Otra planta solar levanta a la Ribagorza contra la instalación de 110 hectáreas

Secastilla y La Puebla de Castro modifican sus planes generales para blindarse frente al proyecto de Ignis, que plantea otros cuatro parques, y los vecinos ya han presentado más de 400 alegaciones.

Reunión de vecinos de La Puebla de Castro y Secastilla, el pasado día 13, para informar del proyecto y de las medidas a adoptar.
Reunión de vecinos de La Puebla de Castro y Secastilla, el pasado día 13, para informar del proyecto y de las medidas a adoptar.
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Los planes de implantación de otra planta solar fotovoltaica en el Alto Aragón ha provocado la movilización de la Ribagorza con el objetivo de impedir la ocupación de 110 hectáreas de cultivo en los municipios de La Puebla de Castro y Secastilla. Su radical oposición, organizada a través de la plataforma Ribagorza no se vende, va mucho más allá porque la empresa promotora, Ignis, pretende construir hasta cinco instalaciones en la zona.  

Las dos corporaciones locales, con el PSOE y el PP al frente, se han puesto a la cabeza del levantamiento popular y tramitan sendas modificaciones de sus planes generales de ordenación urbana (PGOU) con el objetivo de blindar sus términos municipales frente a este tipo de proyectos. Al mismo tiempo, los equipos municipales preparan una batería de alegaciones, que se sumarán a las más de 400 que han redactado los vecinos al proyecto. El plazo finaliza el  día 26.

Los vecinos denuncian que pretenden expropiarles "las tierras más fértiles" para construir una instalación de 50 megavatios, denominada Avejaruco Solar, a las que se sumarán otras cuatro  hasta llegar a 239 megavatios. De esta manera, el área afectada sería mucho mayor y alcanzaría las 500 hectáreas entre las comarcas de la Ribagorza y el Somontano.

La alcaldesa de La Puebla de Castro, Maite Bardají (PSOE), y de Secastilla, Lorenzo Rabal (PP), recalcan que la compañía promotora se ha limitado a presentar el proyecto, pero no ha consensuado su implantación y "la mayoría" de los propietarios afectados se han enterado ahora de que pretenden ocupar sus campos de labranza. "Además de alcalde, soy uno de los afectados al dedicarme a la agricultura. A mí me cogen cinco hectáreas y nadie me ha dicho nada", lamenta Rabal.

De forma coordinada, las dos corporaciones encargaron a la ex directora general de Urbanismo y de Suelo y Vivienda de Aragón, la arquitecta Nuria Mas, la modificación de sus planes generales, ahora en tramitación, como antes hicieron los ayuntamientos de Jaca, Sabiñánigo o La Fueva ante similares circunstancias. La pretensión es prohibir plantas solares de más de diez hectáreas de superficie y la obligación de que estén separadas a más de un kilómetro, además de que deban ubicarse, como mínimo, a mil metros del suelo urbano y a 200 de cualquier carretera.

La nueva regulación, idéntica en ambos municipios, establece menos restricciones en el caso de las instalaciones para autoconsumo individual y colectivo si la ocupación de superficie es inferior a una hectárea.

El proyecto de Ignis prevé el montaje de 85.200 módulos solares repartidos entre los dos términos municipales, así como la construcción de una línea de alta tensión de 8,4 kilómetros para evacuar la energía producida a la subestación de El Grado, de los cuales 3,6 serían soterrados. Su capacidad está dimensionada para transportar la producción de otros parques. La inversión estimada en el proyecto alcanza los 44,8 millones.

La alcaldesa de La Puebla de Castro recuerda que han logrado remontar la actividad y ganar incluso población después del varapalo que supuso en su día la inundación de parte del término municipal por la construcción del embalse de Barasona. Y la misma situación atravesó Secastilla con el de El Grado. "Provocaron la despoblación, por lo que ya nos hemos sacrificado bastante por las renovables. Su promoción no puede ser, de nuevo,  a costa de nuestros pueblos, después de haber levantado cabeza con mucho esfuerzo", subraya Maite Bardají.

Su homólogo de Secastilla advierte del grave impacto ambiental y socioeconómico para unas economías locales que, en buena medida, viven del sector primario. "El poco futuro en los pueblos está en juego al peligrar su forma de ganarse la vida. Nos condenan a irnos", sentencia Lorenzo Rabal.

Los ayuntamientos dejan muy claro que no están contra de las renovables, sino contra un modelo extensivo que ocupa sus pueblos. En este sentido, la alcaldesa de La Puebla detalla que tienen tres instalaciones solares para autoconsumo de menos de dos hectáreas. "Hay que hacer una apuesta por la energía verde, pero controlada", añade.

Desde la energética madrileña Ignis señalan que la planta solar, cuya solicitud de autorización administrativa previa y de construcción y el estudio ambiental salieron a información pública el pasado 21 de enero, sigue su tramitación "ordinaria" y confían en ponerla en explotación en tres o cuatro años.

La compañía es propietaria de la central de ciclo combinado de Escatrón y se hizo cargo del impulso y ahora explotación del mayor complejo solar de Europa, de 825 megavatios, en Escatrón, Chiprana y Samper de Calanda. En desarrollo tiene un proyecto de hibridación de energía eólica y fotovoltaica de 482 MW en Escatrón, Sástago, Caspe y Chiprana, además de las citadas cinco plantas solares en el Alto Aragón que evacuarán su producción en El Grado.

Fuentes oficiales aseguran que cumplen "estrictamente con todos los requerimientos" que la tramitación de renovables exige y "siempre" contacta con los vecinos y los ayuntamientos para colaborar, exponer y mejorar sus proyectos antes de comenzar la tramitación. "En el caso de La Puebla de Castro, pudimos organizar una sesión con los vecinos y en Secastilla, no al carecer de un local público", detallan.

No obstante, los alcaldes niegan que se les haya consultado para hacer aportaciones con antelación a la tramitación y los vecinos, especialmente los afectados, aseguran que no se les ha informado.

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