Broto pide que las personas sin título puedan trabajar en las residencias más allá de 2023

La consejera defiende la gestión de la séptima ola, pero desde la oposición aseguran que se ha actuado "tarde y mal".

Broto (derecha), ayer en las Cortes con la diputada popular Marian Orós.
Broto (derecha), ayer en las Cortes con la diputada popular Marian Orós.
Cortes de Aragón

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, incidió ayer en la necesidad de que las personas sin titulación que han sido habilitadas de forma provisional -unas 1.700 en total- puedan seguir trabajando en las residencias más allá de 2023, una petición que ya ha trasladado al Consejo Interterritorial. La crudeza de la séptima ola, que deja 190 brotes activos y 3.800 contagiados, según los últimos datos del Gobierno de Aragón, ha obligado a volver a recurrir a esta fórmula ante el alto número de bajas entre el personal.

La propia consejera reconoció en las Cortes que estos últimos meses han sido "duros" tanto para las residencias como para el propio Departamento. "Ha habido una situación muy complicada. Durante las Navidades, los familiares querían entrar a ver a los usuarios o sacarles para que pasaran con ellos unos días", aseveró. Y pese a admitir que "no se esperaba" semejante repunte, defendió que las medidas adoptadas han sido "concretas, aplicables y eficientes". "Las instrucciones han obedecido siempre a la situación que se vivía en cada momento, manteniendo el equilibrio entre el control de los contagios y el bienestar emocional", agregó. Recordó, asimismo, que para atajar la crisis sanitaria se ha entregado material de protección por valor de tres millones de euros y se han repartido 50.000 test de antígenos.

Sus palabras, sin embargo, no convencieron a los principales partidos de la oposición. El PP acusó al Ejecutivo autonómico de haber actuado "tarde y mal", y Ciudadanos también cree que "no se ha sabido reaccionar a tiempo".

En esta línea, Vox alertó de la "importante carencia de financiación" que viven los centros privados y la "sobrecarga" que sufre el personal, e IU advirtió de las "contradicciones" entre los protocolos que se aplican actualmente en las residencias y los que rigen para el resto de la sociedad.

Para el PP, Broto "no ha sabido liderar ni ejecutar las medidas que correspondían a su Departamento". "Ha sido incapaz de exigir a Sanidad que pusiera a las residencias entre sus prioridades", afirmó la popular Marian Orós. Por su parte, Loreto Camañes, de Cs, ve "inadmisible" que dos años después no se haya estado "a la altura de las circunstancias". "¿Por qué no fueron previsores y mantuvieron actualizadas las bolsas para cubrir las bajas?", preguntó.

También se habló del nuevo modelo residencial, una cuestión, en la que, según Broto, se sigue trabajando en paralelo a la gestión de la séptima ola. El problema, según David Arranz, de Vox, es que "los buenos propósitos, si no se materializan, sirven de poco".

Para IU, este es un debate que requiere de soluciones "urgentes, contundentes y estructurales". "Y tenemos una hoja de ruta, que es el dictamen de la comisión especial", recordó Álvaro Sanz.

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