Las Cortes de Aragón exigen al Gobierno central que dé marcha atrás en el recorte de paradas de bus
Todos los grupos respaldan sendas iniciativas de PP y Ciudadanos para que Transportes "rectifique· las nuevas concesiones.
Las Cortes de Aragón exigieron este miércoles de forma unánime al Gobierno central que dé marcha atrás en sus planes de recortar las paradas de bus en las líneas estatales, ya que con el nuevo mapa concesional diseñado por el Ministerio de Transportes los autobuses pasarán de largo por 151 pueblos que ahora sí tienen servicio, lo que afectará a 134.502 vecinos.
Los grupos parlamentarios dejaron aparcadas sus diferencias y en la comisión de Vertebración del Territorio aprobaron sendas iniciativas del PP y de Ciudadanos para reclamar una "rectificación" en las nuevas concesiones que se pretenden licitar en dos años. Su diseño pasa por limitar el servicio a los buses de largo recorrido que unan autonomías, de modo que solo pararán en las tres capitales y en 16 localidades de Aragón. De este modo, los afectados estarán obligados a hacer transbordos en los autocares autonómicos.
El diputado popular Joaquín Juste lamentó la "absoluta incoherencia" del Gobierno central, ya que por una parte aprueba un plan con 130 medidas para luchar contra la despoblación, entre ellas el mantenimiento del transporte público, y por otra supriman los servicios. Además, criticó el "nuevo agravio" que supondrá para Aragón garantizar el servicio de bus en todos los núcleos de más de diez habitantes, aunque no sea de largo recorrido. "Están en peligro 1.650 tráficos directos con el nuevo mapa concesional estatal y los habitantes de esos 151 pueblos tendrán que coger un bus autonómico para enlazar con los que ahora sí paran para viajar a otros territorios", criticó.
En la misma línea, el parlamentario liberal Carlos Ortas puntualizó que con la reorganización se pasará de 79 a 22 corredores de autobús en Aragón. "Esto provocará una pérdida en las conexiones interautonómicas e intrautonómicas y obligará a la DGA a un esfuerzo económico extra de dos millones", apuntó.
El socialista Enrique Pueyo matizó que el nuevo diseño concesional presentado a los directores generales de transporte es un "primer avance" y subrayó que las localidades finalmente afectadas tendrán cobertura con las nuevas concesiones en licitación por la DGA. No obstante, estarán igualmente condenados a hacer transbordos para acudir a los 19 municipios en los que solo pararán los buses estatales.
Marta Prades (Podemos) no solo se posicionó en contra, sino que reclamó incrementar el servicio y Joaquín Palacín (CHA) contrapuso el recorte con la ampliación de servicios que ha lanzado la DGA y exigió una compensación al Ministerio. Mientras, Santiago Morón (Vox) lamentó que el Ejecutivo autonómico debe dar cobertura a los 151 municipios afectados y Esther Peyrat (PAR) subrayó que no estaban dispuestos a un recorte de servicios.
Por otra parte, la comisión de Vertebración aprobó una proposición no de ley del PP para instar a la DGA a desarrollar y ejecutar medidas de apoyo a la empresas de transporte de viajeros "que les permita superar la grave crisis de costes que están sufriendo". La propuesta salió adelante con la abstención de Vox y los grupos que sustentan al Gobierno -PSOE, Podemos, CHA y PAR- presentando una enmienda que fue transaccionada.
