Cuatro afines a Aliaga llevan a la Justicia su destitución como presidente y las primarias
Piden la nulidad de los acuerdos por entender que la ejecutiva, de la que forman parte, está “en funciones” y el partido replica que seguirá adelante para llegar a las elecciones.
Nuevo frente judicial en el PAR. Cuatro miembros de la ejecutiva afines al líder depuesto, Arturo Aliaga, han llevado de nuevo al partido a los tribunales con el doble objetivo de anular la destitución del que fuera líder aragonesista hasta hace un mes y la convocatoria de las primarias. Su reclamación ha sido admitida a trámite y se fundamenta en que los acuerdos de la actual dirección, en la que se han quedado en minoría, excederían de sus competencias por entender que está “en funciones” tras la sentencia que anuló el congreso celebrado en otoño de 2021. “Su legitimidad está puesta en entredicho por una sentencia judicial”, afirman.
La interposición ha corrido a cargo de Javier Muñoz, una de las personas de máxima confianza del también vicepresidente aragonés, de su asesor en la DGA, Joaquín Peribáñez, del gerente que nombró en Turismo de Aragón, Ildefonso Salillas, y de la responsable provincial del PAR en Huesca, María Jesús Morera. En su escrito solicitan como medida cautelar la suspensión de los acuerdos, cuestión sobre la que se ha abierto una pieza separada y que no se resolverá hasta escuchar al partido. Para ello, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza, María Ángeles Callizo, ha fijado una vista el 28 de marzo, en la que escuchará los argumentos de las partes.
La demanda ha sido notificada este jueves al Partido Aragonés, cuyo nuevo presidente, el senador autonómico Clemente Sánchez-Garnica, ha asegurado que ya preveía esta “nueva maniobra” y ha subrayado que seguirán adelante para garantizar que el partido pueda presentarse a las elecciones del 28 de mayo. La formación aragonesista, al igual que la Fiscalía, tiene ahora 20 días hábiles para presentar su escrito de contestación.
Los cuatro afines a Aliaga sostienen en su impugnación que se ha vulnerado su derecho de asociación. Alegan que resulta “incuestionable” que la ejecutiva de la que forman parte se encuentra en funciones tras la sentencia que anuló el congreso, del que emanó la actual dirección, por mucho que esté recurrida. “Sus decisiones solo pueden circunscribirse a cuestiones de mero funcionamiento ordinario del partido, nunca otras que puedan afectar a cuestiones políticas o que supongan alteraciones en su organigrama de manera sustancial”, apuntan.
Representados por la presidenta del Consejo de la Abogacía Catalana y decana del Colegio de Reus, Encarna Orduna, los recurrentes destacan que el propio auto de ejecución provisional de la sentencia reconoce la condición temporal de la dirección del PAR, al señalar que dicha ejecutiva debe mantenerse en funciones, “aunque sea para el cumplimiento de la sentencia de forma provisional”.
Muñoz, Peribáñez, Salillas y Morera van más lejos y censuran que el nuevo líder aragonesista, al que no reconocen como tal, haya comunicado que va a erigirse como nuevo presidente del grupo parlamentario del PAR (cargo que va a asociado a su nueva condición orgánica). Y aunque desde la dirección se ha dejado claro públicamente que la crisis interna no va a afectar a los pactos, en la demanda se apunta que “claramente” puede afectar al acuerdo de gobierno con el PSOE “y con ello, la estabilidad política de la Comunidad”.
Por su parte, Sánchez-Garnica ha tachado de sorprendente la demanda si se tiene en cuenta que los cuatro compañeros que la suscriben “siempre han estado en contra de la judicialización del partido” y ha aclarado que va a seguir trabajando y “luchando por las siglas del PAR”. “Vamos a seguir preparándonos en las mejores condiciones para acudir a las elecciones”, ha aseverado.
El líder aragonesista ha llamado la atención sobre que los recurrentes, a excepción de Morera, ni siquiera han participado en las convocatorias de la ejecutiva para destituir a Aliaga y aprobar las primarias. “Tampoco han agotado las vías de reclamación interna que prevén los estatutos del partido”, ha reprochado.
Por último, Sánchez-Garnica ha enfatizado que por mucho que pretendan judicializar las discrepancias políticas, el partido va a garantizar los derechos de participación política. “Es un obstáculo, una piedra más en el camino, pero habría que preguntar dos cosas, si Aliaga está de acuerdo con esta demanda y quién la financia”, ha concluido.
