Dos consultoras del Inaga que trabajaron para Forestalia niegan ser "juez y parte"
Admiten que colaboraron con la compañía e intervinieron en expedientes del grupo tras negarlo el exgerente del ente público y ser causa de incompatibilidad como denuncia el PP.
Dos de las tres consultoras contratadas por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) para desatascar la evaluación de los proyectos de renovables han negado ser "juez y parte" en el procedimiento a pesar de haber trabajado para Forestalia e intervenir en expedientes que le afectaban.
Así lo han admitido tanto la exdirectora general de Vea Qualitas, Ángela Laguna, como el director de Calidad y Estudios, Federico Vicente, ante la comisión de investigación de las Cortes, donde han defendido de forma "radical" que no incurrieron en incompatibilidad. Y lo han sostenido sobre el argumento de que no informaron de ningún parque eólico o solar en el que previamente hubieran trabajado por encargo de las promotoras.
Sus declaraciones contradicen la postura defendida hace menos de un año por el exgerente del Inaga, Jesús Lobera, quien sostuvo que Calidad y Estudios no informó de parques de Forestalia por su relación directa y el trabajo lo asumieron Sarga y Qualitas para no incurrir en una incompatibilidad.
El portavoz del PP, Fernando Ledesma, ha ido más lejos al desvelar que el pliego de prescripciones extendía la cláusula de incompatibilidad para las consultoras a la "existencia de cualquier tipo de relación de interés con la persona, entidad o grupo promotor del expediente en cuestión". Y así se lo ha trasladado a la exrresponsable de Vea Qualitas "porque no le ha debido quedar clara", tras señalarle que Forestalia incluye su logotipo en todos los expedientes.
Ángela Laguna ha explicado que su labor no era "investigar" el grupo de empresas a la que pertenecía cada una de las sociedades de los proyectos que analizaron y se limitaba a comprobar que no hubiera actuado previamente en las actuaciones que le asignaba la sociedad pública. En su tensa comparecencia, en la que ha protagonizado un rifirrafe con el portavoz de Podemos, Andoni Corrales, por sentirse "atacada", ha insistido en que fueron "transparentes" y aportaron al Inaga el listado de trabajos previos que les habían encargado los promotores de renovables, entre ellos Forestalia.
La exdirectiva de Vea Qualitas ha concluido que era "muy triste" que los parlamentarios pusieran "en tela de juicio" la labor de su consultora y ha descargado cualquier "responsabilidad" en el Inaga. "Si me dan un proyecto y él (por el Inaga) sabe que es de Forestalia, no es problema mío, es del Inaga", ha sentenciado.
A renglón seguido, el director de Calidad y Estudios, Federico Vicente, ha mantenido la misma tesis de que su empresa no incurrió en incompatibilidad pese a haber informado de 12 proyectos de Forestalia entre los 105 que le asignó el Inaga y ejercer "una de sus hermanas" en dicha empresa como directora de proyectos eólicos. En su caso, ha asegurado que aplicaron un "doble filtro" para comprobar que no hubiera relación previa en los expedientes que les adjudicaron y ha sentenciado que los términos de incompatibilidad "se ven por expediente". "No hemos sido juez y parte", ha defendido.
Ledesma ha llegado a acusarle de "violar" la cláusula de incompatibilidad por su relación directa con la citada promotora, a lo que el directivo ha replicado que, de aplicarse en este sentido, "eximiría de poder trabajar" a las consultoras.
Vicente también ha negado haber recibido presiones "ni desde dentro ni desde fuera" para cambiar el criterio técnico en la valoración ambiental de los proyectos.
Su tesis sobre la inexistencia de incompatibilidades la ha respaldado el que fuera secretario general del Inaga entre los veranos de 2022 y 2023, Andrés Medina. En una contundente intervención, ha asegurado que consultó verbalmente sobre esta cuestión a la directora general de los Servicios Jurídicos y al entonces letrado jefe, quienes le trasladaron que el procedimiento fue "impecable".
Tras surgir lo que ha tildado de "especie de escándalo" en la precampaña electoral de hace un año, volvió a consultar y quedó "meridianamente claro" que no había incompatibilidad si durante la vigencia del contrato del Inaga las consultoras no trabajaban para las promotoras. "No ha existido ninguna actuación irregular", ha apostillado.
Al igual que su antecesor como número dos del organismo ambiental, Ángel García Córdoba, ha negado que recibieran presiones "ni llamadas de ningún tipo" y que su competencia no era tramitar los expedientes de las renovables. Sobre las posibles incompatibilidades de las consultoras, García Córdoba se ha limitado a señalar que los pliegos y las cláusulas "ahí están y no han sido recurridas". En todo caso, ha aclarado que no le correspondía supervisar si se cumplían porque los responsables eran las consultoras y los funcionarios del Inaga que repartían expedientes.
En cuanto a su cese como secretario general del Inaga, por el que le han preguntado varios de los diputados en relación al atasco de expedientes de renovables, ha apuntado que el exconsejero Joaquín Olona la justificó en una pérdida de confianza y entendía "las reglas del juego" al tratarse de un puesto de libre designación. No obstante, ha puntualizado que la decisión se tomó un mes después de que advirtiera en un informe de la falta de personal para tramitar "en plazo" las renovables.
En la misma línea, Medina ha corroborado el "colapso" que se encontró al sustituirle en el Inaga y ha indicado que se trata de un problema estructural desde que se constituyó el organismo ambiental hace veinte años y no puede achacarse a los trámites de parques eólicos y solares, como también declaró este jueves el actual gerente, Luis Simal, en las Cortes.
La sesión de la comisión de investigación la ha cerrado la que fuera jefa de área del Inaga para las renovables entre mayo de 2023 y el pasado febrero, Elena Martín, quien ha señalado que tampoco sufrió presiones o instrucciones. "Los funcionarios tomamos las decisiones con total independencia de los distintos gobiernos", ha resaltado.
