El PP ha impuesto su mayoría en el Senado para modificar el reglamento de la Cámara Alta con el objetivo de restringir la tramitación de urgencia de las proposiciones de ley que llegan del Congreso, lo que afectaba al tiempo de análisis y enmienda legislativa. Con esta reforma, los conservadores evitarán que el Gobierno central, en caso de que culminen las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, pueda aprobar la ley de amnistía en un plazo de veinte días. Ahora se podrá dilatar hasta dos meses.

El diputado aragonés Eloy Suárez, encargado de defender la iniciativa en el Senado, ha denunciado la “proliferación” de la figura del decreto-ley, que emana directamente del Gobierno y acorta los plazos de tramitación, puesto que “solo busca evitar los informes preceptivos” y supone, a su juicio, un “desprecio a la función legislativa”. En este sentido, ha recordado que en el último mandato, la coalición PSOE-UP recurrió a este atajo en 138 ocasiones, el 70% de las iniciativas.

De igual modo, ha señalado las contraindicaciones de un “uso y abuso” de las proposiciones de ley (emanadas del Congreso) que llegaban al Senado por vía de urgencia, lo que acortaba los plazos y limitaba en gran medida el tiempo de análisis y enmienda de los representantes de la Cámara Alta.

Imágenes del pleno del Senado en el que el PP ha aprobado reformar su reglamento

“La urgencia hacía que el Senado no pudiera ejercer la función que tiene designada”, ha diagnosticado Suárez, que ha defendido que la reforma del reglamento busca la “autonomía” de la Cámara Alta y “reivindica su papel”. “Lo hacemos para no incurrir en errores que se están cometiendo en el Congreso. Con esta modificación legislaremos mejor. Se harán mejores leyes”, ha pronosticado.

La iniciativa, que ha salido adelante con 145 votos a favor, 106 en contra y 8 abstenciones, modificará el artículo 133 de tal forma que ahora será la Mesa del Senado la que determinará si es pertinente la tramitación urgente de una proposición de ley o por el contrario mantiene los plazos ordinarios.

La reforma no llega exenta de polémica. Por un lado, por la celeridad con la que el PP ha introducido este debate en el pleno de esta semana, incluyéndolo en el orden del día apenas unas horas antes de su inicio. PSOE, ERC, Bildu, Junts, PNV y Sumar elevaron un escrito de protesta a la Mesa, que lo desestimó.

Además, los socialistas, que junto a sus socios han votado en contra, prevén llevar la reforma al Tribunal Constitucional al considerar que “altera las reglas del juego de la tramitación legislativa” e incluso de lo dictado en la Carta Magna, según advirtió ayer su portavoz, Eva Granados.

Durante la sesión de este miércoles, el socialista Manuel Fajardo ha acusado al PP de no “respetar a las minorías” y de impulsar la reforma “sin buscar el consenso”. En la misma línea, Josep María Reniu (ERC) ha denunciado lo que a su entender es “una reforma ad hoc”, puesto que está dirigida a dilatar la tramitación de una posible ley de amnistía. “Tiene un simple interés espúreo, no les orienta la mejora de la calidad legislativa”, ha lamentado en una opinión compartida por los representantes del BNG, Junts o el PNV, entre otros.

Por contra, los populares han encontrado el apoyo de UPN y de Vox, que ha presentado una propuesta alternativa que finalmente ha sido rechazada. En su réplica, Suárez se ha mostrado muy crítico con la izquierda y los independentistas. Ha recordado que la mayoría del PP “emana de las urnas, no de una chistera”, y ha recordado que el letrado del Senado ha avalado la reforma. “Aquí le respetamos, lo mantenemos, no como en el Congreso, que lo cambian porque no les gusta”, ha acusado. Y en cuanto a las críticas por la oportunidad de la modificación reglamentaria, ha respondido que se trata de “una broma de mal gusto”, después de que el PSOE y los independentistas pactaran cambios en el código penal por los delitos de sedición y malversación.