Declaran al Gobierno de Aragón como posible responsable civil subsidiario del incendio de Ateca
Un auto de la juez del Juzgado de Calatayud, que instruye la causa todavía pendiente de sentencia, considera que no adoptó las "medidas de prevención efectivas y suficientes" para evitar el fuego que arrasó 14.000 hectáreas. Le mantiene también como parte perjudicada.
La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº2 de Calatayud que dirige la instrucción penal sobre el incendio declarado el 18 de julio del año pasado entre Ateca y Bubierca que arrasó cerca de 14.000 hectáreas de 11 localidades de la comarca bilbilitana ha dictado un auto en el que declara al Gobierno de Aragón como posible "responsable civil subsidiario" en la causa abierta, a la espera de sentencia. Al mismo tiempo, se le mantiene la condición de perjudicado.
En el auto también se especifica que contra la resolución tiene cabida recurso de reforma o de apelación ante el mismo juzgado. Fuentes del Gobierno de Aragón confirman que sí se presentarán alegaciones a esta decisión de la magistrada, a la que se opuso el Ministerio Fiscal.
En el documento, al que ha tenido acceso HERALDO, se achaca esta decisión al considerar que la DGA no adoptó "medidas de prevención efectivas y suficientes por parte de sus funcionarios y personal dependiente en el ejercicio de sus cargos". En este sentido, argumenta que el Ejecutivo autonómico "se limitó a enviar a la entidad investigada Land Life, el 21 de junio, un correo electrónico que contenía unas recomendaciones a seguir en la ejecución de los trabajos forestales".
"En ningún momento posterior a dicha fecha se efectuó nueva comunicación o envío de recomendaciones, controles o la adopción de cualquier otra medida preventiva o de supervisión", se subraya en el escrito, especificando que el fuego se inició casi un mes después. De la misma forma, ahonda en que la adopción de medidas preventivas por parte de la DGA fue "insuficiente, teniendo en cuenta el elevado nivel de alarma existente por el riesgo de incendio, la alta probabilidad de ignición y las condiciones climatológicas y del terreno".
A su vez, incide en que "debe tenerse en cuenta que otras comunidades autónomas próximas a Aragón, como Castilla La-Mancha o La Rioja, adoptaron directamente medidas de prohibición de ejecución de trabajos forestales en esas fechas". Por eso considera que las limítrofes "ejercieron acciones directas de prevención y control, propias de su función como Administración Pública y garante del bienestar forestal y de la población, de conformidad con la normativa estatal y autonómica aplicable, a diferencia de la DGA, que no adoptó prohibición alguna".
De la misma manera, mantiene la condición de perjudicado al Gobierno de Aragón al considerar que aunque pueda resultar responsable civil subsidiario "por la gestión llevada de sus funcionarios" también se debe tener en cuenta como dañada "en cuanto a sus intereses, de forma que puede ejercitar la acción penal frente a los investigados en la causa". Por lo tanto no cree que sea incompatible "la doble condición en el presente procedimiento penal".
En la causa ya se tomó declaración a tres trabajadores de la empresa que promovía los trabajos de reforestación (Land Life) y dos de la contrata que ejecutaba las labores (Campos Rey).
Respuesta del Ejecutivo
Desde el Gobierno de Aragón insisten en que la causa todavía está en fase de instrucción y, aunque reconocen que pasan a figurar no solo como perjudicados, sino también como posibles responsables civiles, discrepan por completo de esta decisión y subrayan que se van a defender. "Es una iniciativa de la empresa causante del incendio para intentar eludir su responsabilidad con el inicio del fuego y traspasarla al Ejecutivo autonómico", señalan.
