No estaba en el orden del día, pero los representantes autonómicos aprovecharon los ruegos y preguntas del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este lunes en Madrid para exigir explicaciones al Gobierno central sobre la condonación de la deuda pactada con los independentistas catalanes. Especialmente los dirigentes del PP, pero también socialistas como el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, renegaron de cualquier acuerdo bilateral que no cuente con el consenso de todos los territorios y en plano de igualdad.

En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó que el Gobierno central haya establecido una negociación bilateral con Cataluña para ofrecer a esta comunidad una financiación «singular», como aseguran desde ERC. Subrayó que el acuerdo de investidura con esta formación contempla una condonación del 20% de su deuda pública, unos 15.000 millones de euros más los intereses, y que dicho compromiso se hará extensivo al resto de autonomías. «La fórmula que se aplique será para todos, será una medida objetiva», recalcó.

Pese a que Cataluña ya sabe que verá condonada un 20% de su deuda, Montero no supo aclarar cómo será esa fórmula para el resto de autonomías. Anunció que a lo largo del mes de enero, el Ministerio se reunirá con cada una de las comunidades para analizar su situación y fijar los criterios de la quita. En concreto, el Gobierno central tendrá en cuenta el nivel de sobreendeudamiento que tuvieron que asumir los territorios durante la anterior crisis económica.

Montero dijo que la quita tendrá en cuenta tanto la deuda pública como la privada. La suma de ambas alcanza en Aragón los 9.000 millones. La vicepresidenta de la DGA, Mar Vaquero, ve más prioritaria la reforma de la financiación autonómica que la condonación, y reclamó una Conferencia de Presidentes para abordar este asunto que el PSOE quiere usar para romper la unidad en las filas del PP.

Montero fía la reforma de la financiación a un pacto con el PP

El Gobierno central considera que la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde 2014, no puede avanzar en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas todas las comunidades, ya que cada una de ellas defiende criterios distintos. Por ello, va a elevar la cuestión a una mesa de trabajo directa entre los dos principales partidos, el PSOE y el PP, con el fin de lograr un acuerdo global.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasladó a los representantes autonómicos que «las comunidades están ancladas en una posición de máximos para su territorios, una posición legítima pero que impide el avance». La dirigente socialista recordó que el modelo de financiación no se aprueba en el Consejo, sino en el Congreso de los Diputados, por lo que instó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a aceptar la oferta para acercar posturas desde los partidos.

En este apartado, la representante aragonesa, Mar Vaquero, defendió que la reforma es «urgente» y pidió que «respete principios tan importantes como la solidaridad y la igualdad de todos los españoles».