Cuatro autonomías, tres de ellas del PP, exigen un fondo de 3.000 millones que rechaza Aragón
Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla La Mancha piden que se cubra su déficit de financiación. La DGA replica que la negociación debe producirse entre todas las autonomías.
Después de una semana marcada por la confrontación territorial por la política hidráulica y los trasvases, ahora retorna el conflicto por la financiación. Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, gobernadas por el PP, y Castilla-La Mancha, del PSOE, reclamaron este miércoles un fondo de más de 3.000 millones de euros que cubra su déficit de financiación, es decir, la diferencia entre lo que aportan y reciben al sistema.
El Gobierno de Aragón, también del PP, rechazó de plano la propuesta y recordó que estas cuestiones se deben abordar en una negociación "multilateral" de todas las autonomías y tener en cuenta "las peculiaridades" de cada una de ellas.
El encuentro se produjo en la Feria Internacional del Turismo Fitur, que se inauguró este miércoles en Madrid. En una reunión informal de unos diez minutos, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, el de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el de Murcia, Fernando López Miras, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, reclamaron crear un fondo complementario de 3.000 millones de euros anuales que debería cubrir íntegramente el Estado.
Apoyaban su petición en el último informe de la fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que hizo esta propuesta hace unos días. Si se optara por la máxima nivelación, el coste total sería de 3.277 millones de euros, de los que 1.409 se los llevaría Andalucía, 1.148 la Comunidad Valenciana, 405 serían para Murcia y 315 para Castilla La-Mancha.
Se llegó a hablar incluso de la ‘conjura de Fitur’, aunque después García-Page marcó distancias y descartó un frente común con las tres comunidades del PP. Al margen de esto, todos coincidieron en su petición, a la espera de negociar un nuevo modelo de financiación autonómica. "Del modelo de futuro no sé lo que va a salir, pero la liquidación del actual significa que cuatro regiones muy diferentes están infrafinanciadas", dijo García-Page.
Moreno consideró que "el Gobierno de Sánchez tiene una factura pendiente con estas comunidades". "Los cuatro estamos de acuerdo en que, en cualquier caso, antes y mientras viene un nuevo sistema de financiación, haya un fondo de nivelación transitorio que al menos nos iguale a los que están mucho mejor que nosotros", apuntó Mazón.
"Fondos, fonditos, fondetes"
El Gobierno de Aragón rechazó el modelo de estas cuatro comunidades, cuya infrafinanciación obedece a que tienen más población. En este sentido, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, indicó que el problema de la financiación autonómica no se resuelve con "fondos, fonditos o fondetes" negociados entre el Estado y comunidades autónomas concretas, sino "en un marco multilateral" en el que se atiendan las necesidades de todas.
Recordó que en las tablas del Fedea, en las que Aragón sale por encima de la media en financiación (ver el gráfico), no tiene en cuenta el coste de los servicios, que son mucho mayores en comunidades despobladas y con sus habitantes y municipios dispersos como Aragón. "No es lo mismo dar un servicio sanitario en el Pirineo que en Alcalá", declaró.
El responsable autonómico aseguró que Aragón "no aceptará ningún acuerdo" que no atienda estos principios, pactados por otro lado con el resto de las fuerzas políticas en las Cortes. "Hay un consenso entre todos los partidos de que h ay que tener en cuenta la dispersión, el envejecimiento y la despoblación", insistió Bermúdez de Castro, que lamentó propuestas que en definitiva "rompen el principio de solidaridad interterritorial".
El titular de Hacienda cargó contra la política de Sánchez de llegar a acuerdos bilaterales con partidos nacionalistas, como BNG o Compromís, que se suma a las inversiones del Estado en el marco de los pactos de gobierno. También citó la cuestión de la condonación de la deuda rubricada con los independentistas catalanes, que puede arrojar grandes diferencias entre autonomías en función de los criterios de cálculo que se utilicen (PIB, población o tipo de deuda).
