Javier Aldea: "No soy partidario del término resiliencia, pero las empresas aragonesas podrían ser ejemplo de ello"

Las empresas aragonesas han vivido un convulso 2023 marcado por la inflación. ¿Cómo han resistido al último tramo del año?

A base de ajustar márgenes empresariales, aumentando exportaciones, con ayudas de los fondos Next Generation y con la disminución de los precios energéticos. No soy nada partidario del término político de moda resiliencia, pero realmente las empresas aragonesas podrían ser ejemplo de ello y de su alta capacidad de adaptación frente a desafíos cambiantes.

¿Cuál sería su receta para que mejore su situación?

No existe una receta mágica, pero creo que nuestros gobernantes ayudarían si rebajaran la tensión política a nivel nacional y no aumentaran la deuda pública. Las empresas y autónomos desean un marco legal, político y fiscal estable y previsible donde puedan llevar a cabo sus proyectos de forma tranquila y autónoma. A menudo nuestros clientes nos comentan que no esperan que el Estado les preste ayuda, sino que se conforman con que no les interrumpa ni ponga trabas en su actividad empresarial.

Asesoran a compañías desde hace 30 años, ¿cuál es el servicio que más les demandan?

Nos requieren un asesoramiento global e integral que abarque todas las facetas del día a día. Desde la confección de nóminas, la preparación de impuestos o la asistencia jurídica hasta su defensa ante una inspección de Hacienda o de Trabajo. Las empresas bastante tienen con resolver sus dificultades y retos diarios, por lo que desean delegar estas funciones legales y fiscales en su asesoría de confianza. Además prestamos asesoramiento a particulares en momentos tan difíciles como el proceso de herencia de un familiar, encargándonos de gestionar la escritura y de liquidar los impuestos de sucesiones y plusvalía con optimización fiscal.

¿Qué elementos considera urgentes que estas refuercen ante la inminente ola tecnológica?

Considero urgente que inviertan tanto en formación de todos los empleados que utilizan dicha tecnología de última generación como en seguridad informática. Toda la potencia de las nuevas tecnologías, tan útil en la vida moderna de las empresas, se vuelve profundamente destructiva si se utiliza mal, bien por malicia o por desconocimiento. Abrir un simple correo malicioso enmascarado como notificación o aviso de entrega puede hacer que perdamos toda la información de nuestra empresa en cuestión de un segundo.

¿En qué situación se encuentra España con respecto a otros países europeos en cuestiones como la burocracia o la fiscalidad que afecta al tejido empresarial?

Desafortunadamente en España todavía no nos hemos librado del todo del "vuelva usted mañana". Existe un alto nivel de obstáculos burocráticos y cargas administrativas que merman la competitividad de las empresas. Según varios estudios España es el segundo país de Europa que más tiempo dedica a la burocracia, encontrándonos solo por detrás de Francia. Si queremos competir en un mercado global necesitamos estar a la misma altura que nuestros competidores y no invertir tanto tiempo en resolver expedientes administrativos farragosos carentes de valor. Asimismo, la presión fiscal es muy superior a la media de la Eurozona. Las empresas aportan aproximadamente el 33% de los ingresos públicos, mientras que en Europa es el 24%. Está demostrado que bajar los impuestos aumenta la recaudación, ya que las empresas cuentan con mayor liquidez, se reactiva la economía y aumentan las contrataciones de personal.

Bruselas ha situado en un 1,7% la previsión de crecimiento de la economía española para 2024, con lo que lidera el indicador de las seis mayores economías de la Unión Europea. ¿Será esto suficiente para vivir un ejercicio tranquilo?

No será un ejercicio tranquilo debido principalmente a que no superaremos los efectos perversos de las subidas de los tipos de interés. El aumento de los tipos afecta negativamente a la capacidad de las empresas para invertir. En Aragón el PIB ha subido un satisfactorio 2%, pero en 2024 dependerá de que el incremento de los costes laborales no suponga pérdida de competitividad para las empresas y que, por tanto, se destruya empleo.