Aragón suspende en la dependencia y las solicitudes sin valorar se duplican en dos años

El Observatorio de la Dependencia puntúa a la Comunidad con un 4,4 y alerta que es una de las regiones que presta servicios de menor coste.

Hay 15.867 aragoneses que reciben una ayuda económica para ser atendidos en su hogar por algún pariente
El sistema de la dependencia terminó 2023 en Aragón atendiendo a un total de 40.334 usuarios 
Heraldo.es

Aragón suspende en la gestión de la dependencia durante 2023, en gran medida porque las solicitudes sin valorar se han duplicado en los últimos dos años, aumentando de 2.674 a finales de 2021 a 5.545 en diciembre del año pasado, y porque es una de las regiones que presta servicios de menor coste

Así lo destaca el último informe emitido por el Observatorio de la Dependencia, que se ha presentado este lunes, y que califica a la Comunidad con 4,4 puntos sobre 10. Es la undécima en el ranquin nacional, junto a País Vasco, con solo cinco territorios peor calificados: Cataluña y Murcia con un 1,7 están a la cola por detrás de Cantabria (2,5), Canarias (3,3) y Asturias (3,9). 

El dictamen especifica los beneficios obtenidos a raíz del plan de choque impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que supuso para Aragón un incremento de financiación de 22,3 millones de euros, de los cuales 20,7 fueron aportados por la Administración central y 1,6 por la DGA. Con ello se logra, por primera vez, que la financiación estatal supere la del Ejecutivo autonómico, ha destacado Gustavo García, coordinador en Aragón de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Notas en dependencia de las comunidades

A nivel global, los 212 millones de costes directos en dependencia fueron asumidos en un 46,4 por el Gobierno de España, un 42% por el Gobierno aragonés y un 11,6% correspondió a la aportación de los propios usuarios en forma de copago.

 Una realidad menos positiva tras las grandes cifras

Aunque a primera vista los avances son favorables, García ha denunciado que las grandes cifras "esconden una realidad menos positiva". Así, durante el año pasado, Aragón atendió a 2.787 usuarios más (se superaron los 40.000 llegando a 40.334) y el llamado 'limbo', ciudadanos que tienen reconocida la ayuda o prestación pero aún no la reciben, descendió hasta 845 personas.

Sin embargo, ha criticado García, el 'limbo' es tan bajo, se puede hablar de prácticamente una atención plena, porque se disparan las peticiones sin examinar. De esta manera, a finales de 2023 la lista de espera se elevaba a 6.390 personas, entre las 5.545 que habían presentado la documentación pero su expediente no se había analizado y las 845 que tenían reconocida una prestación pero aún no la percibían. 

El portavoz del colectivo de gerentes de servicios sociales ha puesto el acento en que Aragón es una de las regiones que presta servicios de menor coste, "con lo que puede atender a más personas pero con menos intensidad o con servicios menos adecuados a sus necesidades". 

Califica como uno de los "ejemplos más sangrantes" que las plazas residenciales concertadas arrojan uno de los precios más bajos de España, ligeramente por encima de los 52 euros por día (este año asciende a 57,69 euros sin IVA), y que a lo largo del año pasado solo se crearon 113 nuevas.  A ello une que el coste medio por persona atendida se cifra en 4.190 euros frente a los 6.103 del estatal, a pesar de tratarse de uno de lo territorios con mayor tasa de envejecimiento de su población.

García también reprocha que el 60% de los nuevos servicios en 2023 fueron de teleasistencia, "uno de los de menor coste del catálogo". Añade que de las prestaciones económicas vinculadas al servicio, el 79% son retribuciones a dependientes que ocupan una plaza en una residencia y que perciben de media 370,33 euros mensuales, una cantidad muy inferior a los 515 de la estatal. Además, ha subrayado que vivir en una residencia vale al menos cuatro veces más, ya que cuesta de media 1.754,67 euros, aunque en Zaragoza se superan los 2.000.

De otras ayudas a la dependencia en las que Aragón está a la baja ha destacado el servicio de ayuda a domicilio, que solo supuso el 2,1% de las nuevas prestaciones y que su intensidad, con 18,8 horas mensuales de media, es "extremadamente reducida" y muy por debajo de la estatal, de 33,8 horas.

"Todo nos lleva a la conclusión de que la atención a la dependencia en Aragón requiere un mayor esfuerzo presupuestario de nuestra Comunidad, que ya no se puede seguir excusando en la baja aportación estatal", concluye el portavoz de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Otros datos de interés que aporta este dictamen es que las atenciones del sistema generan 8.293 empleos directos, de ellos 861 se crearon el año pasado, y que el tiempo medio de tramitación ascendió a 190 días (324 de media estatal), con notables diferencias entre lo que ocurre en la ciudad de Zaragoza y el resto del territorio. Además, 972 aragoneses fallecieron esperando recibir la atención a la que tenían derecho.

La DGA espera mejoras esta primavera

La Consejería de Bienestar Social y Familia ya valoró este pasado fin de semana los últimos datos de la dependencia de finales de febrero publicados por el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales). Espera mejoras esta próxima primavera, una vez se cubran las plazas vacantes en los equipos de valoración y se amplíe el horario de atención a las tardes.

Desde el Ejecutivo autonómico pusieron el acento en que la lista de espera baja un 9,9%, al pasar de las 2.067 a 31 de diciembre de 2023 a 1.717. Un dato que se refiere exclusivamente a los solicitantes y beneficiarios sin prestación o con prestación no efectiva de más de 6 meses de antigüedad, que es el tiempo máximo establecido por ley. 

La lista de espera global la cifran en 4.314 personas, 89 más que el mes anterior, aunque se trata de una cifra interna del servicio. Si los cálculos se hacen con los mismos conceptos que el Observatorio de la Dependencia, sería de 6.812, que engloba a los 6.063 cuyo expediente no se ha valorado y a los 749 con derecho a una prestación pero que aún no la reciben (un 'limbo' que la DGA usando otro criterio fija en 128).

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