Aragón gastó 82 millones en material sanitario en la pandemia y solo un pedido tuvo reparo legal
Se llegaron a tramitar 561 contratos de emergencia en 2020 y 2021 y la Cámara de Cuentas apuntó a la recepción sin factura de una remesa de guantes y mascarillas por 244.570 euros.
El Gobierno de Aragón destinó 82 millones de euros a la adquisición de material sanitario de protección durante la pandemia y el único reparo de legalidad se limitó a una partida de guantes y mascarillas que se recibió sin factura y cuyo importe ascendía a 244.570 euros. Así se puede extraer del informe especial de la Cámara de Cuentas sobre el impacto de la crisis de la covid en las cuentas autonómicas de 2020 y 2021, que se centró en personal y suministros, especialmente en los 561 contratos de emergencia por una cuantía de 45,3 millones con 268 proveedores.
La fiscalización que pretende acometer ahora tanto el PSOE como el PP en el Congreso y en el Senado con sendas comisiones de investigación sobre la compra de material sanitario ya la hizo la institución aragonesa en 2022 en lo relativo a los encargos de la DGA en los dos años más duros de la covid.
En un informe de 145 folios detalla hasta el nombre de los proveedores de los contratos adquiridos con dinero público y, como ya expresó la anterior consejera de Presidencia y actual portavoz socialista, Mayte Pérez, se constata que no hubo encargos a la empresa zaragozana implicada en la trama de las mascarillas, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que facturó más de 51 millones. Entre los veinte detenidos y puestos en libertad por el presunto cobro de comisiones está su director general, José Ángel Escorial, y Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos.
La Cámara de Cuentas apunta que el grueso de la contratación de material sanitario correspondió al Salud, con 78,46 millones, de los que 35,15 se destinaron a la adquisición de equipamiento de protección, desde mascarillas, guantes, gafas, batas y guantes hasta gel, jabón, apósitos y jeringas. La mayor parte del dinero sirvió para comprar material de laboratorio (42,9 millones), aunque también se destinó a la adquisición de plasma para convalecientes (151.000 euros) e instrumental y pequeño utillaje sanitario (204.000 euros).
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) también contrató material sanitario de protección para las residencias, cuyo coste ascendió a 3,15 millones, mientras Educación destinó para el mismo fin otros 319.000 euros.
La Cámara de Cuentas destaca que el Salud hizo pagos anticipados para suministros urgentes por valor de 2,5 millones con seis proveedores. Estas contrataciones de emergencia se imputaron al presupuesto tras recibir la factura "de conformidad con la prestación realizada". Y lo mismo ocurrió en el IASS con otros diez pagos anticipados, salvo los reparos en el caso del mencionado contrato de guantes y mascarillas, 244.570 euros de 2,3 millones.
El Gobierno de Jorge Azcón está analizado ahora el expediente porque parte de las mascarillas, 10.000 de las 80.000 enviadas en esa remesa de abril de 2020, eran de una "calidad inferior" a la contratada. Tal y como recriminó el órgano fiscalizador hace año y medio, no constaba que el cuatripartito hubiera reclamado al proveedor holandés, Escrown & Trust Europe Foundation la devolución parcial del dinero abonado, 41.500 de los 244.570 euros. A este dinero habría que descontar en todo caso 16.118 euros que no se llegaron a pagar.
De hecho, las alegaciones del IASS se limitaron a señalar que se buscaron soluciones con el proveedor, "intentando en reiteradísimas ocasiones el poder dar una solución a la parte del encargo defectuoso y la reelaboración de la factura, que resultó imposible". Y todo acabó con la convalidación del gasto por el Consejo de Gobierno en septiembre de 2021 porque la Intervención Delegada emitió informe desfavorable.
El informe de la Cámara de Cuentas se centra en los contratos de emergencia por la pandemia, 561 con 268 proveedores cuya cuantía ascendió a 60 millones en 2020 y 2021, y concluye que "en general" se utilizaron de forma correcta para contratar "con la mayor inmediatez posible los suministros y servicios necesarios para hacer frente a la covid".
Así, incide en que la mayoría de las contrataciones se hizo con empresas con las que ya se tenía relación contractual, lo que supuso una "garantía" y que los precios fueran "iguales o incluso inferiores a los que se venían pagando". E incluso resalta que pese a las fluctuaciones, los precios que afrontó la DGA fueron "inferiores a los de otras administraciones".
No obstante, la mayor parte del coste de la emergencia sanitaria fue la contratación de personal para sostener los servicios públicos, fundamentalmente en sanidad, servicios sociales y educación. El gasto extra para esta partida ascendió a 168 millones, mientras que el destinado a bienes corrientes y servicios, entre ellos la compra de material de protección y la dotación de un hospital de campaña, supuso otros 168.
