entrevista
Joaquín Olona: "Tengo serias dudas de que los incendios se resuelvan prohibiendo"
El consejero avisa de que tenemos que aprender a "convivir con los incendios" y anuncia ayudas directas a los agricultores profesionales por los frutales calcinados en Moros.
¿Está Aragón en una situación crítica en riesgo de incendios?
No en una situación permanentemente crítica, pero sí hemos tenido momentos críticos.
Han ardido 20.000 hectáreas en la Comunidad este año y 180.000 en España. ¿Por qué aumenta el peligro? ¿Nos tendremos que acostumbrar a convivir con ello?
Pretender que no haya incendios es imposible. Nos puede llevar a cometer errores aún más grandes. Tenemos que aprender a convivir con los incendios y a minimizar los riesgos. Cada vez van a afectar más a la población. Eso es lo que nos debe preocupar y ocupar.
¿Cómo se puede proteger a las poblaciones?
Primero, siendo conscientes de que ya no se pueden gestionar los incendios como hace cuarenta años porque no es una cuestión solo forestal, sino que inciden otras políticas como la agraria, el desarrollo rural, las infraestructuras, la educación, el ocio… Y cuanta más gente hay disfrutando del medio natural, mayor riesgo existe de incendios.
¿Se podría limitar el acceso a los espacios naturales en situaciones de riesgo? Cataluña lo hace.
En una situación crítica estaría justificado. Pero si hubiera que tomarlo con carácter general y de manera preventiva, tengo serias dudas. Me preocupan esos planteamientos simplistas de que en función de lo que ha ocurrido hoy prohibo para mañana. Podemos entrar en una cadena que nos lleve a presupuestos infinitos que son imposibles y a unas limitaciones que nos impidan hacer la gestión forestal que se necesita.
¿Es conveniente permitir trabajos de reforestación cuando hay alerta roja de incendios?
Es una cuestión muy compleja. Y podemos cometer gravísimos errores. Para prohibir hay que tener un marco jurídico apropiado. ¿Qué pasa si prohibimos cosechar y las circunstancias permanecen? ¿No cosechamos en todo el año?
En Navarra aprobaron una orden foral. ¿Podría hacerlo la DGA?
Cada comunidad hace lo que considera oportuno. Tengo serias dudas de que esto se resuelva prohibiendo. Estamos apostando por apelar a la responsabilidad. Causar un incendio, incluso de manera accidental, está tipificado por el código penal.
Land Life, que trabajaba donde se inició el fuego, había provocado un conato en junio. Le recomendaron parar, pero siguió adelante.
Se le advirtió de manera formal y concreta. Es verdad que no hizo caso, y esa es la causa por la que considero que se debe poner en manos de la Fiscalía.
¿Que contraindicación hay para no prohibir estos trabajos si hay alto riesgo de fuegos?
Si establecemos prohibiciones damos pie a la reclamación de daños patrimoniales contra el erario público. Es una cuestión concreta. Y se puede caer en cierto riesgo de arbitrariedad: ¿Por qué se prohíbe una cosa y no otra? No sería una estrategia muy rigurosa y seria, sino oportunista, y debemos evitarlo. No digo que me niegue a cualquier tipo de prohibición. Lo que estoy diciendo es que en todo caso habrá que regularlo y se tendrá que fundamentar en un análisis serio y muy prudente.
¿Va a modificar la DGA la normativa para que los trabajos de reforestación atemporales se paralicen si hay peligro?
Seguramente estemos abocados a afrontar una regulación, pero no puede ser consecuencia de decisiones puntuales, improvisadas, porque eso al final es una improvisación y puede tener efectos contrarios a lo que esperamos.
¿Va a iniciar el diálogo con los grupos políticos y agricultores para impulsar modificaciones?
Ese no es el camino. Tenemos que empezar por replantear la política forestal. La mayor parte de los montes y bosques son fruto de la repoblación forestal intensiva que se hizo entre los años 50 y 70 y tenemos masas forestales cuyo mantenimiento no se completó. Tenemos que abordar como clave de la prevención el aprovechamiento forestal, incluso con sentido económico. Hay una oportunidad con la demanda que hay de biomasa. Si no somos capaces de extraerla de forma racional y sostenible se nos acabará quemando en el monte, y con graves riesgos para la población. Hemos acumulado un volumen de combustible que es una bomba en potencia.
¿Cómo propone aprovecharla?
Es imprescindible recuperar un sector forestal empresarial que prácticamente ha desaparecido en Aragón. Es imposible que la Administración aborde sola este problema. Hablamos de colaboración público-privada, y eso pasa por multiplicar las concesiones forestales de montes, que en una gran parte son municipales.
Aunque en ocasiones se criminaliza a los agricultores por los incendios, suelen ser los primeros en preparar cortafuegos.
Las prohibiciones a quien más les va a complicar la vida es a los que están en el territorio. Es peligrosísimo hacer regulaciones desde la mesa de un despacho.
¿Descarta, por tanto, impulsar una regulación esta legislatura?
Este enfoque no es para desarrollarlo en unos pocos meses al final de la legislatura. No quiere decir que no podamos tomar determinadas decisiones en función de los acontecimientos. Si hay una situación crítica, como se produjo en Navarra, tomaremos las decisiones que haya que tomar.
¿Con dos grandes incendios al mismo tiempo actuarían?
Sí. Hasta podríamos confinar a parte de la población. Por encima de asegurar la vida de las personas no hay nada.
¿Ha mantenido alguna conversación con Land Life desde que empezó el incendio de Ateca?
No. La Administración está recabando toda la información para personarse como acusación particular. Llegaremos hasta donde se tenga que llegar en defensa de los intereses que tenemos que proteger, porque ha habido advertencias que no se han seguido y para indicar que estas advertencias que voy a seguir haciendo ni son triviales ni gratuitas.
En un solo día, el fuego afectó a 14.000 hectáreas. ¿Fueron suficientes los efectivos destinados o se vieron limitados por los incendios en el resto del país?
Cuantos más medios tienes, mejor. En este incendio se puede justificar que los medios han sido suficientes, razonables.
¿Tienen alguna estimación de cuales serán los daños?
No. Hasta que no esté extinguido no está resuelto. Está controlado. No hay una situación de peligro crítica, pero mantenemos los recursos necesarios para hacer frente a los rebrotes que se producen.
¿Cómo ayudará la DGA a los afectados?
No vamos a esperar a cuantificar los daños para poner en marcha ayudas para que los agricultores puedan continuar con su actividad. Son plantaciones frutales y no es un daño anual. Supone invertir en nueva plantación y esperar tres o cuatro años hasta que empiece a producir. Pondremos el foco en los agricultores y ganaderos profesionales, en aquellos que se han quedado sin su medio de vida y su economía familiar depende de la actividad que no pueden desarrollar. El epicentro es Moros, pero varios agricultores son de otros municipios como Villalengua.
¿Cuándo estará lista la orden que regulará las ayudas?
Es imposible poner una fecha. Ayer (por el lunes) me pidieron urgencia. Hablamos de ayudas directas, y eso tiene que tener un marco jurídico que debemos desarrollar. El compromiso es hacerlo con la máxima celeridad y urgencia, pero no hablamos de días.
¿Cuál será la cuantía y de dónde saldrá?
Saldrá de los fondos propios de la DGA. Eso no quiere decir que renunciemos, que no lo hacemos, a que la Administración General también colabore. Ese es el propósito de la declaración de zona catastrófica.
Mariló Val, agente forestal, le recordó a Pedro Sánchez que se juegan la vida en cada incendio. ¿Comprende su frustración?
No es momento para protagonismos. No estamos para promocionar a ningún colectivo. Esto es mucho más ambicioso, serio y trascendente. Respeto las reivindicaciones laborales, pero no es el momento. No deben perturbar el objetivo principal que es proteger los montes y a los ciudadanos.
Los agentes forestales dicen que la organización no se adecua al riesgo de incendio. ¿Van a modificarla?
Es un tema en el que se está trabajando desde hace meses.
El PP acusa a la DGA de que la Comunidad está a la cola de inversiones por hectárea. ¿Es así?
Ese indicador será así, pero me parece muy poco serio y peligroso. Lo entiendo dentro del debate político, pero me preocupa la falta de rigor y seriedad. Cuando llegué a esta consejería el operativo de Sarga tenía 11 millones de presupuesto; ahora son 25 millones.
En el incendio de Ateca, ¿hubo algún momento crítico para la población?
La evacuación de la población se hizo con garantías. Hubo situaciones muy complicadas. En Ateca y Bubierca, los medios se tuvieron que emplear a fondo para defenderlas. En Ateca, donde viven 2.000 habitantes, el alcalde hizo un bando y la gente salió de manera ordenada, responsable y voluntaria. El comportamiento ciudadano ha sido ejemplar. Eso requiere que desde el ámbito político seamos respetuosos. Ellos son los que se juegan su casa y su seguridad física. Eso nos debería hacer reflexionar.
¿Cómo están de ánimo los alcaldes afectados?
Me parece encomiable y ejemplar el ánimo y la actitud que tienen, pero hay motivos para que estén apesadumbrados. A mí me ha emocionado el cariño con el que se dirigen a sus vecinos y a los mayores.
