El Gobierno de Aragón gestionará la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos del Ebro que garantiza el Estatuto de Autonomía y evaluará la ejecución de las inversiones previstas en su territorio en los Presupuestos Generales del Estado, para proponer fórmulas para subsanar las partidas no ejecutadas.
Estos son dos de los acuerdos a los que se ha llegado hoy en la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, máximo órgano de relación entre ambas administraciones que se ha celebrado en Zaragoza con la participación del ministro de Política Territorial y vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, bajo presidencia aragonesa.
Tras la reunión, el vicepresidente del Gobierno aragonés, José Ángel Biel, ha explicado, respecto a la posibilidad de que la Comunidad gestione la reserva hídrica que establece el Estatuto de Autonomía, que se creará un grupo de trabajo para "encauzar" la participación de Aragón, y ésta se hará en términos similares al traspaso ya realizado a Andalucía de la cuenca del Guadalquivir.
La Comunidad de Aragón, según una nota del Ejecutivo, colaborará en la planificación hidrológica y en los órganos de gestión estatal de los recursos hídricos y de los aprovechamientos hidráulicos para uso exclusivo de los aragoneses "que no afecten a otros territorios".
Manuel Chaves ha expresado tras la reunión el "compromiso" del Estado en profundizar en el "despliegue" del Estatuto de Autonomía de Aragón y ha incidido en el "calado" de los acuerdos rubricados.
Además del relacionado con la reserva hídrica, ambos gobiernos han llegado a un acuerdo para crear otro grupo de trabajo para realizar un "seguimiento pormenorizado" de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y, anualmente, antes del 30 de junio, emitirán "un informe de propuesta" para subsanar las posibles partidas no ejecutadas.
Preguntados por la posibilidad de que Aragón se haga cargo de los remanentes de las partidas no ejecutadas, tal y como se ha aprobado para Cataluña, tanto Biel como Chaves han rehusado dar detalles de esta posibilidad, pero el ministro ha asegurado que "lo importante" es que existe "voluntad política" de cooperar y un "buen entendimiento".
Además, se ha acordado que Aragón participará en la planificación de las infraestructuras estatales, ya que se ha pactado que antes del 1 de mayo de cada año se deberá concretar, en el seno de la propia comisión, las inversiones estatales, su prioridad y cuantía en Aragón, siempre en función de los criterios establecidos en el Estatuto de Autonomía relacionados con la superficie, la orografía, la condición de comunidad fronteriza y la despoblación.
Además, se van a crear otros grupos de trabajo para comenzar a estudiar la transferencia de competencias como las de inspección de trabajo, inmigración o los aeropuertos que no sean de interés general.
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