Educación deniega casi todas las solicitudes de comisión humanitaria de docentes

Josué Morales pide amparo al Justicia tras rechazar la DGA su traslado desde Huelva para cuidar a su madre.

Josué Morales, a las puertas del IES Fuente Juncal de Aljaraque (Huelva).
Josué Morales, a las puertas del IES Fuente Juncal de Aljaraque (Huelva).
J. M.

Educación recibe cada año entre 20 y 30 solicitudes de docentes que trabajan dentro y fuera de Aragón para acogerse a una comisión de servicio por cuestiones humanitarias, conciliación, reagrupamiento familiar… Y de todas ellas, "históricamente" solo se han concedido "algunas muy concretas" en casos en los que los padres estaban en el momento final de sus vidas, y siempre a nivel autonómico, es decir, nunca de funcionarios que trabajasen para administraciones de otras comunidades.

Así justifican desde el Departamento la denegación de casos como el que recientemente hizo público el Justicia de Aragón, que pidió a Educación que volviera a valorar la solicitud denegada a una profesora de secundaria para trasladarse desde un instituto de Huelva a otro de Jaca para cuidar de sus padres dependientes.

Una situación similar es la que está viviendo ahora Josué Morales, decano del Colegio Oficial de Profesores de Dibujo de Aragón. Pese a haber trabajado durante años en distintos institutos de las tres provincias como interino, ha tenido que trasladarse a Aljaraque (Huelva) después de obtener una plaza fija como consecuencia del proceso de estabilización tras el concurso de méritos.

Tomó posesión el 1 de septiembre pero tres semanas después solicitó una comisión de servicio humanitaria para poder regresar a Aragón y cuidar así de su madre ya que está diagnosticada como gran dependiente (92 puntos sobre 100) y enferma de alzhéimer, además de sufrir una cardiopatía y una insuficiente renal.

De momento, su madre, de 75 años y viuda, vive sola en su casa de Zaragoza con una cuidadora que ha contratado él y cuando ella libra, Josué Morales se conecta desde su domicilio con unas cámaras para estar al tanto de ella.

Pese a presentar todos los informes médicos y de discapacidad, Educación acaba de contestarle la pasada semana rechazando su solicitud. Y para ello se basa en que el plazo para solicitar las comisiones humanitarias reguladas en el Decreto 20/2000 va del 1 de febrero al 30 de abril. Añade, en este sentido, que excepcionalmente se pueden admitir solicitudes fuera del plazo citado siempre y cuando la estimación de las mismas permita a los solicitantes participar en la elección de vacantes para el curso siguiente, un acto que este año se hizo el 17 de julio. Por ello, archivan la petición aunque le ofrecen la posibilidad de poder presentar una nueva para el próximo curso 2024-2025 dentro del plazo establecido.

Josué Morales lamenta la decisión de Educación y recalca que ese mismo decreto permite admitir solicitudes "con carácter excepcional", aunque se hayan presentado fuera del plazo. Por ello, al igual que hizo su homóloga, ya ha pedido amparo al Justicia de Aragón. El Lugarteniente en funciones, Javier Hernández, ha admitido a trámite la queja y ha pedido al Departamento más información.

Este profesor asegura estar en una "situación límite" ya que al vivir a más de 1.000 kilómetros de distancia le "sería imposible acudir a una urgencia médica". Espera que la DGA rectifique pero si antes de Navidad no obtiene una respuesta satisfactoria, se plantea pedir una excedencia.

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