Aprobadas ayudas para los afectados por el incendio de Olba

El Gobierno central abre la vía para que los afectados puedan reclamar a Interior las subvenciones previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

El regreso a La García, una pedanía de San Agustín, confirmó que cuatro de sus seis casas han sido destruidas por el incendio.
El regreso a La García, una pedanía de San Agustín, confirmó que cuatro de sus seis casas han sido destruidas por el incendio.
Antonio García/Bykofoto

El Consejo de Ministros declaró este martes zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil los territorios de 13 comunidades autónomas, entre ellas Aragón, que sufrieron incendios, inundaciones y otras catástrofes de distinta naturaleza entre el 20 de agosto de 2022 y el pasado 8 de junio.

En Aragón se incluyen las zonas de Oliete, Olba y San Agustín, donde se quemaron 850 hectáreas de monte y varias viviendas resultaron destruidas. La declaración aprobada por el Gobierno central abre la vía para que los afectados por estas emergencias puedan reclamar a la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior las ayudas previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

En concreto, por la destrucción o por daños en enseres de primera necesidad podrán solicitar el coste íntegro, con un límite de 2.580 euros. En el caso de la destrucción total de la vivienda habitual se contempla «el coste de los daños, con un máximo de 15.120 euros», y a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios y turísticos, se les pagará hasta 9.224 euros.

Dada la amplitud del número de siniestros y las diferencias entre los mismos, desde el Ejecutivo central aseguran que todavía no es posible evaluar los daños producidos y el coste de las ayudas que se aprueben, aunque según las primeras estimaciones, el valor total de las que corresponden al Ministerio podría superar los 12 millones de euros.

Además de estas aportaciones, otros departamentos ministeriales estudiarán la aplicación de diferentes ayudas indirectas a los afectados por estas emergencias, entre las que se incluyen beneficios fiscales como la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas, que corresponden al Ministerio de Hacienda y Función Pública. También podrían acordarse bonificaciones y exenciones de cuotas de la Seguridad Social o ayudas a las corporaciones locales por un importe de hasta el 50% de los proyectos que ejecuten para reparar infraestructuras y equipamientos.

Y dentro de sus competencias, otros ministerios podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública o en el dominio público.

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