Aragón urge la reforma de la financiación autonómica tras caer cuatro puestos desde 2014
Desde la última revisión del sistema, pasa de ser la quinta a la novena comunidad con mejor balance. Los partidos aragoneses exigen ajustes para paliar los sobrecostes de la dispersión y el envejecimiento
Aragón ha pasado de ser la quinta con un mejor balance de pagos en la financiación autonómica al noveno puesto de la clasificación nacional desde 2014, año en el que se debería haber reformado el sistema. En este tiempo, ni el Gobierno central ni las comunidades se han puesto de acuerdo en una modificación que ya es "urgente" para los expertos, que consideran que la fórmula vigente está desactualizada, genera un reparto desequilibrado y es poco transparente. Por todo ello, las formaciones políticas aragonesas urgen cambios que compensen el sobrecoste de los servicios públicos en regiones con una elevada dispersión y una población más envejecida, donde su prestación es más cara.
La financiación autonómica es el sistema que utiliza el Estado para redistribuir los ingresos tributarios entre los distintos territorio. El régimen común –en el que están todas las comunidades salvo Navarra y País Vasco, con uno foral propio– dispone del dinero procedente de los impuestos compartidos (50% del IRPF, 50% del IVA y 58% de los especiales), los que están cedidos en su totalidad (como Sucesiones y Donaciones) y otras aportaciones.
Luego esas cuantías (124.292 millones este 2023) se reparten entre las comunidades con criterios de corrección, en su mayor parte a través del Fondo de Garantía, aunque también por otras vías. Pero no lo hace de forma homogénea, sino con una serie de correcciones que tratan de compensar a las autonomías con menor capacidad recaudatoria o con mayores de dificultades para prestar los servicios públicos, el verdadero destino final del dinero.
El problema, según apuntan los expertos, es que es muy complicado concretar cuánto cuesta prestar dichos servicios en una u otra comunidad, y que los criterios de reparto son poco claros. Como explica Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), "hace falta un sistema entendible y valorable, el actual es muy enrevesado". Y ante todo, critica que genera "un reparto muy desigual, con diferencias de hasta 25 puntos" entre territorios.
En concreto, según un estudio publicado hace unos días por esta entidad, la comunidad que más recibe del Estado respecto a su capacidad de recaudación tributaria es Cantabria, con un índice de 115 puntos (en el que 100 es el equilibrio), frente a los 90 de Murcia y los 92,1 de Valencia.
Según esta clasificación, que analiza los datos de 2021 –los últimos con la liquidación definitiva–, Aragón se encuentra ligeramente por encima de la media, con un índice de 101,6. Pero esta cifra no ha dejado de caer en los últimos años. En 2014, cuando se debería haber revisado el sistema –un lustro después de que el Gobierno socialista de Zapatero aprobara la última reforma–, la Comunidad alcanzaba los 106,7 puntos.
Coste de los servicios públicos
Los diputados aragoneses coinciden en sus reivindicaciones y en la necesidad de hacer frente común más allá de las siglas y de la mano de regiones similares. "Hace falta un sistema que dé más recursos y que contemple peculiaridades como la población envejecida o la extensión territorial, que encarece mucho los servicios", resume el senador del PP Eloy Suárez.
"Todo el mundo tiene derecho a vivir en su pueblo o ciudad con dignidad", añade el diputado nacional de Sumar Aragón, Jorge Pueyo, que defiende los mismos criterios. En la misma línea, Óscar Galeano, diputado autonómico del PSOE, recuerda que ofrecer servicio sanitario o educativo en pueblos y localidades dispersas tiene un sobrecoste.
La pasada legislatura, el Gobierno central impulsó los estudios técnicos para abordar la ansiada reforma. El documento, que fue remitido a las autonomías para su estudio y alegación, atendía las demandas de dispersión y envejecimiento, de tal forma que según Fedea, Extremadura y Aragón serían los territorios más beneficiados, al mejorar un 8,6% y un 7% respectivamente. Desde la Moncloa, no obstante, no dan por seguro que este vaya a ser el punto de partida que se llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La Moncloa prevé condonar deuda
En caso de que fructifique la negociación para la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE quiere aprovechar que se dan los dos principales ingredientes para abordar por fin la reforma del sistema de financiación autonómica. Por un lado, un escenario de recaudación tributaria al alza, que permite que en el nuevo reparto del pastel todos salgan ganando. Y por el otro, el inicio de una nueva legislatura, sin amenazas por las posiciones partidistas de cara a una cita electoral.
Además, permitiría dar respuesta a una de las demandas de los partidos independentistas catalanes, claves para la investidura, que piden la condonación de su deuda con el Estado, más de 70.000 millones de euros. Fuentes del Gobierno en funciones reconocen que, ya sea de forma total o parcial, la factura será perdonada.
En ese escenario, las autonomías más beneficiadas serían, lógicamente, las más endeudadas con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). No es el caso de Aragón, que además de tener menos préstamos en números globales, también tiene menos porcentaje en manos del ICO: el 54% frente al 84% de Cataluña, por poner solo un ejemplo.
Para el senador del PP Eloy Suárez este planteamiento "es la insolidaridad en su máximo exponente" y recuerda que "la factura la pagaríamos entre todos". Tampoco es optimista Óscar Galeano (PSOE), que advierte que esa condonación "tiene un coste".
Pero lo que podría parecer un problema para lograr un acuerdo, la Moncloa lo considera una baza. El PSOE cree que abordar ahora la reforma del sistema de financiación autonómica generaría más tensiones en el PP, que gobierna en 12 de las 15 comunidades del régimen común, y buena parte de ellas con intereses enfrentados.
Además, estiman que las rebajas del impuesto de Sucesiones y Donaciones que los conservadores están aplicando tras el 28-M, de la mano de Vox en muchos casos, está alterando el modelo fiscal, cuya revisión va de la mano de los cambios en la financiación. Todo ello se abordará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
