Condonación de la deuda bilateral. Al margen del alcance que finalmente tenga la condonación de la deuda autonómica en Aragón, llegará condicionada al acuerdo de investidura alcanzado por el PSOEcon ERC la semana pasada. En virtud de este pacto, el Gobierno central se compromete a una quita de más de 15.000 millones de euros para Cataluña, el 20% de los 71.000 que aún tiene pendiente de devolución del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Los socialistas han aparcado para ello el habitual criterio de la infradotación, ya que la catalana no es una de las comunidades perjudicadas en este aspecto, y han introducido el del endeudamiento durante la anterior crisis económica, más favorable para la Generalitat.

Desde la Moncloa aseguran que la medida será extensiva y equitativa para el resto de territorios, de tal forma que no habrá argumentos para rechazarla, pero la DGA recela de un reparto que no sea consensuado en plano de igualdad en el Consejo de Política Fiscal. Si se aplica el mismo porcentaje de deuda pública, a Aragón se le perdonaría unos 1.000 millones de euros más intereses, pero al ser una de las autonomías que menos –y más tarde– recurrió al FLA, reclama que se aplique también a la privada. En ese caso, la cifra final ascendería a 1.800 millones.

Un modelo de financiación «singular». Sin salir del apartado económico, en el acuerdo entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont hecho público ayer el PSOE ofrece que el Estado y los independentistas establezcan «un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña». Con la reforma del sistema de reparto de fondos entre las comunidades pendiente desde 2014, el pacto de investidura augura una posición prioritaria de la Generalitat al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el foro establecido para acordar un cambio de esta índole.

El sistema vigente, sellado en 2009 por el entonces presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ya fue favorable para los intereses catalanes. El PPdenunció entonces un «traje a medida» para Cataluña, aunque su líder, Mariano Rajoy, ordenó la abstención de sus representantes autonómicos. Cinco años después debía revisarse, pero la complejidad técnica y sobre todo política han impedido su concreción. Desde entonces, Aragón ha perdido cuatro puestos en la clasificación de las mejor financiadas, y urge modificaciones que primen la despoblación y la dispersión geográfica.

Nuevo cupo fiscal en territorio limítrofe. Junts, de hecho, va más allá de la simple reforma del sistema de financiación y reclama la «cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña». El privilegio fiscal de otra comunidad limítrofe, tras los cupos vascos y navarros, podría mermar la competitividad aragonesa, advierten en el PP. También rechaza esta vía la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que en un comunicado alertó ayer de «la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles recogido en el artículo 14 de la Constitución, permitiendo la existencia, por la vía de hecho, de comunidades autónomas de primera y de segunda, así como la vulneración de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, consagrada en el artículo 9 de la Carta Magna».

Un plan de retorno de empresas ‘fugadas’. Aunque las patronales reconocen que muchas de las empresas que huyeron de Cataluña tras el ‘procés’ retornaron tiempo después, el golpe a la economía de la comunidad vecina fue de tal calado que la Generalitat sigue buscando fórmulas para recuperar el músculo perdido en aquellos años. De ahí que PSOEy Junts hayan pactado «un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios».

Se calcula que fueron más de 8.000 compañías las que hicieron las maletas ante la inestabilidad política y social, algunas del prestigio y volumen de Caixa, Codorníu, Naturgy o Planeta. Aragón, como territorio limítrofe que ofrece además incentivos y recursos logísticos atractivos para las empresas, recibió parte de ese caudal. Solo entre 2017 y 2018 llegaron a la Comunidad un total de 378 negocios desde alguna de las cuatro provincias catalanas. Ahora, el Gobierno central plantea destinar esfuerzos y recursos públicos para favorecer la salida de estos negocios de Aragón.

Cataluña como socio prioritario de legislatura. Pero si algo ha encendido la alarmas en el Pignatelli es que el pacto de investidura vuelve a convertir a Cataluña en socio prioritario del Gobierno central. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, dijo ayer que se trata de un «acuerdo de legislatura», y Puigdemont advirtió de que solo lo será si logra resultados. «Tendrá que ganarse la estabilidad día a día», apuntó. Los socialistas y Sumar rechazan que Aragón vaya a sufrir agravios y apuestan por «mantener» las inversiones en la Comunidad y el respaldo a sus proyectos. En el PP pronostican un futuro más oscuro: «Cada vez que haya un conflicto de intereses con nuestros vecinos, como unos Juegos Olímpicos o atraer a una empresa, vamos a salir perdiendo», auguran.