El Gobierno de Aragón y el Obispado de Barbastro-Monzón han presentado una demanda civil ante el Juzgado de Primera Instancia de Barbastro (Huesca), para exigir la ejecución de la sentencia de la Signatura Apostólica de la Santa Sede que ordena la devolución a la diócesis aragonesa de los bienes religiosos depositados en Lérida.

Así lo ha confirmado el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, en declaraciones a los medios de comunicación, a los que ha dicho que éste es un paso "conjunto" y "muy importante" para lograr la devolución de las 113 piezas de arte sacro de las parroquias de la zona oriental de Huesca que se conservan en el Museo Diocesano de Lérida, que sucesivas sentencias de los tribunales vaticanos han determinado que deben ser devueltas a Aragón.

En este proceso, el Obispado de Barbastro-Monzón actúa como propietario de los bienes, mientras el Gobierno de Aragón lo hace como codemandante, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía que le obliga a promover el regreso de los bienes que forman su patrimonio cultural.

Con esta actuación judicial se solicita la ejecución forzosa de la sentencia dictada el 28 de abril de 2007 por el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica de la Santa Sede, que ordena restituir las piezas de arte sacro a más de un centenar de parroquias oscenses que las reclaman desde 1995, cuando dejaron de pertenecer a la diócesis leridana y pasaron a estar adscritas a la de Barbastro-Monzón.

El presidente Marcelino Iglesias ha llamado la atención sobre el hecho de que es la primera vez que se exige el cumplimiento de la sentencia, lo que supone un "salto definitivo".

Ha mostrado su deseo de que el juez ordene su cumplimiento, porque, a partir de ahí, se emitirá un mandato judicial para que se ejecuten las sentencias y los bienes vuelvan a la diócesis de Barbastro-Monzón, que las reclama desde 1995.

El proceso, ha reconocido, podría retrasarse "algunas semanas" si el juez pide la traducción de la sentencia de la Signatura Apostólica, que está escrita en latín.

A partir de ahí, han precisado fuentes del Ejecutivo autonómico, el juez podría llamar a declarar a las partes y la resolución judicial acelerarse.

La decisión que tome el juez no admitirá recursos por parte de las autoridades catalanas o del Obispado de Lérida, ha agregado Iglesias.

Esto es debido, ha explicado, a que el Concordato en el que se basan las relaciones del Estado y la Iglesia católica en España reconoce a los tribunales de la Signatura "la misma capacidad y autoridad" que al Tribunal Supremo y, cuando emiten una sentencia, igual que ocurre con un tribunal ordinario, "hay que cumplirlas".

Las sentencias relativas a los bienes religiosos llevan dictadas años y, aunque siempre han dado la razón al Obispado de Barbastro, "no se han cumplido", ha lamentado el presidente.

Iglesias viajará este viernes a Lérida para participar en un coloquio con agentes sociales de la provincia invitado por el diario "Segre".

Su intención, ha detallado, es explicar la posición de Aragón en este litigio y las relaciones que la comunidad mantiene con Cataluña, en ocasiones díficiles porque con quien se tiene habitualmente problemas, ha reconocido, es "con los vecinos".

Reacción en Lérida

Mientras, el Obispado de Lérida ha manifestado tras conocer la presentación de la demanda civil, que preferiría que no se hubiese llevado el litigio a los juzgados.

Así lo ha explicado el portavoz de la diócesis leridana, Antoni Agelet, que ha señalado que aunque preferirían que no se hubiese llegado a este extremo, se trata de una demanda que no les ha sorprendido porque ya se había anunciado.

"Están en todo su derecho de intentar hacer valer los medios que consideren necesarios, aunque preferiríamos que no se hubiese llevado el caso ante el juez", ha señalado Agelet.

El portavoz diocesano ha explicado que en estos momentos las negociaciones y el diálogo entre la diócesis aragonesa y la de Lérida están "paradas", ya que "cada uno se mantiene firme en su postura".

Tresserras reitera la unidad de la colección

Por su parte, el consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Joan Manuel Tresserras, ha reiterado la unidad de la colección de arte sacro y ha señalado: "hay una colección legítimamente constituida y amparada por la ley de patrimonio que habla de la unidad de la colección y nos mantendremos fieles a ello".

"No se trata de un pulso o una partida de ajedrez -ha agregado el consejero catalán- tenemos documentación que acredita la procedencia de esta colección, que tiene amparo legal".

Tresserras ha hecho hincapié en que la Generalitat "mantiene una cordialidad máxima con Aragón" y que su postura en este asunto "no tiene que ver" con la relación entre ambas comunidades.