Un año de la Ley Trans: "Tener el DNI con el nombre y sexo correctos cuesta más de medio año, se hace muy largo"
Los colectivos critican que el proceso va mucho más lento de lo previsto y faltan protocolos para que las personas extranjeras puedan adecuar su documentación.
Se cumple el primer año de la entrada en vigor de la Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, más conocida como Ley Trans. El Congreso la aprobó el 16 de febrero de 2023 y se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) unos días después, el 1 de marzo. Esta norma tensionó al Gobierno central de coalición, abrió una brecha en el movimiento feminista que persiste y, sobre todo, permite a las personas de este colectivo ser reconocidas de forma oficial, a partir de los 16 años, según su identidad sin tener que pasar por ningún requisito médico. Antes para conseguirlo debían aportar un informe que les diagnosticara disforia de género y haber pasado dos años de hormonación, unos requisitos que consideraban denigrantes ya que estaban obligadas a declararse enfermas.
Esta es la teoría. En la práctica, el cambio de nombre y la mención al sexo en el DNI va con retraso, el trámite que parecía sobre el papel tan sencillo puede prolongarse en algunos casos hasta ocho meses. Lo saben bien Leticia Ojeda y Álex Sierra, técnica de igualdad y de salud y trabajador social de la Asociación Somos LGTBI+ Aragón, que cuenta con un punto de atención a esta población, sus familiares y entorno en el barrio de San Pablo de Zaragoza.
"Los tiempos para lograr modificar el sexo legal en el registro civil y después conseguir el Documento Nacional de Identidad se están dilatando mucho más de lo que se decía. La Administración tiene sus tiempos, pero puede costar más de medio año y se hace muy largo", cuenta Ojeda. El registro civil de Zaragoza, explica, está "saturado", y "solo se puede coger cita previa 'online' los jueves de 12.00 a 12.30".
Como contrapartida, valora positivamente que tanto en su caso particular como cuando ha ido a acompañar a alguien que ha solicitado apoyo a la asociación se ha encontrado al otro lado de la ventanilla con "funcionarios empáticos" que les han facilitado la entrega de documentación y la resolución de dudas o problemas.
Además ella, de origen venezolano, se ha encontrado con otro problema añadido. No se ha reglamentado el acceso al cambio de identidad de los documentos administrativos que pide el Estado español para los migrantes trans. "La ley establece que los inmigrantes pueden llevar a cabo el cambio, pero hay que acreditar la imposibilidad legal o de hecho de hacerlo en el país de origen y no hay un protocolo establecido sobre cómo actuar", lamenta Ojeda.
Por esta razón, decidió esperar la nacionalidad española, que le aprobaron en mayo de 2023. En diciembre el registro le dio la literal, la partida de nacimiento como española y su DNI con el que hacer el cambio. En su cartera lleva la tarjeta sanitaria y la tarjeta ciudadana como mujer, lo que es posible gracias a la ley trans de Aragón de 2018. Mientras, en el documento nacional consta todavía como varón con su nombre masculino. Espera el día en el que se reconozca en ese trozo de plástico que cuenta quién es.
Ojeda llegó hace seis años a España huyendo de Venezuela tanto por su condición de trans como por la situación política y económica de su país. Para ella fue una "felicidad" manifestarse como se sentía "tras toda una vida invisibilizada por miedo", ya que dio el paso cuando ya había terminado sus estudios y había empezado su carrera profesional. Ahora acaba de empezar a tramitar el cambio de nombre y la mención relativa al sexo en su recién estrenado DNI, lo que le evitará dar muchas explicaciones cuando lo tiene que mostrar para gestiones diarias.
No hay datos oficiales sobre cuántos cambios de género registral ha habido en Aragón en el último año. Lo que tienen claro en la oficina de Somos LGTBI+ Aragón es que no ha producido un 'boom'. Durante 2023, resume Álex Sierra, atendieron una veintena de casos de personas que querían hacerlo, este año otros 3. Solo tienen constancia de que 3 hayan concluido ya el trámite con éxito. "Sí que percibimos que hay cierta prisa y urgencia de la gente para llevar a cabo el cambio, existe un temor a que todo se complique si se produce un cambio de Gobierno", reconoce.
Natalia Aventín, presidenta de la asociación Euforia. Familias Trans Aliadas se muestra muy crítica con los logros alcanzados en este primer año de andadura de la Ley Trans. La parte positiva es que la eliminación de los requisitos médicos "por su propia autodeterminación es un avance", aunque denuncia que "se ha trabajado muy poco para su desarrollo". Además, se puso en marcha el número 028 de Igualdad para atender a víctimas de LGTBIfobia.
Un vacío sobre el que llama la atención es que desde el pasado 4 de marzo las empresas con una plantilla de 50 empleados o más tienen la obligación de disponer de un protocolo contra el acoso laboral a las personas LGTBI, según el plazo habilitado en la Ley Trans. Sin embargo, "el Gobierno no ha elaborado todavía un reglamento sobre cómo aplicar la norma", denuncia Aventín.
También recrimina las "trabas" que, en su opinión, la Administración está poniendo desde los registros civiles y los obstáculos que se han encontrado a la hora de hacer el tramité por Correos vía procedimiento administrativo. Otra crítica que persiste es la falta de reconocimiento de las personas no binarias, por lo que hay que elegir "sí o sí" entre masculino o femenino.
"En todo esto subyace una cuestión estructural no sé si de sexismo o de transfobia, pero cualquier cambio resulta muy costoso", opina. Le afea al Gobierno aragonés que desde que se aprobó la ley autonómica en 2018 no se haya impulsado ninguna "campaña institucional amplia" sobre los derechos de las personas trans y todo se limite "de manera puntual" a la jornada del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo.
Euforia sigue luchando por los derechos de los menores trans. Los que tienen entre 12 y 14 años pueden cambiar la mención al sexo con autorización judicial y los de entre 16 y 14 años, siempre que acudan acompañados de sus padres o tutores legales. "El que no se haya contemplado la certificación registral de los niños de menos de 12 años es un elemento discriminatorio", asegura Aventín. Los casos los pelean uno por uno con recursos ante la Administración o por vía judicial.
