Freno a nuevas granjas en un 12% de la cuenca del Ebro por la contaminación del agua con nitratos

La nueva Estrategia Nitrache endurece las medidas en las zonas con mayor concentración. La cabaña crece a un ritmo de 400.000 cerdos al año.

Superficies de aguas seleccionadas como prioritarias para la aplicación de medidas de control.
Superficies de aguas seleccionadas como prioritarias para la aplicación de medidas de control.
Heraldo.es

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) no autorizará usos de agua para nuevas granjas intensivas o la ampliación de las existentes en aquellas zonas con mayores concentraciones de nitratos por los purines que incumplen con la normativa europea, lo que supone el 12 % de la demarcación. La nueva Estrategia Nitrache endurece la lucha contra la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, motivo de una demanda de la UE contra España, y sobre la que el Gobierno aprobó un Real Decreto.

Y es que solo la cabaña de porcino pasó de 9,8 millones de cabezas en la demarcación del Ebro en 2009 a 14,2 millones en 2020. En los últimos cinco años el ritmo de crecimiento medio es de 400.000 cerdos por año.

Las comunidades de regantes, encargadas de tramitar los expedientes para la captación de agua, han mostrado su preocupación ante la nueva estrategia, que la CHE presentó en su Junta de Gobierno del 19 de diciembre de 2022 y que se aplica desde entonces, dando forma al nuevo entramado normativo. Se quejan de que decenas de proyectos están bloqueados.

Riegos del Alto Aragón abordó el problema en su asamblea general. Según esta comunidad, la estrategia de medidas complementarias para garantizar la calidad del agua, define el doble de zonas vulnerables, 61. Su aplicación, a efectos prácticos, supone que todas las explotaciones deban contar con un informe favorable de la CHE en cuando a su afección a las masas de agua. Y la consecuencia sería "la limitación y no construcción de nuevas explotaciones y ampliaciones de las existentes" en tres cuencas de la zona regable: el barranco de la Violada, el de la Valcuerna y el acuífero de los Sasos del Alcanadre, que comprenden municipios de las comarcas de Monegros o el Bajo Cinca, donde existe una gran concentración de granjas.

Solo la Comunidad de Riegos del Alto Aragón tiene en tramitación 79 expedientes de nuevas granjas y 37 de ampliación y calcula que la mitad están paralizados, al requerir un informe previo de la CHE. Fuentes de los regantes indicaron que algunos proyectos cuentan ya con el informe favorable del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), disponen del proyecto constructivo y en el peor de los casos se han iniciado las obras.

Riegos reconoce la necesidad de controlar los nitratos pero se queja de que no ha habido un periodo transitorio y de información pública, lo que ha pillado por sorpresa a algunos solicitantes que solo estaban a la espera del permiso de captación de agua y que probablemente no lo conseguirán.

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Multa de la UE a España

La estrategia Nitrache responde al retraso de España en aplicar la Directiva 91/676/CEE que estableció el objetivo de que las aguas de la Unión Europea no alcanzasen un contenido de nitratos mayor de 50 mg/l. Pasados 31 años, afirma la CHE, aún sigue siendo necesario aumentar los esfuerzos. De hecho, en noviembre, la Comisión Europea interpuso una demanda contra España por incumplirla, entre otras razones por la falta de "medidas adicionales o acciones reforzadas" en los territorios con tendencias al alza, entre ellos Aragón.

Según explica la CHE, entre sus competencias en cuanto a la instalación de granjas están la concesión de agua, la autorización de obras en zona de policía de cauces y la emisión de informe en los procedimientos de evaluación ambiental. Por el momento, no se ha denegado ningún derecho a la toma de agua o a la ejecución de obras, aunque sí se han emitido informes desfavorable ante el Inaga si la actuación era contraria a la Estrategia Nitrache.

Hasta la aprobación del nuevo Real Decreto estaba en vigor uno de 1996 que trasponía la normativa europea. El de 2022 obliga a realizar más mediciones, reduce las concentraciones, solicita informes de los organismos de cuenca en los planes de Zonas Vulnerables declaradas por las comunidades autónomas y plantea medidas adicionales y acciones reforzadas.

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