El Supremo anula la operación urbanística de Sallent para saldar su deuda millonaria
El Ayuntamiento acordó una dación en pago con suelo junto a Formigal para 66 pisos libres. La sentencia reprocha al Inaga que pese al riesgo geotécnico avalara su tramitación simplificada, que
se deberá corregir.
El Tribunal Supremo acaba de anular la operación urbanística que impulsó hace cuatro años el Ayuntamiento de Sallent de Gállego para saldar su deuda millonaria. Un grupo de propietarios de Formigal, agrupados en la Asociación para la Defensa de la Naturaleza, llevó hasta el final su rechazo a la construcción de 66 viviendas junto a la urbanización, en el entorno conocido como Las Grechas, y les han dado parcialmente la razón.
El equipo municipal liderado por el popular Jesús Gericó tendrá ahora que iniciar de nuevo la tramitación ambiental de la denominada UE-1, algo más de 11.000 metros cuadrados de suelo urbanizable que utilizó como dación en pago en 2019 para acabar de saldar la abultada deuda de su sociedad municipal Sallent 2025. En concreto, 6,6 millones que aún debía, fundamentalmente, por la construcción del balneario que se arrastraba desde la época socialista.
Dicha asociación se opuso a la modificación aislada número 13 del Plan General de Sallent, por el que se desgajó Las Grechas de la macrooperación urbanística del Estacho, que incluye hasta 560 viviendas, al entender que solo facilita una "especulación pura y dura" que vulnera la propia Constitución, se salta la jerarquía normativa y hasta el reglamento vigente para la valoración de los terrenos públicos. Además, aseguran que la enajenación se tramita sin haberse aprobado de forma definitiva la modificación puntual del Plan General.
El Tribunal Supremo no entra en el fondo y se limita a cuestionar la "dejación" de potestades del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), hasta el punto de anular la aprobación definitiva de la UE-1.
La sentencia, comunicada el pasado jueves, concluye que "no es admisible" que el desarrollo de viviendas en terrenos "con riesgos naturales" geotécnicos se pueda tramitar con una evaluación ambiental simplificada y no ordinaria, tal y como requiere la normativa, por lo que enmienda la resolución que hizo el Inaga en 2017. "Se pretenden minimizar los riesgos por el hecho de que existe zona construida y es colindante a zona urbana, lo cual no parece excluir una evaluación ambiental estratégica para determinar el alcance de dichos riesgos", apunta.
No se queda ahí, ya que el Alto Tribunal reprocha la "dejación de potestades" del Inaga por condicionar la ejecución a un estudio de detalle de los riesgos geotécnicos en el entorno. "Se imponen condiciones a la modificación que dejan de serlo para convertirse en potestad discrecional del órgano sustantivo porque deberá éste decidir adaptar los desarrollos, incluso con limitaciones, lo cual deja fuera la solución de excluir la aprobación por los efectos del desarrollo de la UE-1", censura.
Al mismo tiempo, rechaza que la operación requiera un informe de sostenibilidad económica, dado que al tratarse de una modificación aislada no comporta la instalación de servicios que no estuvieran ya prevista en el PGOU.
El alcalde ha restado importancia a la sentencia y niega que se pueda calificar de "varapalo" para el Ayuntamiento, dado que el Supremo no entra en el fondo y se "queda en la forma" al exigir una tramitación ambiental ordinaria y no simplificada que decidió, en todo caso, el Inaga. Además, ha recordado que la sentencia anula la aprobación definitiva acordada por la comisión provincial de Urbanismo, dependiente de la DGA.
Jesús Gericó ha apuntado que ya ha hablado con el Ejecutivo autonómico, con el que retomará el expediente en septiembre, para presentar una evaluación ambiental estratégica y lograr así una nueva aprobación definitiva antes de las elecciones de mayo de 2023. "Los perjudicados somos nosotros y hay que recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ya entró en el fondo y lo avaló", ha remarcado.
El regidor popular ha relativizado el impacto de la sentencia, sostiene que "no hay que llevarse las manos a la cabeza" y asegura que ya se está hablando con los abogados de los antiguos acreedores para evitar males mayores. En este sentido, apuntó que la anulación de la modificación del Plan General bloqueará solo por unos meses la operación, por lo que confió en mantener la dación en pago acordada en 2019.
Además, considera que al decaer la modificación número 13 del PGOU vuelve a ser urbanizable todo el suelo del Estacho, lo que revaloriza el patrimonio municipal de suelo. Expertos urbanistas consultados estimaron esta interpretación excesiva y, en todo caso, los problemas geológicos que obligaron a parar las obras hace más de una década siguen existiendo.
