto de reparcelación de la cuarta fase. A finales de septiembre se iniciaron las obras, como atestiguan las denuncias interpuestas contra los primeros desmontes. La propia consejería de Medio Ambiente envió entonces un requerimiento a la corporación muelana para que detuviera los trabajos.

Tan solo una "ampliación"

Pocos días más tarde, el 6 de octubre, la directora de Calidad Ambiental resolvió no someter a evaluación de impacto el proyecto de urbanización de la cuarta fase. El departamento argumentó que el proyecto era de una tipología diferente a la reflejada por la CPOT y lo consideró una "ampliación" que no afectaba a ningún espacio protegido. Sí que obligó al Ayuntamiento a "cumplir los condicionantes impuestos" en la declaración de impacto ambiental de las primeras fases del polígono.

Curiosamente, la corporación aprobó el proyecto de urbanización ese mismo día, el 6 de octubre de 2003. El Consistorio logró resolver así la situación creada al iniciar las obras antes de tiempo.

Ayer, fuentes de Medio Ambiente justificaron su postura seis años atrás. Tras reconocer la existencia de "constantes criterios de interpretación" sobre este asunto, señalaron que la propia UE ha diferenciado entre los casos en los que se realiza una "evaluación de planeamiento" y los que son una "evaluación de proyecto", para aplicar así la necesidad o no de evaluación de impacto ambiental. Según las mismas fuentes, al haber aprobado la Comisión Provincial el plan parcial no era necesario ya la EIA para el proyecto de urbanización, al "tratarse ya de suelo urbanizable".

Para "descartar afecciones"

Frente a este criterio, expertos medioambientales consultados por este periódico consideraron "lógico" que, como en las anteriores fases del polígono, se hubiera exigido una EIA del nuevo sector, ante "una actuación de este calibre" y "para descartar así cualquier posible afección".

La cuarta fase de Centrovía, la última que hay urbanizada en el polígono, se completó hace tres años. Las obras para la quinta zona comenzarán en breve, mientras que la DGA autorizó hace medio año la delimitación de suelo para la sexta, de más de 150 hectáreas. En total, el polígono de La Muela suma ya casi seis millones de metros cuadrados de terreno.