Estas son las quejas más habituales de los aragoneses ante Consumo

Las facturas de la luz y el gas que han puesto en aprietos a muchas familias aragonesas para llegar a fin de mes se dejan notar también en las demandas de información y protestas que llegan a las oficinas de Consumo del Gobierno aragonés, las asociaciones y las oficinas municipales y comarcales Por segundo año consecutivo, estos dos servicios se han colocado a la cabeza no solo de los que generaron más consultas durante 2023, sino que en el caso de la electricidad concentra también el mayor número de reclamaciones por delante de las derivadas del sector de las telecomunicaciones que tradicionalmente estaban en los más alto del ranquin. 

Así se desprende de los datos oficiales presentados este lunes con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor el próximo 15 de marzo bajo el lema 'Consumidores, igualdad y derechos'.

De las 3.976 reclamaciones y denuncias recibidas, que suponen un aumento del 9,26% respecto a 2022, el 9,36% están relacionadas con la energía eléctrica, mientras las telecomunicaciones, en segundo lugar con el 7,80%, tienen que ver con la telefonía fija y móvil, el acceso a internet y los paquetes integrados.

Las actividades de ocio, con un 6,69%, constituyen el tercer motivo más frecuente de quejas y denuncias por aspectos diversos que van desde las restricciones y condiciones de uso, a entradas de espectáculos, cines y conciertos. El gas copa el 5,46% de estos procedimientos y la banca el 2,97%, aunque en este último caso las antes habituales disconformidades por las comisiones de las propias entidades han dado paso a los conflictos derivados de fraudes y cargos indebidos en tarjetas de crédito.

Además, la cuarta parte de las 29.748 consultas que llegaron en 2023 a los diferentes servicios de Consumo en la Comunidad se centran también en la energía eléctrica y el gas. En concreto, fueron 7.573, lo que supone un 25,46%. Los principales problemas que se encontraron tienen que ver con las tarifas de mercado libre y regulado, el coste tope del gas y las modificaciones de precio y los retrasos en la facturación. Los otros sectores con mayor número de peticiones de asesoramiento fueron las telecomunicaciones, con 4.258 (el 14,31%), y los bancos, con 2.722 (9,15%).

Las consultas sobre electricidad y gas se triplican

La directora general de Protección a las Consumidores y Usuarios, Inma de Francisco, ha destacado que las consultas sobre energía eléctrica y gas se han triplicado en tres años y han pasado del 8,83% que representaban en 2020 al 25,46% del año pasado. Un incremento que ha achacado a la situación que vive el sector, al hecho de que las grandes empresas se hayan adherido al sistema arbitral de consumo y a los talleres para comprender las facturas que se han impartido en ámbitos como la Universidad de la experiencia.

De Francisco ha destacado que la mayor parte de las consultas, el 48%, "se resuelven en el momento" y el resto se trasladan a mediación, oficinas comarcales y la dirección general, entre otros destinos. En cuanto al perfil de las personas que acuden a Consumo, ha señalado que mayoritariamente se acerca mujeres de entre 40 y 52 años que trasladan sus dudas por teléfono.

La directora general del ramo ha ofrecido también un balance de la Junta arbitral de consumo que durante 2023 tramitó 1.585 solicitudes, de las que se resolvieron 1.321 expedientes, de ellos 707 por laudo (de obligado cumplimiento para ambas partes) y 614 por mediación. El resto se archivaron por no aceptación, ya que el arbitraje es voluntario, y se facilitaron otras vías de reclamación a los usuarios.

Además, el año pasado se llevaron a cabo 22.780 actuaciones inspectoras, derivadas tanto de la red de alerta de productos, las 17 campañas de inspección, las 178 tomas de muestras y las reclamaciones y denuncias. De ellas, en 892 se detectaron irregularidades o algún producto inseguro y se incoaron 88 expedientes sancionadores en materia de productos industriales (38), servicios prestados (45) y alimentación (5). 

En las 21.445 actuaciones llevadas a cabo a raíz de la red de alerta de productos defectuosos o que podían suponer algún riesgo se intervinieron un total de 88.041 unidades, de las que más de una tercera parte, el 37.94%, eran juguetes, un 21,95% prendas textiles y un 13,66% calzado. De Francisco ha detallado que el 48% provenían de China, un porcentaje todavía alto pero inferior al 61% de 2022.