Azcón cree que el recurso del Ministerio "no afecta a Aragón" porque no ha aprobado una nueva ley de memoria

Nuevo choque institucional entre el Gobierno de Aragón y el de España. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha advertido este lunes que recurrirá la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón al considerar que se trata de una medida que “invade claramente el derecho internacional y la defensa de los derechos humanos”. Por contra, el presidente de la DGA, Jorge Azcón, ha asegurado que el anuncio del ministro “no afecta” a la Comunidad, puesto que únicamente se ha eliminado una normativa y aún no se ha aprobado otra que la sustituya. Desde el Pignatelli, en la misma línea, defienden que su actuación fue "jurídicamente intachable".

Torres ha comparecido ante la prensa para reaccionar a las políticas de los gobiernos autonómicos PP-Vox contra las leyes de Memoria: tanto la derogación ya aprobada en Aragón como las proposiciones de leyes de Concordia que preparan Castilla y León y Valencia.

En el caso aragonés, el ministro ha anunciado que recurrirá la ley que derogó el pasado mes de febrero la ley de Memoria Democrática de Aragón. A su juicio, esta medida es una “imposición de la ultraderecha” al PP, pese a que “muchas de las enmiendas” de aquel texto, que vio la luz en 2018 bajo el Gobierno del socialista Javier Lambán, “fueron aprobadas” por los populares.

Torres ha señalado que la ley de derogación, como cualquier otra emanada de un parlamento autonómico, ha sido analizada por Política Territorial, y tras dicho estudio se ha concluido elevar mañana al Consejo de Ministros un informe de los servicios jurídicos que sentará las bases de un recurso. Tal y como recoge el procedimiento, se abrirá un periodo de diálogo entre las partes de hasta seis meses, y si en ese plazo no se resuelven las diferencias, el Gobierno central acudirá al Tribunal Constitucional.

En concreto, el ministro ha ejemplificado su reparo jurídico en tres de los puntos que recoge la ley de derogación aprobada por el Parlamento autonómico, como son la supresión del mapa de fosas comunes, “lo que imposibilita las exhumaciones”, ha advertido; del inventario de lugares y rutas de Memoria; y de la disposición que homenajeaba a los aragoneses que perdieron la vida en los campos de concentración nazis, algo, a su juicio, “inaceptable”.

Torres ha querido aclarar que “tanto en Aragón, como en cualquier rincón de España, el Gobierno aplicará la ley estatal” y ha asegurado que se seguirán subvencionando las exhumaciones desde el Ministerio. “En Aragón no va a quedar ninguna fosa sin exhumar”, ha garantizado el ministro.

Para el Ministerio, estas medidas “invaden claramente el derecho internacional y la defensa de los derechos humanos”, por lo que serán recurridas. En cambio, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, rechaza de plano este planteamiento. “No afecta a Aragón porque Aragón no tienen ningún proyecto de ley de Concordia que vaya a tramitarse en nuestras Cortes”, ha dicho este lunes desde Madrid tras celebrar un encuentro con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Según fuentes de la DGA, Aragón únicamente ha derogado su ley de Memoria, pero no ha impulsado, todavía, el “plan de concordia” alternativo, por lo que, aseguran, no hay un texto nuevo que fiscalizar por parte del Gobierno central. Recuerdan además que ninguna comunidad está obligada a contar con una regulación de estas características y achacan la amenaza del ministro al contexto electoral que afronta el país en los próximos meses.

La portavoz de la DGA, Mar Vaquero, ha insistido en que la Comunidad no va a participar en una "farsa instrumentada", por lo que declinará la negociación con el Ministerio. A su juicio, la actuación del Gobierno de Aragón fue "jurídicamente intachable", una opinión "sustentada en el análisis de los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico", con "escrupuloso respeto" a la legislación.

Azcón, en cualquier caso, ha defendido la derogación de la ley, una medida que fue duramente criticada por la oposición y por las asociaciones memorialistas. “Mi posición no ha cambiado, es la misma que la del programa electoral con el que me presenté a las elecciones de mayo y que el acuerdo de gobierno que firmé”, ha puntualizado.

Por su parte, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha calificado de “paradójico” que el Gobierno que “quiere colar la amnistía” acuda al Tribunal Constitucional “por defender la libertad de expresión, de pensamiento o de investigación”. “Es absurdo”, ha lamentado.

Para Fúster, la formación de extrema derecha busca “procurar la reconciliación” y asegura que le gustaría “hacer más”. “La presencia de Vox en los gobiernos marca la diferencia y cambia la vida de los españoles, ha defendido.