El Consejo Consultivo de Aragón acaba de ‘tumbar’ la orden con la que la Consejería de Ciudadanía busca mejorar y reforzar las prestaciones de la dependencia. El informe, que no es vinculante, incluye objeciones desde el punto de vista presupuestario al considerar que no está suficientemente acreditado el origen de los 21,5 millones con los que se debería sufragar la mejora de las prestaciones del sistema de autonomía y la atención a la dependencia. Desde el Gobierno de Aragón indicaron que están trabajando para "dar respuesta" a las cuestiones técnicas que se plantean en el documento. "La intención es sacar adelante la orden en el menor tiempo posible", sostienen. Aún compartiendo la necesidad de mejorar las prestaciones, el PP exige más transparencia.

La DGA solicitó un "dictamen urgente" del proyecto de la orden, que se empezó a tramitar a inicios del año pasado y que quiere tener listo en el primer trimestre de este año. En la norma reglamentaria, solo se valoran los fundamentos en Derecho pues la consejera "no pidió expresamente" que se valoren aspectos de oportunidad o conveniencia.

La nueva regulación incrementará las cuantías económicas de las prestaciones que perciben los aragoneses con menos recursos que tienen reconocida la dependencia, permitirá compatibilizar determinados servicios, dará cabida en el sistema de la dependencia a personas con grado I que viven en residencias y que, hasta ahora, no cobraban prestaciones, y eliminará el denominado "limbo" de la dependencia.

Durante la tramitación, ya se alertó de que la memoria económica presentada "resultaba insuficiente". "Se estima por parte del IASS un impacto anual de 21,5 millones, sin concretar la fuente de financiación del mismo, dado que no todas las medidas cuentan con financiación del Estado", alertaron desde la dirección general de Presupuestos. Aunque se remitió un informe adicional, el Consultivo insiste en que no se subsanan las dudas planeadas. En el ámbito formal, el informe denuncia que carece de la preceptiva evaluación sobre el impacto por razón de género.

La diputada del PP, Marian Orós, asegura que "la música de la orden le gusta", pero insiste en que se debe aclarar "cómo se financia, a quién va a llegar y cómo se gestiona". Dudas que comparten, a tenor del dictamen emitido, en el Consejo Consultivo. El PP defenderá esta tarde en el pleno una proposición no de Ley para instar al Gobierno de Aragón a presentar en las Cortes un informe previo a la aprobación de la disposición normativa por la que se modifica la orden del 24 de julio de 2013.

37.160 personas en el sistema

Aragón cerró 2022 con 37.160 personas dentro del sistema de dependencia, frente a las menos de 17.000 que había en 2015, con una reducción de las demoras. El año pasado entraron en el sistema 9.329 personas más.

Con esta nueva orden de prestaciones, que se pretende publicar a principios de 2023 y que será efectiva desde ese mismo momento, se eliminarán las esperas, al unificar la resolución de grado con el Programa Individual de Atención (PIA). 

Como adelantó HERALDO, cuando entre en vigor facilitará que el usuario pueda compatibilizar determinados servicios, como recibir una prestación económica de cuidados en el entorno con una ayuda a domicilio o esa misma prestación con la asistencia del usuario a programas de autonomía personal. Recogerá, además, la ampliación de los servicios gratuitos, la nueva regulación del asistente personal y la simplificación de los trámites. También se prevé ofrecer servicios de alojamiento temporal para apoyar a los cuidadores si con ello se consigue el mantenimiento de los dependientes en su entorno habitual. La duración máxima sería de 60 días.